En el País Vasco, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha puesto en marcha un ambicioso plan para actualizar y modernizar el sistema de videovigilancia en todos los edificios judiciales de la comunidad.

Con una inversión aproximada de 3,7 millones de euros (equivalente a unos 3,4 millones de euros en moneda europea según la cotización actual), este proyecto se divide en dos fases y apunta a sustituir más de 700 cámaras analógicas por un sistema avanzado basado en tecnología IP, que ofrece mayor precisión, control y capacidades de análisis.

La consejera de Justicia, María Jesús San José, ha expresado que esta modernización no solo incrementará la seguridad, sino que también facilitará una mejor gestión del control de accesos y la detección de incidentes en tiempo real.

La iniciativa, además de ser uno de los proyectos más relevantes en materia de seguridad digital en la región, responde a la necesidad de actualizar infraestructuras que ya superaban las dos décadas de funcionamiento, dificultando su mantenimiento debido a la obsolescencia de piezas y a la falta de compatibilidad con tecnologías modernas.

El sistema de videovigilancia anterior, basado en tecnología analógica, fue instalado hace más de veinte años y ya no cumplía con los requisitos actuales de seguridad ni facilitaba acciones como la gestión eficiente de las imágenes o la detección automática de ciertos incidentes.

Por ello, el plan contempla una actualización en dos fases: la primera, ya ejecutada, que incluye una inversión de aproximadamente 1,2 millones de euros, consistió en la modernización del centro de control en Bilbao, en el Palacio de Justicia de Albia, y la actualización de servidores en los 18 edificios judiciales de los territorios históricos.

Este centro de control, que opera las 24 horas, ocupa una superficie de 72 metros cuadrados y está equipado con tecnología de última generación para soportar la gestión simultánea de múltiples operadores.

La renovación incluyó la instalación de estaciones de trabajo, monitores de alta definición y un videowall de cuatro pantallas de 98 pulgadas, garantizando siempre la operatividad del sistema anterior durante las labores de actualización.

La segunda fase, actualmente en proceso de licitación, contempla la sustitución progresiva de más de 700 cámaras analógicas por nuevas cámaras IP en los edificios judiciales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, con una inversión prevista de 3 millones de euros (unos 2,8 millones en euros).

Se espera que esta operación se complete en 2026.

Euskadi se posiciona así como una de las regiones pioneras en el uso de tecnología IP en sus circuitos cerrados de televisión, destacándose por la magnitud de su proyecto y el alcance integral que busca proteger no solo las instalaciones, sino también a profesionales y ciudadanos que participan en los procesos judiciales.

La adopción de análisis avanzados en las cámaras permitirá una identificación más rápida y eficaz de incidentes, además de facilitar la gestión de emergencias.

El avance en la modernización de los sistemas de seguridad en Euskadi se enmarca en una tendencia más amplia en distintas comunidades autónomas, que apuestan por tecnologías digitales para fortalecer la protección en instituciones públicas.

Sin embargo, el proyecto vasco destaca por la amplitud del despliegue y la planificación a largo plazo, que implica la coordinación de todos los palacios de justicia de los tres territorios históricos y una inversión total que roza los 3,7 millones de euros (cerca de 3,4 millones en euros).

La consejera San José afirmó que “con esta iniciativa damos un paso importante en la modernización tecnológica de nuestra infraestructura judicial, reforzando la seguridad y garantizando un servicio público más eficiente y adaptado a las necesidades actuales”.

Asimismo, recordó que la justicia es un servicio fundamental para la ciudadanía, y que esta modernización forma parte de la estrategia del Gobierno Vasco para asegurar un entorno seguro, transparente y avanzado en su sistema judicial.