En la ciudad de La Coruña, situada en la región de Galicia en el noroeste de España, se ha dado un paso importante hacia la mayor transparencia en la gestión de los bienes públicos municipales.

La alcaldesa Inés Rey anunció recientemente la aprobación de una instrucción específica destinada a regular y promover la publicación sistemática de las concesiones municipales que, por primera vez en la historia de la ciudad, podrán consultarse públicamente a través de un registro actualizado.

Esta iniciativa responde a la necesidad de ordenar y clarificar la situación del patrimonio gestionado por el Ayuntamiento, que cuenta en total con aproximadamente 170 concesiones, según explicó la propia alcaldesa.

De estas, la mayoría generan actividad económica y, en algunos casos, su gestión permite obtener recursos para financiar diversos servicios públicos.

Así mismo, existen cesiones gratuitas destinadas a organizaciones sociales, con más de 30 de estas, reflejando el compromiso del consistorio con la colaboración social y el bienestar colectivo.

Antes de esta medida, la información sobre las concesiones municipales se encontraba dispersa y, en muchos casos, desactualizada, lo que dificultaba el seguimiento y control por parte de la administración y, especialmente, por la ciudadanía interesada.

La nueva instrucción establece que cada concesión deberá actualizar su información de manera anual, y además, se hará pública en un registro accesible para todos los interesados, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana.

El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, destacó que esta iniciativa es fundamental para mejorar la gestión del patrimonio municipal.

Hasta ahora, las concesiones se encontraban en archivos dispersos y, en ocasiones, las empresas concesionarias cambiaban de manos sin que ello estuviera reflejado en los registros oficiales.

La obligación de mantener una base de datos actualizada permitirá también al Ayuntamiento ejercer un control más eficaz, asegurando el cumplimiento de las condiciones contractuales y normativas.

Los concesionarios, por su parte, deberán aportar información detallada sobre el estado de los bienes y las obligaciones económicas pendientes, con un plazo máximo hasta el 1 de enero de 2026 para ponerse al día.

En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá proceder a la rescisión y a la convocatoria de nuevas licitaciones.

Respecto a los bienes que generan mayor actividad, aproximadamente el 61 % de las concesiones —unas 104 en total— están en activo y son responsables de servicios y recursos que impactan directamente en la economía local.

Entre estas se encuentran quioscos, establecimientos hosteleros, instalaciones deportivas, inmuebles, comercios, gasolineras y aparcamientos en zonas estratégicas como Riazor, Pontevedra y la Plaza de Galicia.

La mayor parte de estas concesiones, alrededor del 43 %, corresponden a aparcamientos, un recurso muy valorado por residentes y visitantes.

De las concesiones en actividad, unos 68 están todavía en vigor bajo adjudicación vigente, pero en los próximos años, un total de 19 saldrán a licitación para rejuvenecer la oferta y mejorar la gestión.

Estas incluirán instalaciones deportivas como el polideportivo de San Diego, el área del Castrillón o el campo de golf de la Ciudad Deportiva de Torre, además de espacios hostelertos como el restaurante de la Casa de las Ciencias, en la Domus, y el cafetería del Aquarium Finisterrae.

El concejal Lage adelantó que la ciudad trabaja en un nuevo modelo para los quioscos, adaptándose a los cambios en los hábitos de consumo y en la estética de la ciudad.

Se busca ofrecer un sistema más moderno y sostenible, con licitaciones abiertas que permitan revitalizar estos puntos de interés, que aún conservan su identidad en muchas zonas del centro histórico.

La alcaldesa Rey subrayó que la creación de esta base de datos ha sido un proceso complejo y laborioso, dado que la documentación previa era escasa y dispersa.

No obstante, afirmó que la medida representa un avance decisivo para que los bienes públicos aporten un beneficio tangible a la ciudadanía, como es su derecho y su interés.

Finalmente, la instrucción fija el plazo máximo de ejecución de obras de accesibilidad en los aparcamientos, establecimientos y bienes que formen parte de las concesiones hasta septiembre de 2026.

En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá rescatar la concesión y sacar a concurso nuevamente el servicio o bien el bien.

Este esfuerzo de modernización y transparencia forma parte de la política del Ayuntamiento de La Coruña para gestionar de manera eficiente y responsable su patrimonio y seguir consolidándose como una ciudad comprometida con la gestión pública abierta y participativa, en línea con las mejores prácticas municipales tanto a nivel nacional como internacional.