En Euskadi, el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, explicó en una entrevista en Hoy por Hoy Euskadi de la Cadena SER Vitoria que la respuesta al desafío de la vivienda pasa por producir más vivienda pública, acelerar la gestión y reforzar la seguridad jurídica del mercado de alquiler.

El responsable añadió que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación social y que la estrategia se apoya en tres ejes: aumentar la oferta pública, hacerla llegar más rápido y fortalecer el marco normativo que regula el alquiler.

El análisis del escenario actual señala una combinación de factores: cambios sociológicos con un incremento de hogares unipersonales que roza el 50%, las nuevas necesidades vinculadas a la inmigración y a la atracción de talento, y una caída notable en la producción de vivienda.

En cifras, entre 2006 y 2007 Euskadi construía unas 15.000 viviendas al año; hoy la cifra se sitúa alrededor de 5.000. Paralelamente, el esfuerzo económico que deben realizar las familias ha aumentado: antes destinar un 30% de los ingresos a la vivienda era razonable; en muchos casos la cifra ya supera el 50%.

Este escenario ha llevado a parte de la clase media, tradicional usuaria del mercado libre, a recurrir al registro de vivienda protegida. En Vitoria-Gasteiz, el registro de Etxebide cuenta con unas 16.500 unidades convivenciales inscritas, y de ellas el 80% solicita vivienda en alquiler.

Más de 2.000 viviendas públicas mediante convenios con el Ayuntamiento es la referencia de colaboración institucional. En 2024 se firmó un convenio para la promoción de algo más de 1.000 viviendas públicas, de las cuales el 70% se encuentran ya en fase de gestión o ejecución. En Salburua hay 700 viviendas en marcha y otras 360 pendientes de cesión de suelo. Además, el Gobierno Vasco negocia un nuevo convenio que podría alcanzar hasta 1.200 viviendas adicionales, principalmente en Zabalgana (alrededor de 900), así como en Aretxabaleta, Lakua y Abetxuko. La suma de ambos acuerdos superaría las 2.000 viviendas públicas en la capital alavesa.

De los Toyos recordó que, una vez cedido el suelo finalista, el plazo medio de ejecución hasta la entrega de las viviendas es de entre cuatro y cinco años.

No hay atajos: el urbanismo es de medio y largo plazo, y el objetivo es acortar los tiempos mediante normas más claras y mejoras en la gestión.

El reto financiero del alquiler protegido es otro de los pilares. El modelo vasco, asentado desde la Ley de Vivienda de 2015, establece que la vivienda protegida promovida por el Gobierno Vasco debe destinarse al alquiler.

Como ejemplo, se citó una promoción reciente de 180 viviendas en Sestao con una inversión de €20 millones. El alquiler medio de estas viviendas ronda los €240 mensuales y nunca supera el 30% de los ingresos de la unidad convivencial, lo que dificulta la recuperación de la inversión mediante rentas y obliga a recurrir a los Presupuestos Generales.

El departamento de Vivienda es el que más ha crecido en presupuesto en el Gobierno Vasco, lo que demuestra su prioridad social.

En la estrategia de crecimiento del parque público, se discute la posibilidad de aumentar la altura de las construcciones cuando el suelo es limitado.

Si no hay suelo disponible, habrá que ganar altura, afirmó el viceconsejero. En Vitoria-Gasteiz está previsto un proyecto piloto en Zabalgana para levantar dos plantas más sobre un bloque de vivienda protegida en alquiler, lo que permitiría crear en torno a 84 alojamientos dotacionales mediante sistemas industrializados.

La idea es extender esta fórmula a otros edificios de titularidad pública con cubierta plana, siempre que los estudios técnicos lo permitan y con el visto bueno municipal.

Se estima que esta estrategia podría generar hasta 2.000 alojamientos adicionales en Euskadi.

Los alojamientos dotacionales actuales están destinados a menores de 36 años durante un máximo de cinco años, aunque el departamento estudia fórmulas intergeneracionales para personas mayores con problemas de accesibilidad, combinando la cesión de vivienda y el acceso a estos recursos.

Respecto a la declaración de Vitoria-Gasteiz como zona tensionada, De los Toyos explicó que su principal efecto es reforzar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler.

El 95% de los contratos ya están sujetos a medidas como la prórroga obligatoria de hasta tres años y la limitación de subidas al IRAV, que se sitúa en torno al 2% cuando concluye un contrato.

El índice de referencia para grandes tenedores, pendiente de aprobación por las diputaciones y el Ministerio, afectará aproximadamente al 5% de los contratos.

La zona tensionada no sustituye a la política de vivienda; la acompaña. Lo que realmente permitirá salir de esa situación es incrementar la oferta.

Finalmente, el viceconsejero señaló que la situación derivada de ocupaciones en trasteros de una promoción de Alokabide en Ibaiondo se ha reconducido tras la intervención del departamento y la colaboración con el Ayuntamiento.

Se han adoptado medidas policiales, de gestión del edificio y de intervención social, y los vecinos reconocen una mejora sustancial, si bien el Gobierno Vasco mantiene la vigilancia.

En conclusión, Miguel de los Toyos defendió que la solución al problema de la vivienda exige mayor producción, mayor rapidez administrativa y mayor colaboración institucional, y subrayó el compromiso del Ejecutivo vasco de consolidar y ampliar el parque público de alquiler como eje central de su política habitacional.