El Gobierno Vasco ha declarado oficialmente a Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián como zonas de mercado residencial tensionado, implementando políticas para aumentar la oferta y controlar los precios del alquiler. Además, se prevé la construcción de casi 5.800 viviendas protegidas en los próximos años.

En el marco de la lucha contra la creciente dificultad para acceder a una vivienda asequible en Euskadi, las autoridades han tomado nuevas medidas para regular y equilibrar el mercado inmobiliario.

La actualización reciente del Boletín Oficial del Estado (BOE) ha incluido a las localidades de Astigarraga y Usurbil en la lista oficial de zonas de mercado residencial tensionado, sumando un total de once municipios en la comunidad que están sometidos a estas regulaciones.

Este listado comprende además las tres capitales vascas: Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián, que desde ahora aplican medidas específicas para contener la escalada de precios y facilitar el acceso a la vivienda.

Según datos históricos, el problema de la vivienda en Euskadi se ha agravado en las últimas décadas debido a un crecimiento poblacional urbano y a una oferta insuficiente en comparación con la demanda.

En los años 80, el parque de viviendas en Euskadi era mucho menor, pero el incremento acelerado en la población urbana, sumado a mayores fluctuaciones económicas, ha generado tensión en el mercado inmobiliario actual.

Con la incorporación de Astigarraga y Usurbil, aproximadamente el 47,7% de la población vasca reside en zonas declaradas tensionadas, un porcentaje que en los próximos meses superará el 50% con la inclusión de futuras localidades en proceso de evaluación, como Lezo, Zestoa, Arrasate-Mondragón, Tolosa, Hernani y Pasaia.

Esta medida permite la aplicación de políticas públicas destinadas a ampliar la oferta de vivienda asequible, frenar la especulación y establecer límites claros en los precios de alquiler.

El Gobierno Vasco ha anunciado que en los próximos tres años se construirán alrededor de 5.785 viviendas protegidas, de las cuales más de la mitad, es decir, aproximadamente 3.080, serán destinadas al alquiler social y gestionadas en su mayoría por la administración pública. Este esfuerzo se complementa con la promoción de viviendas en colaboración con el sector privado y con incentivos fiscales para potenciar la rehabilitación de viviendas existentes y la regeneración urbana.

Durante una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, destacó la importancia de implementar medidas estructurales que estabilicen el mercado residencial.

Itxaso afirmó: “Este desequilibrio entre oferta y demanda solo puede revertirse movilizando suelo y promoviendo más construcciones. Sin embargo, somos conscientes de que este proceso requiere tiempo, por lo que continuaremos adoptando medidas para garantizar una mayor seguridad y racionalidad en el mercado de alquiler, incluyendo topes en los precios, programas de intermediación y medidas fiscales.”

Además, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, afirmó que la declaración oficial de la ciudad como zona tensionada eleva la capacidad de implementar políticas destinadas a ampliar la oferta y mejorar las condiciones del mercado laboral y habitacional para sus ciudadanos.

Etxebarria también subrayó la necesidad de actuar con decisión frente a las crecientes dificultades para el acceso a la vivienda en la capital alavesa, fomentando una visión equilibrada del mercado, con énfasis en la protección del parque público y en el fomento de nuevas construcciones.

El plan de acción en Vitoria-Gasteiz contempla diversas áreas: en primer lugar, la construcción de 2.975 viviendas protegidas, incluyendo más de 1.500 en alquiler protegido gestionadas en parte por el Ejecutivo vasco en diferentes barrios. En segundo lugar, se pondrá en marcha la limitación de los precios del alquiler en cerca de un 98% del municipio, incluyendo zonas rurales y barrios periféricos.

Actualmente, en muchas viviendas ya se aplican topes, pero estas medidas se ampliarán y reforzarán para gran parte del mercado.

En tercer lugar, se fomentará la mejora en la eficiencia energética y la regeneración urbana mediante ayudas públicas destinadas a renovar viviendas antiguas y mejorar su accesibilidad, especialmente en áreas como Zaramaga, que requiere inversiones por más de 31 millones de euros provenientes de fondos autonómicos y municipales.

El cuarto eje se centrará en medidas fiscales para incentivar la puesta en alquiler de viviendas vacías. Según las estimaciones, en Vitoria-Gasteiz existen alrededor de 2.262 viviendas deshabitadas, el 54,8% de las cuales podrán ser gestionadas mediante programas de movilización y fomento del alquiler asequible, impulsando una política fiscal que incluya recargos en el IBI y bonificaciones en impuestos relacionados con la construcción y rehabilitación.

Finalmente, el quinto apartado contempla nuevas soluciones residenciales para responder a necesidades específicas, como alojamientos transitorios para jóvenes, mayores y colectivos vulnerables.

Se promoverá la habilitación de locales en planta baja y espacios adaptados para facilitar una respuesta inmediata a la demanda de vivienda en diversos colectivos.

Con estas acciones, el Gobierno Vasco reafirma su compromiso de garantizar viviendas dignas a toda su ciudadanía, reforzando la cooperación con ayuntamientos y diputaciones para hacer frente a las desigualdades del mercado inmobiliario.

Además, ponen a disposición de los ciudadanos una plataforma digital (https://zonatensionadaeuskadi.eus/) donde pueden consultar simuladores de precios y dudas frecuentes para facilitar el cumplimiento de los límites impuestos y promover una mayor transparencia en el mercado de alquiler.

Estas políticas públicas buscan sentar las bases para un mercado de vivienda más justo y equilibrado, adaptándose a los desafíos sociales y económicos actuales, y asegurando que la vivienda deje de ser un bien exclusivo para unos pocos.

Como referencia histórica, estas decisiones representan un avance en el compromiso de las instituciones vascas por un desarrollo urbano sustentable y equitativo, en línea con las políticas de justicia social que han caracterizado su trayectoria reciente.