El Gobierno Vasco aprueba adherirse al acuerdo de colaboración entre CGPJ, Fiscalía, ministerios, comunidades con competencias en Justicia y consejos de la Abogacía y Procuradores para mejorar la prevención, la protección de las víctimas y la respuesta judicial.

El Consejo de Gobierno vasco ha dado luz verde a que Euskadi se sume al convenio de colaboración contra la violencia de género. La decisión se ha tomado a petición de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y lo que busca es que distintas instituciones trabajen de forma más coordinada en la prevención, la atención y la protección de las víctimas.

No se trata de una ley nueva, sino de un acuerdo de cooperación que actualiza una colaboración anterior y que implica al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la Fiscalía General del Estado, a varios ministerios, a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia y a los consejos generales de la Abogacía y de Procuradores.

La idea central es sencilla: que la Administración de Justicia no vaya cada institución por su lado. El convenio establece un marco común para prevenir y erradicar la violencia doméstica y de género en todas sus manifestaciones y para garantizar una atención y una protección integrales a las víctimas.

En la práctica, eso significa ordenar mejor la cooperación entre quienes intervienen en estos casos, desde los juzgados hasta la Fiscalía, pasando por los servicios de asistencia jurídica o las administraciones autonómicas.

La adhesión vasca refuerza ese compromiso con una respuesta coordinada, integral y eficaz, y subraya que la Administración de Justicia tiene un papel fundamental en la protección de las víctimas y en la defensa de sus derechos.

Uno de los puntos que actualiza el acuerdo es el funcionamiento del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. El convenio revisa sus funciones, su composición y su manera de trabajar para reforzar la coordinación institucional y mejorar la respuesta de la Administración de Justicia ante esta realidad.

Entre las tareas del Observatorio están analizar cómo se está tratando la violencia doméstica y de género en el ámbito judicial, evaluar los datos que llegan de las Secciones de Violencia sobre la Mujer y de otros órganos judiciales, y promover iniciativas que mejoren la eficacia de las actuaciones institucionales.

Es decir, no solo se trata de atender los casos, sino también de medir, estudiar y proponer mejoras con la información que manejan los tribunales.

El texto también actualiza los acuerdos anteriores para adaptarlos a la Ley 40/2015 y al marco normativo europeo, internacional y estatal que está vigente.

Además, prevé dos herramientas de reconocimiento y análisis: por un lado, la concesión de premios anuales para reconocer la labor de instituciones, entidades y personas que destaquen en la lucha contra la violencia hacia las mujeres; por otro, la organización cada dos años del Congreso Nacional de Violencia de Género, pensado como un espacio para analizar el problema e intercambiar experiencias.

Estos premios y congresos no sustituyen la labor diaria, pero sirven para visibilizar buenas prácticas y mantener el tema en la agenda pública.

Para entender el contexto, conviene recordar que en España la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, supuso un antes y un después: creó una respuesta legal específica y puso el foco en la protección integral de las víctimas.

Más tarde, en 2017, se impulsó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo amplio entre instituciones para reforzar medios, formación y coordinación.

Este convenio del que ahora se adhiere Euskadi encaja en esa lógica de sumar esfuerzos y evitar que cada administración actúe como si fuera un compartimento estanco.

La adhesión del Gobierno Vasco no cambia las competencias de cada institución, pero sí ordena cómo van a trabajar juntas. Lo importante es que jueces, fiscales, abogados, procuradores y administraciones autonómicas compartan criterios, datos y mecanismos de coordinación para que las víctimas no se pierdan entre ventanillas.

En resumen: Euskadi se suma a un marco de cooperación que busca que la lucha contra la violencia de género sea más ordenada, más integral y más eficaz, con especial atención a la protección de las víctimas y a la defensa de sus derechos.