En Euskadi se desarrolló una sesión de pleno marcada por una batería de 19 interpelaciones y preguntas para su respuesta oral, presentadas por distintas formaciones políticas a fin de escrutar la gestión del Gobierno Vasco y fijar su rumbo para el primer semestre de 2026.

Este listado reúne una variedad de temáticas que van desde la visión estratégica del lehendakari sobre la situación política, hasta la evaluación de políticas específicas relacionadas con sanidad, servicios públicos y políticas de autogobierno.

A lo largo de la jornada, los distintos portavoces señalaron la necesidad de un escrutinio riguroso y de una rendición de cuentas que fortalezca la confianza ciudadana en el autogobierno.

Entre los asuntos abordados figuran consultas sobre la interpretación de la orientación política del gobierno en el corto plazo, y otras dirigidas a la gestión de la salud pública.

En particular, se cuestionó la gestión del Departamento de Salud en relación con vacunas que, en algún momento, estuvieron caducadas o próximas a vencer, y se pidió aclaración sobre las medidas adoptadas para evitar la repetición de situaciones de este tipo.

Estos cuestionamientos se inscriben en un debate más amplio sobre la seguridad de las intervenciones sanitarias y la vigilancia de la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

Asimismo, se plantearon interrogantes sobre políticas orientadas a fortalecer el autogobierno como motor de bienestar para la ciudadanía vasca. La discusión buscó comprender si un marco institucional más sólido y con mayor autonomía podría traducirse en mejoras tangibles para la población, y si existen mecanismos de coordinación con otros niveles de gobierno que garanticen una gestión pública más eficiente.

La sesión también dedicó atención al estado de los servicios públicos y a la necesidad de evitar su deterioro. Se analizó, de forma focalizada, el desempeño de las empresas y entidades públicas encargadas de servicios esenciales y se pidió información sobre planes de inversión, modernización y refuerzo de personal para asegurar la continuidad y calidad de la atención.

Otras preguntas se refirieron a asuntos de política institucional, como los acuerdos alcanzados en materia de transferencias durante la reciente visita del lehendakari a la Moncloa, y la transparencia en la gestión pública, con especial énfasis en rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades políticas cuando corresponda.

El conjunto del debate buscó sentar las bases para un uso más claro y verificable de los recursos públicos y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.

La agenda parlamentaria también contempló temas de participación y escucha vecinal, incluyendo el proceso de escucha en Urdaibai, así como cuestiones relacionadas con salarios mínimos y políticas laborales propias, como indicaciones para garantizar un marco retributivo que proteja a las personas trabajadoras en el territorio.

En torno a la estructura institucional, hubo preguntas sobre el acceso de personas procedentes de determinadas empresas a cargos de responsabilidad institucional, y sobre iniciativas como la Alianza Financiera Vasca, que buscan orientar inversiones y acuerdos estratégicos para el desarrollo económico regional.

También se analizaron el estado y la evolución de la industria vasca, y medidas concretas ante procesos de reestructuración empresarial, como los expedientes de regulación de empleo.

Asimismo, el pleno incluyó cuestiones de educación y cultura: la valoración de la lengua vasca en procesos administrativos, la gestión de cierres y fusiones de centros educativos y la renovación del mapa escolar, con miras a garantizar una educación inclusiva y de calidad.

En materia de salud laboral y de seguridad, se abordaron procesos de vacunación y la administración de vacunas caducadas, mientras que otras preguntas pusieron el foco en la gestión de la plantilla de asesores de departamentos responsables de desarrollo rural, pesca, alimentación y política agrícola.

En conjunto, estas 19 interpelaciones y preguntas reflejan una voluntad de escrutinio abierto del Ejecutivo Vasco, con miras a consolidar un marco de gobernanza más cohesionado, donde la transparencia, la rendición de cuentas y un fortalecimiento del autogobierno sean criterios constantes para la gestión de políticas públicas y del progreso social en el territorio.