El Gobierno Vasco ha aprobado un gasto de 65 millones de euros para financiar en 2026 la Prestación Económica de Vivienda (PEV), con la posibilidad de ampliar ese crédito en años siguientes.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Itxaso, explicó que la Ley Vasca de Vivienda reconoce el derecho subjetivo a una vivienda digna y estable y que la PEV funciona como un mecanismo subsidiario: un apoyo económico para cubrir la renta cuando no hay una asignación inmediata de vivienda del parque público o de uso dotacional.

Este instrumento busca evitar que las familias queden desatendidas mientras se refuerza la oferta de vivienda asequible.

Según Itxaso, la PEV permite hacer efectivo ese derecho de forma subsidiaria, atendiendo a quienes no disponen de recursos para el alquiler en el mercado libre.

El sistema de ayudas al alquiler en Euskadi ya tiene un alcance amplio: casi la mitad de los hogares que viven de alquiler lo hacen con la protección de vivienda o con una ayuda pública que facilita el acceso y sostiene la estabilidad del alquiler.

La aprobación para 2026 llega en un momento en el que el Gobierno Vasco prepara un Decreto de Medidas Urgentes que actualizará los límites de ingresos vinculados al reconocimiento del derecho subjetivo y ampliará el alcance poblacional de estas ayudas.

Itxaso subrayó que se trata de una intervención pública de gran alcance: a finales de 2026 se espera llegar a unos 35.000 hogares a través del derecho y de la prestación asociada, lo que supone una mejora significativa en la cobertura frente a la emergencia habitacional.

En un contexto en el que el parque de viviendas en alquiler en Euskadi supera las 137.000 unidades, la combinación de viviendas protegidas, ayudas públicas y la PEV se traduciría en un incremento de la capacidad de acceso al alquiler.

Si a esos 35.000 hogares se suman alrededor de 30.000 viviendas más protegidas en alquiler y unas 9.500 ayudas Gaztelagun previstas para ese horizonte, la acción pública directa e indirecta podría situarse en torno a un 54% del conjunto del mercado.

Este fue el mensaje que transmitió Denis Itxaso durante la intervención tras el Consejo de Gobierno.

Sobre la Prestación Económica de Vivienda, se trata de un apoyo periódico cuyo objetivo es sufragar la renta cuando no es posible atender el derecho subjetivo con una vivienda protegida o un alojamiento dotacional.

Por ello tiene carácter subsidiario: funciona como una garantía pública mientras se continúa reforzando el parque de vivienda público y asequible.

La ayuda no es transferible y debe destinarse exclusivamente al pago de la renta, sin superar el importe de la renta acreditada. Se gestiona a través de las Delegaciones Territoriales de Vivienda y se abona mediante ingreso en cuenta bancaria.

Para acceder a la PEV es necesario cumplir los requisitos vinculados al derecho subjetivo y acreditar, entre otros aspectos, la residencia en una vivienda en alquiler o situaciones previstas, así como las condiciones económicas establecidas.

La Prestación es incompatible con otras ayudas públicas dirigidas a la misma necesidad de residencia habitual (por ejemplo, ayudas sociales de emergencia vinculadas al alquiler, Gaztelagun u otras ayudas municipales), con el fin de garantizar que el apoyo llegue de forma ordenada y no se solape con otros instrumentos.

Entre los límites de ingresos actualizados (una vez se apruebe el Decreto de Medidas Urgentes) se encuentran: 14.000 euros al año para unidades convivenciales de 1 miembro; 18.000 euros al año para unidades de 2 miembros; y 20.000 euros al año para unidades de 3 o más miembros. Con esta aprobación, el Gobierno Vasco refuerza su compromiso con un modelo que combina vivienda más asequible y mecanismos de garantía para asegurar el cumplimiento del derecho subjetivo a una vivienda digna y estable, también mediante apoyo económico cuando sea necesario.