En la comunidad autónoma del País Vasco, la lucha contra la escalada de los precios en el mercado de la vivienda ha llevado a que municipios como Astigarraga y Usurbil sean oficialmente declarados zonas de mercado residencial tensionado por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco.

La decisión, que también afecta a otros municipios del entorno de San Sebastián, busca responder a la creciente dificultad de familias y jóvenes para acceder a una vivienda digna y asequible en la región.

La declaración de zonas tensionadas se realiza en un contexto en el que los precios del alquiler en estas localidades han experimentado incrementos significativos en los últimos años.

En Astigarraga, por ejemplo, las rentas han aumentado un 21,3 % desde 2017, superando el IPC, y las familias destinan en promedio un 32 % de sus ingresos a la vivienda, porcentajes que complican el acceso y la estabilidad residencial.

En Usurbil, el precio medio del alquiler ha escalado aproximadamente un 18,5 % en los últimos cinco años, superando también los límites considerados como de tensión del mercado.

Estas medidas, que estarán en vigor durante un período de tres años, activan mecanismos de regulación del mercado del alquiler, como la limitación del aumento de los precios en los nuevos contratos y la aplicación de índices de referencia para fijar los precios máximos, los cuales el Ministerio prevé tener listos para finales de octubre.

La intención es evitar la especulación y favorecer un mercado más justo y estable para residentes y arrendatarios.

Otras acciones incluyen la protección contra desalojos, la prórroga de contratos en situación de vulnerabilidad y la aplicación de recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas vacías o deshabitadas, así como sanciones urbanísticas para solares sin edificar y límites a ciertas viviendas turísticas, con el objetivo de promover el uso residencial y reducir la especulación.

Desde el ámbito local, los ayuntamientos de Astigarraga y Usurbil han intensificado sus programas de fomento de la vivienda. Astigarraga, por ejemplo, tiene en marcha un plan que contempla la construcción de más de 500 viviendas, de las cuales aproximadamente el 22 % serán viviendas protegidas y otras de precio tasado o en alquiler social.

Además, la revisión del plan general prevé la regeneración urbana en barrios como Santiagomendi y Murua, y la transformación de locales comerciales en viviendas.

Por su parte, Usurbil ha elaborado un ambicioso plan de urbanización que propone la edificación de 715 nuevas viviendas en diferentes desarrollos, con más del 60 % que serán viviendas protegidas, incluyendo promociones en Zingirategi, Elutx y Etxe Lorea.

Además, se proyecta la creación de viviendas comunitarias y barrios con servicios y cuidados integrados, como el proyecto Egurtzegi, que busca promover viviendas con atención y opciones de vida para toda la vida.

El consejero Denis Itxaso ha destacado que estas acciones reflejan la realidad metropolitana, donde la presión del mercado inmobiliario de San Sebastián afecta a varios municipios próximos.

Además, ha señalado que los mecanismos de regulación de precios en el alquiler estarán respaldados por el establecimiento del índice de referencia, que será publicado próximamente y permitirá limitar los incrementos en las condiciones de arrendamiento.

Desde la perspectiva de políticas sociales, el Gobierno Vasco también contempla ampliar programas de apoyo para la emancipación juvenil, como Gaztelagun, que ofrece ayudas mensuales de hasta 270 euros para jóvenes menores de 36 años, ajustadas a los precios y renta de cada localidad.

Además, se reforzarán las medidas para impulsar la movilización de vivienda vacía mediante programas como Bizigune y ASAP, con el objetivo de aumentar la oferta y facilitar la incorporación de viviendas en el mercado de alquiler.

En síntesis, la declaración de zonas tensionadas en Astigarraga y Usurbil supone un paso importante en la respuesta a la crisis de acceso a la vivienda en la región, combinando regulación, promoción de oferta y protección social.

La coordinación entre ayuntamientos y el Gobierno Vasco será clave para evaluar periódicamente los resultados y adaptar las políticas a la evolución del mercado, en un esfuerzo conjunto por garantizar la función social de la vivienda y frenar la especulación en la comarca de San Sebastián.