Los gobiernos vasco y navarro trasladan al equipo del comisario Christophe Hansen su postura ante la reforma de la PAC 2028-2034: rechazan el recorte del 20% y el modelo de fondo único con planes estatales, y piden una PAC regionalizada, con recursos suficientes y centrada en quien realmente trabaja la tierra.

Los gobiernos de Euskadi y Navarra han movido ficha en Bruselas. En plena negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, la consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, y el consejero navarro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, se han reunido con el equipo del comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

El objetivo: dejar claro que el planteamiento que llega de la Comisión Europea no convence ni en Vitoria ni en Pamplona.

El primer aldabonazo tiene que ver con el dinero. La propuesta comunitaria contempla un recorte de alrededor del 20% en el presupuesto específico de la PAC. Para Euskadi y Navarra, eso es justo lo contrario de lo que haría falta. Con la incertidumbre geopolítica disparada, los costes de producción por las nubes y las sequías cada vez más frecuentes, la seguridad alimentaria debería ser una prioridad estratégica, no una partida a la que recortar.

Por eso exigen mantener una financiación suficiente, con cofinanciación adecuada, para que las explotaciones puedan ser viables y afrontar las transformaciones pendientes.

Otro de los grandes recelos es el famoso «fondo único». La idea de integrar en un solo instrumento la PAC, el desarrollo rural, la pesca y la cohesión, y gestionarlo todo mediante planes estatales, no gusta nada.

El Gobierno Vasco lo dijo sin rodeos: ese modelo puede diluir la especificidad de la PAC y no aporta una simplificación real, porque mezcla políticas con objetivos y necesidades de gestión muy diferentes.

Además, aleja las decisiones de los territorios. Si al final manda un plan nacional, lugares como Euskadi o Navarra, que tienen competencias agrarias propias, se quedan sin margen para adaptar las normas a su realidad.

De ahí su reivindicación central: una PAC más regionalizada, sencilla y flexible. La propia Comisión habla de dar más subsidiariedad a los Estados, pero Euskadi pide que esa flexibilidad baje un escalón más y llegue a las regiones.

«Si Europa apuesta por una PAC más flexible y subsidiaria, esa flexibilidad debe llegar también a las regiones con competencias agrarias para que podamos diseñar y gestionar políticas adaptadas a nuestra realidad», subrayó Barredo.

Y no es una ocurrencia: hay precedentes en la UE de aplicación territorial diferenciada en política agraria. Si, a pesar de todo, se mantiene un único plan estatal, Euskadi reclama que los fondos puedan territorializarse entre las comunidades que lo pidan y que se conserve la capacidad de gestión y los niveles presupuestarios actuales.

Más allá de la estructura, ambas comunidades tienen claras las prioridades. Las ayudas deben ir dirigidas a quienes ejercen realmente la actividad agraria, no a los que solo cobran subvenciones. Hay que impulsar el relevo generacional, reforzar la agricultura familiar y profesional, y dar más poder al sector productor dentro de la cadena alimentaria.

Euskadi añade instrumentos como los topes por explotación para repartir mejor las ayudas, preservar el modelo cooperativo, y dotar de mayores herramientas a la Organización Común de Mercados para garantizar precios remuneradores y protegerse de la competencia desleal.

También defienden la ganadería extensiva, la modernización de regadíos ante la escasez de agua y una mayor conexión entre producción e industria agroalimentaria local.

En paralelo, piden una simplificación de verdad. Menos carga administrativa, requisitos proporcionados, trámites más sencillos y un sistema de ayudas comprensible. Y, sobre todo, pagos estables y previsibles que den seguridad financiera a las explotaciones. No quieren que el agricultor tenga que ser gestor de papeleo para cobrar lo que le corresponde.

En el fondo, lo que están planteando es que la PAC no se convierta en un traje único que ignora la diversidad europea. Nació en 1962, con la memoria de la escasez de la posguerra todavía presente, para garantizar el abastecimiento; luego pasó a incentivar la producción y, con las sucesivas reformas, fue incorporando exigencias medioambientales y de sostenibilidad.

Ahora la pregunta es hacia dónde va. Euskadi y Navarra han decidido remar juntas para que el sector primario y el medio rural sigan teniendo futuro y para que Bruselas no decida todo a miles de kilómetros de los campos que dependen de esa política.

La negociación será larga, pero esta reunión ha servido para dejar sentada su postura: sin presupuesto suficiente, sin voz para las regiones y sin ayudas a quien realmente trabaja la tierra, no hay PAC que valga.