La Coruña, Galicia – El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva fase dentro del plan de ordenación de concesiones municipales, un marco estratégico para garantizar la gestión adecuada de bienes y servicios públicos.

En esa línea se ha dado un paso decisivo al declarar la caducidad de la concesión administrativa adjudicada a principios de los años noventa a la empresa Aparcamientos REO, que se encarga de la explotación de cuatro aparcamientos municipales: María Pita, Mestre Mateo, San Cristovo y Plaza de Galicia.

El objetivo es revisar de forma exhaustiva las condiciones de explotación y, si procede, abrir la puerta a nuevas licitaciones que aseguren inversión y mejoras en la operación y en la calidad del servicio para los ciudadanos.

La alcaldesa Inés Rey explicó que la decisión fue adoptada por la Junta de Gobierno Local tras evaluar informes técnicos que señalan incumplimientos graves y persistentes en la gestión de esos aparcamientos.

Según esas valoraciones, REO no habría cumplido con obligaciones esenciales recogidas en los contratos que regían el uso y la conservación de los inmuebles, lo que justifica la apertura de un proceso de caducidad.

Entre las irregularidades mencionadas figuran deficiencias en la explotación, retrasos en mantenimientos y discrepancias en el pago de cánones, pese a que la empresa sostiene que fueron las comunidades de cesionarios las que continuaron abonando las tasas durante muchos años.

Añade que se realizaron reparaciones exigidas por el Ayuntamiento, pero que no se notificaron adecuadamente las incidencias ni se adoptaron medidas correctoras en los plazos previstos.

Rey subrayó que existen escritos documentados desde hace años con quejas de las propias comunidades de usuarios. Como ejemplo, la comunidad de usuarios del aparcamiento de María Pita remitió protestas en 2014 y 2016 solicitando la caducidad de la concesión por incumplimientos de REO, empresa que, según el marco de la operación, obtuvo estos cuatro aparcamientos a finales de la década de los noventa y podría perder la explotación a finales de 2036 si no se renegocian condiciones.

La alcaldesa afirmó que si en el pasado hubo gobiernos municipales que no actuaron como correspondía, la postura del ayuntamiento es firme: exigir a las concesionarias que cumplan con los contratos formalizados.

Si no lo hacen, se usarán todas las herramientas jurídicas disponibles para revertir la situación y recuperar las concesiones, en una lógica de defensa del interés general y de la correcta gestión de los pagos y servicios.

La aprobación de la caducidad en la Junta de Gobierno se produjo al mismo tiempo que la solicitud del dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Galicia.

La intención del gobierno municipal es avanzar cuanto antes para licitar de nuevo esas concesiones, buscando condiciones más transparentes y competitivas que permitan una operación más eficiente y una mejora en la experiencia de usuarios.

Este movimiento forma parte de un plan histórico para ordenar y modernizar la gestión de servicios municipales en La Coruña. La ciudad ha enfrentado durante años debates sobre la eficiencia, la adecuación de infraestructuras y la necesidad de actualizar contratos para responder a demandas y normas contemporáneas de transparencia y control público.

En el marco de la normativa vigente, la caducidad de una concesión facilita al municipio recuperar la titularidad de la explotación y proceder a nuevas licitaciones bajo criterios de competencia, sostenibilidad y servicio al usuario.

De cara al futuro, el Ayuntamiento prevé mantener un proceso de seguimiento, con participación de las comunidades de usuarios y criterios de evaluación que prioricen la seguridad, el mantenimiento y la mejora de servicios en el entorno de estos aparcamientos.