En la localidad guipuzcoana de Ordizia, se han iniciado los planes para desarrollar un total de 226 viviendas de protección oficial (VPO), a fin de atender la creciente necesidad habitacional.

Este ambicioso proyecto se enmarca en una colaboración entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Ordizia, liderada por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, quien realizó una visita a las parcelas en cuestión.

Durante la visita, se destacaron las 36 VPO que están en proceso de construcción en Floreaga, un proyecto que busca revitalizar terrenos que habían permanecido vacíos por un largo periodo.

Itxaso mencionó que la primera fase, que incluye 12 viviendas, se encuentra en fase de adjudicación y comenzará su construcción en primavera.

El coste total de esta primera etapa asciende a aproximadamente 1,82 millones de euros (IVA no incluido).

Las características de estas viviendas son variadas, con un total de 11 unidades de dos habitaciones y una más con una habitación, cada una con espacio al aire libre, garaje y trastero.

Las superficies útiles de estas viviendas oscilarán entre 50 y 60 metros cuadrados, incluyendo una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida, lo que subraya el compromiso con la accesibilidad.

Por otra parte, se prevé que la licitación de las 24 VPO restantes se complete en este mismo año.

Este proyecto adicional también incluirá 23 viviendas de dos habitaciones y 1 más de una habitación, con características similares a las del primer bloque.

El coste estimado de esta segunda fase asciende a aproximadamente 4,21 millones de euros (IVA no incluido).

En esta misma línea, el Ayuntamiento ha estado trabajando en el área de San Juan, donde un convenio firmado el año pasado permitirá incrementar la oferta de viviendas protegidas hasta alcanzar 60 unidades más.

Este esfuerzo se complementa con la regulación que busca declarar a Ordizia como zona tensionada, lo que fortalecería el control sobre el mercado de alquiler y aseguraría el acceso a vivienda digna para las familias más necesitadas.

Hasta la fecha, 430 unidades de convivencia han solicitado vivienda protegida en Ordizia, destacando que 392 de ellas lo hacen en régimen de alquiler.

Estos datos reflejan la urgente necesidad de avanzar en la construcción de viviendas adecuadas, tal como ha señalado el alcalde Adur Ezenarro.

La colaboración entre las diferentes instituciones es crucial para impulsar estas iniciativas.

El compromiso con el desarrollo sostenible es evidente, y la modificación del Plan Parcial en San Juan, que se prevé esté lista para el último cuatrimestre de 2025, representa un paso significativo hacia la consolidación de una oferta adecuada de vivienda protegida.

Este enfoque no solo busca satisfacer la demanda local, sino también convertir a Ordizia en un modelo de desarrollo urbano que priorice el bienestar de sus habitantes.

Finalmente, las instituciones presentes han reiterado su compromiso de trabajar conjuntamente para garantizar un hogar digno para todos los ciudadanos.

Como concluyó Itxaso, 'nuestra prioridad es clara: sumar esfuerzos y dejar de lado nuestras diferencias para construir un futuro mejor para Euskadi'.