En la comunidad autónoma del País Vasco, las autoridades han presentado un plan estratégico con el objetivo de solucionar la difícil situación habitacional que atraviesa la región.

Durante el Foro DVGunea, el Consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, detalló el denominado 'Plan Integral de Acceso a la Vivienda', un conjunto de medidas fundamentado en reformas legales, recursos económicos récord y acuerdos institucionales que buscan facilitar el acceso a la vivienda y reducir la escasez.

Este plan se enmarca en un momento en que, según los datos históricos, Euskadi ha tenido un crecimiento urbano acelerado en los últimos 50 años, con una población que hoy supera los 2,2 millones de habitantes.

La demanda de viviendas ha aumentado a medida que las ciudades se expandían y surgían nuevas necesidades sociales, creando una emergencia habitacional que el gobierno regional reconoce que tiene soluciones viables.

El Consejero destacó que la reciente aprobación en el Parlamento Vasco de la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo supone un paso decisivo para cambiar las políticas públicas.

Con esta legislación, se busca reducir los tiempos administrativos de los proyectos, con un 'carril rápido' que acortará en promedio un 50% los procedimientos para la aprobación de nuevas promociones.

Además, la ley habilita la reserva estratégica de suelo en manos del Gobierno Vasco para gestionar la creación de unas 75.000 viviendas protegidas en los próximos años.

En cifras, el plan contempla la construcción de más de 10.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años, incluyendo viviendas en alquiler y en venta, con una inversión total estimada en aproximadamente 14.700 millones de euros, equivalentes a unos 15.5 mil millones de dólares o 13.7 mil millones de euros a la tasa de cambio actual. La creación de un Fondo Social de Vivienda, que busca movilizar alrededor de 2.100 millones de euros, será central para impulsar este programa, permitiendo financiar nuevas promociones y hacer frente a la demanda en las áreas metropolitanas, especialmente en Bilbao, Vitoria y San Sebastián.

El fondo aspira a facilitar la construcción de otras 10.000 viviendas protegidas adicionales en un período récord, mediante un esquema de apalancamiento financiero que aprovechará recursos públicos y privados.

Para ello, se han iniciado mesas de trabajo técnico sobre gobernanza, modelos financieros, gestión del suelo y promoción, con el fin de establecer las bases que permitan una ejecución efectiva y rápida.

San Sebastián, en particular, ha sido presentada como ejemplo paradigmático de la urgencia habitacional, dada su larga historia de retrasos en proyectos de vivienda social.

Desde el gobierno vasco lamentan que en la ciudad no se hayan realizado construcciones recientes de vivienda protegida desde 2013, y están trabajando en la adquisición de terrenos y en el impulso de proyectos como Ciudad Jardín, Riberas de Loyola y Easo Playa de Vías.

Además, han llegado a acuerdos con el Ministerio de Vivienda para demolir espacios como la antigua cárcel de Martutene, con vistas a convertirlos en nuevos desarrollos urbanos.

Otra de las prioridades es la reactivación del proyecto Altza Hobea, en la zona de Altza, que lleva más de 15 años paralizado. El gobierno ha manifestado su compromiso de promover un concurso de ideas y de avanzar en su desarrollo siempre que el ayuntamiento ceda los terrenos correspondientes y permita la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Por otro lado, el Ejecutivo ha expresado su postura respecto a las viviendas de uso turístico, proponiendo limitar o extinguir licencias en zonas donde la actividad genera tensión en el mercado inmobiliario, como sucede en San Sebastián.

La modificación de la Ley de Turismo busca restringir esta actividad en zonas tensionadas para priorizar el acceso a viviendas para residentes.

El responsable del departamento concluyó su intervención reivindicando el derecho a permanecer en la ciudad natal, en un claro mensaje de compromiso con las políticas de vivienda.

Anunció que este plan estratégico se apoya en una visión a largo plazo para garantizar una mayor igualdad social y ofrecer alternativas habitacionales dignas y asequibles para toda la población vasca, con una inversión que, en términos históricos, busca equipararse o superar los 15.000 millones de euros para cubrir toda la demanda de vivienda protegida en los próximos años.