En el País Vasco, el Gobierno Vasco ha dado un paso importante para hacer frente a la creciente crisis de vivienda con la aprobación preliminar de un nuevo decreto que contempla modificaciones urgentes en la normativa de vivienda.

La iniciativa, firmada por el consejero Denis Itxaso, busca reformar hasta doce leyes y normativas, con un impacto presupuestario superior a los 4,8 millones de euros anuales.

Este decreto, aún en proceso de tramitación interna, introduce conceptos novedosos como la designación de ‘zonas tensionadas’, en las que se implementarán medidas específicas para controlar el aumento de alquileres y facilitar el acceso a viviendas.

La inclusión de estas zonas afectará directamente en los límites máximos de renta para acceder a ayudas y programas de vivienda, y en los criterios de adjudicación.

La medida es especialmente relevante en ciudades como Bilbao, San Sebastián y Vitoria, donde el mercado del alquiler ha experimentado un incremento de precios en los últimos años.

En cifras, las rentas máximas de acceso a las ayudas de alquiler Gaztelagun en estas localidades oscilarán en torno a los 850 euros mensuales, aproximadamente 725 euros en zonas menos tensionadas, y unos 680 euros en áreas rurales o municipios con menor densidad poblacional.

La regulación busca que las ayudas cubran hasta el 90% del coste medio del alquiler en zonas consideradas críticas, permitiendo que jóvenes menores de 36 años representen al menos el 50% de las viviendas reservadas en alquiler protegidas.

Asimismo, entre las novedades destaca la ampliación de las cuantías de ingresos máximos para acceder a estas ayudas, que ahora varían entre 3.200 euros y 37.300 euros anuales, en función de la composición familiar. La actualización busca apoyar a familias medias, profesionistas y colectivos en situación vulnerable, sin perder de vista la necesidad de hacer sostenible el sistema de ayudas.

El decreto también contempla avances en programas como Bizigune, la iniciativa de alquiler social gestionada por la Agencia de la Vivienda en Euskadi.

La renta máxima para acceder a estas viviendas aumentará de 18.500 a 41.881 euros anuales, facilitando el acceso a más personas y ajustándose a la realidad del mercado. También se prevé que el canon que paga el Gobierno a los propietarios por poner sus inmuebles a disposición se eleve en zonas tensionadas hasta un 95% del valor de mercado, alcanzando máximos de 900 euros en Bilbao y casi 1.100 euros en Donostia, según las mediciones de la Encuesta del Mercado del Alquiler (EMAL).

Otra medida significativa es el incremento en los derechos subjetivos de acceso a vivienda, que en la actualidad alcanzan hasta 15.000 euros para unidades de un miembro y 19.000 euros para familias de tres o más integrantes. Estas cifras, que se complementan con un requisito de empadronamiento mínimo de tres años en Euskadi, aseguran que más personas puedan acceder a viviendas públicas o a prestaciones económicas relacionadas.

En el ámbito de la transformación urbana, el decreto también promueve la conversión de locales comerciales y espacios industriales en viviendas habitables, una estrategia que favorece la densificación urbana y la reutilización de espacios existentes en lugar de expandir la ciudad hacia áreas no edificadas.

Para esto, se eliminarán algunos requisitos en las regulaciones de habitabilidad, permitiendo una mayor flexibilidad en la adaptación de edificios.

El impacto económico de estas medidas se refleja en un aumento del gasto del departamento de Vivienda y Agenda Urbana, que superará los 5 millones de euros anuales a través de fondos tanto públicos como privados.

Además, estas propuestas permitirán reactivar la economía local, promoviendo la rehabilitación de edificios antiguos y la creación de nuevos espacios residenciales en una región que, como muchas otras en Europa, enfrenta el reto de equilibrar el aumento de la demanda con una oferta limitada.

El relator del sector, Denis Itxaso, ha destacado que “el Gobierno Vasco está empleando todos los recursos a su alcance para proteger a los solicitantes de vivienda y aumentar la oferta residencial, en un escenario de emergencia que requiere soluciones inmediatas y sostenibles”.

Este conjunto de medidas, que estará en vigor en los próximos meses tras su aprobación definitiva, busca equilibrar los intereses sociales, económicos y ambientales en la gestión del territorio, promoviendo un modelo de ciudad más inclusiva y resiliente frente a los desafíos que impone la crisis del alquiler y el incremento poblacional en Euskadi.