En los últimos días, el Ayuntamiento de La Coruña ha dado pasos importantes para modernizar diversos aspectos de la ciudad, en línea con su compromiso de fomentar un entorno más sostenible, seguro y equitativo.

Entre las principales medidas destaca la aprobación definitiva de una ordenanza de movilidad sostenible, que unifica y actualiza regulaciones anteriores, adaptándolas a la realidad actual del municipio.

A partir de las próximas semanas, La Coruña contará con un marco normativo que prioriza una movilidad más equilibrada y respetuosa con los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

La concejala de Infraestruturas y Mobilidade, Noemí Díaz, afirmó que el objetivo es promover una cultura de movilidad centrada en las personas, fomentando un reparto más justo del espacio público y fortaleciendo el uso de la bicicleta y el transporte colectivo como alternativas sostenibles.

La nueva ordenanza, que incluye 192 artículos, fue sometida a un proceso de participación pública en junio, recibiendo 33 aportaciones que ayudaron a perfeccionarla.

Entre los aspectos regulados, destaca la adaptación de las velocidades permitidas para bicicletas y Vehículos de Movilidad Personal (VMP), además de sancionar conductas peligrosas, como adelantar sin la suficiente distancia de seguridad o circular en contra del sentido permitido.

Por otro lado, se han establecido normativas específicas para el transporte público urbano. A partir de ahora, está prohibido subir a autobuses con patinetes o similares, con el fin de garantizar la seguridad de todos los pasajeros. La ordenanza también busca garantizar la igualdad de espacios y prevenir conductas incívicas, reforzando la jerarquía en la movilidad y estableciendo sanciones en caso de incumplimiento.

Otra de las novedades lebih relevantes para la ciudad ha sido la aprobación de la primera ordenanza en la historia de La Coruña para regular el uso de las playas durante todo el año.

La edil de Medio Ambiente, Yoya Neira, explicó que esta normativa permitirá gestionar de forma racional y sostenible los arenales municipales, facilitando la inclusión de zonas específicas para perros y delimitando las temporadas de acceso restringido, en función de la protección ambiental y la conservación.

Hasta ahora, la regulación del uso de las playas dependía de normativas dispersas y sectoriales, pero con esta ordenanza se establece un marco unificado.

Esto facilitará, por ejemplo, la identificación de playas caninas como Bens o la posible inclusión futura de otras zonas de esparcimiento para perros, como Las Amorosas y San Roque.

Asimismo, se mantiene la prohibición de acceso a las playas urbanas para perros durante los meses de junio a septiembre, coincidiendo con la temporada de mayor afluencia, con el fin de preservar la calidad del agua y el bienestar de los bañistas.

La regulación también contempla la gestión de las banderas de advertencia en el mar, penalizando a quienes naden o abandonen el baño tras izar la bandera roja, considerada infracción grave.

En materia de apoyo a la economía local, el Pleno también ha aprobado una modificación de la Ordenanza fiscal nº 46, que regula los precios por el uso de las instalaciones de los centros municipales de empresas en La Coruña.

La medida incluye nuevas tarifas para quienes desarrollan proyectos en preincubación en los viveros de Agrela y Papagaio, facilitando su consolidación mediante tarifas exentas o bonificadas por períodos iniciales.

Las tasas más económicas en estos centros comienzan desde 55 euros mensuales en el vivero de Papagaio y 74 euros en la Germic. Estas medidas buscan incentivar la creación y crecimiento de nuevos negocios en la ciudad, apoyando a los emprendedores en sus fases iniciales y fomentando la innovación local.

Por último, en el ámbito social, el Ayuntamiento de La Coruña ha expresado su compromiso con la protección de los profesionales que trabajan en los servicios sociales y de cuidados.

En el Pleno de septiembre se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género y se leyó una declaración institucional condenando las agresiones a estos trabajadores, cuya labor resulta fundamental para atender a colectivos vulnerables.

La alcaldesa, Inés Rey, resaltó que estos profesionales, en su mayoría mujeres, enfrentan diariamente peligros y agresiones, muchas veces en un contexto de invisibilidad por la falta de registros unificados.

La administración local reafirmó su apoyo y solidarizad, demandando medidas más firmes para proteger a quienes dedican su vida a cuidar de la ciudadanía más vulnerable, en un esfuerzo por construir una ciudad más segura y respetuosa para todos.