En Euskadi, dentro del Curso de Verano (UIK) titulado Migraciones en Euskadi. Reto de Inclusión y Prosperidad, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, tomó la palabra a apenas 48 horas de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA).

La intervención tuvo lugar en un momento en el que estas normas europeas empiezan a hacerse operativas y, según la representante del Gobierno Vasco, su puesta en marcha traerá cambios relevantes para varios frentes.

Melgosa explicó que el PEMA tocará directamente a los procedimientos de asilo, a la identificación de vulnerabilidades, a los tiempos de estancia de las personas solicitantes, a las derivaciones entre servicios, a los recursos de acogida y a la atención jurídica.

También afectará a la protección de menores y a los mecanismos de solidaridad entre Estados miembros. En resumen, se trata, en sus palabras, de un cambio profundo que tendrá efectos reales sobre las personas migrantes, sobre quienes buscan protección internacional, sobre los servicios públicos, sobre las entidades que acompañan a estas personas y, por supuesto, sobre las comunidades que las acogen.

La consejera subrayó la necesidad de avanzar con información, concreción y participación ya. En su diagnóstico, el nuevo marco europeo llega con una serie de preguntas sin respuesta y de cifras aún por fijar a nivel estatal, lo que complica a Euskadi la planificación de medios y la toma de decisiones responsables.

No parece suficiente pedir responsabilidad a las instituciones sin disponer de los datos necesarios para ejercerla con criterios claros. De hecho, Melgosa insistió en que no se puede exigir a una comunidad autónómica que asuma tareas sin disponer de la información que permite hacerlo con transparencia y previsión.

Otro eje de su intervención fue la coordinación entre administraciones. La responsable vasca reclamó espacios reales de decisión compartida y una cooperación que permita abrir procesos de toma de decisiones de forma abierta y anticipada, no solo cuando ya se han aplicado las reglas.

En ese marco, el curso se convirtió en una plataforma para discutir no solo la llegada de migrantes, sino toda la trayectoria de la migración: desde la protección de la infancia y la inclusión sociolaboral, hasta el impacto emocional del proceso, pasando por las fronteras norte y sur, el codesarrollo y los retos que enfrentan las sociedades de acogida.

La lectura de Melgosa, en clave regional, apunta a un enfoque que no se limita a la llegada de las personas. Sostiene que una migración sostenible pasa por asegurar empleo, formación, vivienda, salud, educación, sentido de comunidad y bienestar emocional. En otras palabras, la migración tiene que verse como un proceso integral que requiere políticas que acompañen a las personas en todas las fases: desde la llegada hasta la plena incorporación social y laboral.

Para contextualizar, el PEMA forma parte de la estrategia de la Unión Europea para reformar la gestión migratoria y buscar un marco de responsabilidad compartida entre Estados y comunidades, con mecanismos de solidaridad que permitan apoyar a países y regiones que habitualmente gestionan grandes flujos migratorios.

Aunque su implementación está marcada por etapas y por la necesidad de acuerdos entre los Estados miembros, en Euskadi se está buscando traducir ese marco en una realidad que sirva al conjunto de la población, sin perder de vista los derechos de las personas migrantes y la cohesión de las comunidades de acogida.

En definitiva, la intervención de la consejera Melgosa durante el UIK dejó claro que, más allá de los plazos, lo esencial es dibujar reglas claras y un marco de cooperación que permita a Euskadi planificar recursos, ajustar servicios y garantizar derechos.

La conversación en torno al PEMA, en este sentido, no es solo una discusión normativa; es un compromiso con una gestión de la movilidad humana que antepone la dignidad, la protección de los menores y la construcción de sociedades más inclusivas y resilientes.