En Euskadi, el nuevo Centro Penitenciario de Gipuzkoa, ubicado en Zubieta, Donostia/San Sebastián, se ha inaugurado con un acto que mezcló memoria y mirada al futuro.

Una placa, trasladada desde Martutene, recuerda a tres trabajadores asesinados por ETA entre 1990 y 1997: Ángel Jesús Mota Iglesias, José Ramón Domínguez Burillo y Francisco Gómez Elósegui.

El mensaje no es sólo de recuerdo, sino de la voluntad de construir una ruta diferente para las personas privadas de libertad y para la sociedad en su conjunto.

El Lehendakari, Imanol Pradales, defendió que el modelo penitenciario vasco debe nutrirse de principios irrenunciables como el humanismo, la integración y la reinserción.

Pero recalcó con claridad que eso no implica “buenismo” ni ingenuidad: el marco legal se mantiene, y la persecución y la aplicación de la ley seguirán con rigor cuando sea necesario.

A la vez, pidió alejar los discursos de odio, la revancha y la estigmatización, porque, según dijo, no ayudan a prevenir la reincidencia ni a fortalecer la cohesión social.

En sus palabras, el objetivo no es hundir a la persona presa, sino prepararla para convivir en la comunidad.

“Ofrecer acompañamiento, formación y oportunidades de trabajo para reparar, en la medida de lo posible, el daño causado y construir una nueva vida”, resumió Pradales en un mensaje que marcó el tono del evento.

El acto también sirvió para subrayar que la dirección de la prisión y el conjunto de la administración pública apuestan por una justicia basada en el humanismo, donde la persona está en el centro de las políticas y las personas privadas de libertad conservan derechos fundamentales, siempre que se respete la dignidad.

La inauguración coincidió con un giro estructural: el cierre de Martutene y la apertura de un centro que, según el Gobierno vasco, abre una etapa de transformación para Donostia, Gipuzkoa y Euskadi.

En ese marco, el Ejecutivo señaló la posibilidad de avanzar en proyectos de vecindad y vivienda en Txomin Enea, con la meta de desarrollar alrededor de 400 viviendas protegidas gracias a una gobernanza colaborativa entre la administración vasca y el Estado.

Son señales de que se busca densificar el tejido social al tiempo que se mejora la gestión penitenciaria.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, añadió que “hoy damos un paso decisivo para la política penitenciaria”. La infraestructura, afirmó, representa mucho más que un edificio: simboliza un compromiso con un modelo penitenciario propio, responsable y profundamente humano.

“A partir de hoy, Euskadi se constituye como una administración penitenciaria integral; lo importante no es solo gestionar, sino garantizar que las penas lleven a la reeducación y la reinserción social”, destacó.

También recordó que las personas privadas de libertad continúan siendo titulares de derechos y deben ejercerlos en condiciones de dignidad.

La ceremonia contó con la presencia de familiares y allegados de las víctimas de ETA, así como con la participación de la propia institución penitenciaria.

Entre los asistentes estuvieron la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria; la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena; el alcalde de Donostia, Jon Insausti; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y la fiscal Superior del País Vasco, entre otros cargos.

El Lehendakari y la consejera dedicaron palabras de reconocimiento a los trabajadores penitenciarios y a las familias de las víctimas, que acompañaron el acto con su presencia y sus recuerdos.

Memoria y futuro se dieron la mano en un día que también sirvió para recordar fechas dolorosas. Se explicó, además, que el 17 de abril de 1997 un atentado frustrado en Errenteria dejó herido de gravedad a Juan José Baeza, otro funcionario de Martutene, lo que forma parte de la historia de la lucha antiterrorista y de la necesidad de seguir adelante con políticas que prioricen la convivencia y la seguridad.

En resumen, la inauguración del Centro Penitenciario de Gipuzkoa se plantea como una oportunidad para demostrar que la reinserción es un objetivo real y medible: acompañamiento, formación y empleo como herramientas para reparar el daño, con una mirada firme a la seguridad y al cumplimiento de la ley, y con la convicción de que cada persona privada de libertad puede reescribirse una historia cuando se le ofrecen oportunidades y acompañamiento suficiente para ello.

Este proyecto se sitúa, además, en el marco de una Euskadi que quiere avanzar hacia una justicia más humana, más centrada en las personas y en la reparación para la convivencia cotidiana.