El Gobierno Vasco ha presentado oficialmente en el Parlamento un ambicioso Plan Director de Vivienda para el periodo 2025-2027, con una inversión que supera los 3.000 millones de euros (aproximadamente 2.700 millones de euros en valor actual), con el objetivo de hacer frente a la grave emergencia habitacional que enfrenta la región.

Este plan representa un compromiso político y social, y está fundamentado en un diagnóstico claro y realista de la situación actual de Euskadi. La población envejece rápidamente, con un 25% de los habitantes mayores de 65 años, situación que aumenta la demanda de viviendas accesibles y adaptadas, y requiere acciones específicas de rehabilitación y construcción.

En los últimos años, la oferta de vivienda protegida ha sido insuficiente: en 2024, se concluyeron 1.956 viviendas públicas en la región, una cifra que, aunque representa el mejor dato desde 2014, aún está lejos de cubrir todas las necesidades. Además, el mercado de alquiler se encuentra muy tenso, con costos medios que alcanzan los 760 euros mensuales (unos 684 euros en euros actuales), superando ampliamente los límites de accesibilidad para muchas familias.

En municipios como San Sebastián, los alquileres superan los 1.000 euros, cifras que dificultan la emancipación de los jóvenes y perpetúan las desigualdades sociales.

El plan establece cinco ejes estratégicos para responder a esta compleja situación. El primero y más prioritario es la promoción de viviendas en alquiler asequible. Se pretende construir 7.000 nuevas viviendas en este periodo, de las cuales 5.250 estarán disponibles en los próximos tres años, con un enfoque especial en jóvenes, mayores, colectivos vulnerables y familias de clase media con bajos ingresos.

El segundo eje está orientado a la rehabilitación del parque inmobiliario. La intención es intervenir en 62.000 viviendas y 10.000 edificios, mejorando su eficiencia energética y accesibilidad. Se pretende que para 2027, el 3% de los edificios residenciales de Euskadi hayan sido rehabilitados, un incremento sustancial respecto a años anteriores.

Esta estrategia también incluyen acciones en barrios vulnerables, con la finalidad de promover la cohesión social y la sostenibilidad ambiental.

El tercer eje busca garantizar ayudas y prestaciones sociales, ya que cerca de 50.000 hogares en Euskadi reciben actualmente algún tipo de ayuda económica para acceder a la vivienda. El plan reafirma que nadie debe quedar excluido del acceso a un techo digno, y por ello se incrementarán estas prestaciones, especialmente para jóvenes, familias monoparentales y personas mayores.

El cuarto eje se centra en la modernización del sector de la construcción, promoviendo la industrialización, digitalización y construcción modular para duplicar la capacidad de respuesta del mercado.

Se plantea que la oferta anual de viviendas se eleve a entre 8.000 y 10.000 unidades, mediante procesos más eficientes y sostenibles.

Finalmente, el quinto eje apuesta por fortalecer la gobernanza y la coordinación entre todos los actores implicados —ayuntamientos, diputaciones, agentes sociales y ciudadanía—, para garantizar que las políticas sean efectivas y ajustadas a las realidades locales.

Una innovación relevante del plan es la declaración de zonas tensionadas, que en 2025 afectará al 70% de los municipios vascos cumpliendo ciertos criterios legales.

Esta medida busca regular el mercado y proteger a los residentes mediante el control de precios de alquiler, incentivos fiscales, limitación de pisos turísticos y planes locales de vivienda.

El plan también contempla reformas normativas, como la Ley de Medidas Urgentes en materia de suelo y vivienda, para facilitar la producción de vivienda social y agilizar procesos.

La inversión total prevista es de unos 3.250 millones de euros, incluyendo recursos autonómicos, fondos europeos y participación del sector privado a través de la creación de un fondo social de vivienda en colaboración con entidades como el Banco Europeo de Inversiones y el ICO.

El consejero Denis Itxaso cerró su intervención manifestando optimismo y determinación. Afirmó que, aunque muchas familias viven con la angustia de los altos costes de alquiler y la imposibilidad de emanciparse, el Gobierno Vasco no se resigna y mantiene su compromiso de luchar para garantizar una vivienda digna y accesible a todos.

Este plan no solo es una hoja de ruta, sino un acto de justicia social que busca ofrecer soluciones a largo plazo y consolidar un Euskadi más equitativo y sostenible.