En un contexto donde la crisis de acceso a la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales en Europa, los gobiernos de Euskadi y Cataluña han unido esfuerzos para presentar una petición conjunta ante las instituciones europeas, solicitando fondos permanentes destinados a potenciar la vivienda asequible y reducir las desigualdades territoriales y sociales.

Esta iniciativa, que refleja una ambición inédita en España, busca que la Unión Europea implemente un plan de inversión en vivienda como política estructural y permanente, que supere los programas puntuales y coyunturales que hasta ahora han caracterizado las políticas de vivienda en muchos países del continente.

La propuesta hace hincapié en la necesidad de establecer un marco financiero estable, con reglas claras y tratamientos fiscales específicos, para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en el sector.

El objetivo fundamental es que la inversión en vivienda social se considere una infraestructura prioritaria del continente, similar a otras como la educación o la sanidad.

Por ello, proponen reforzar el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que podría facilitar instrumentos de financiación a largo plazo, con intereses muy bajos y garantías para escalar proyectos que amplíen el parque de viviendas sociales en la Unión.

Desde Cataluña, la consejera de Territorio, Habitatge i Transiciò Ecològica, Sílvia Paneque, afirmó que con esta demanda se busca promover un crecimiento cohesionado y equilibrado en toda Europa, donde las regiones puedan definir sus propias estrategias en un marco flexible.

La región catalana ya trabaja en el Plan 50.000, movilizando en la primera fase 670 solares que podrán construir unas 22.000 viviendas, de las que aproximadamente 14.000 tienen promotor y más de 7.000 están en proceso de edificación.

Por su parte, el Gobierno Vasco, representado por Denis Itxaso, enfatizó que la estrategia de Euskadi contempla alcanzar en 2036 un parque público de alquiler asequible equivalente al 5 % del total de viviendas principales —unas 50.000 unidades— y mantener una reserva de vivienda protegida que represente el 12 % del parque principal —unos 116.000 inmuebles—. Además, se comprometió a un ritmo sostenido de rehabilitación que permitirá intervenir en aproximadamente 350.000 hogares en quince años.

Ambas regiones coinciden en que la vivienda debe ser vista como un pilar clave para el bienestar colectivo, siguiendo los ejemplos de políticas exitosas en ciudades como Viena, que lleva invirtiendo en infraestructura residencial casi un siglo y ha logrado mantener unos parques de viviendas robustos y sostenibles.

La experiencia austriaca evidencia que las políticas de inversión a largo plazo en vivienda son las que realmente generan cambios y estabilidad.

Asimismo, tanto Cataluña como Euskadi solicitan que las futuras líneas de financiación europea sean permanentes y libres de restricciones que limiten la inversión, como las reglas de déficit fiscal actuales.

Plantean que las ayudas para la rehabilitación, construcción y adquisición de vivienda social deben considerarse fuera del balance presupuestario, ya que estas inversiones son estratégicas para el futuro de Europa, especialmente en un momento donde la seguridad y la estabilidad internacional están en el centro de la atención.

Otra de las demandas clave es que los fondos destinados a vivienda sean complementarios y de carácter estructural, impulsando un desarrollo urbanístico que tenga en cuenta las peculiaridades de cada territorio, promoviendo la equidad social y combatiendo la despoblación en zonas rurales y deterioradas.

En este sentido, la propuesta también aboga por un marco flexible en el urbanismo y en la gestión del suelo, que facilite la planificación y ejecución de proyectos de vivienda, y por instrumentos financieros que permitan movilizar recursos privados en beneficio de la vivienda social, sin que estos se conviertan en cauces de especulación.

La iniciativa de Euskadi y Cataluña refleja un compromiso conjunto para que la política europea de vivienda deje de ser un conjunto de medidas transitorias y pase a ser una política sólida, con impacto duradero, que garantice el acceso a una vivienda digna y asequible, fomentando la cohesión social y territorial en toda la Unión.

La aspiración es que en los próximos años, a través de fondos europeos adecuados y un marco de inversión estable, se puedan transformar las vidas de miles de familias y avanzar hacia una Europa más justa y equilibrada en materia de vivienda.