En Euskadi, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, participó hoy en la sesión del Consejo Territorial de Memoria Democrática, que se celebró en la isla de La Palma.

El encuentro, presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reunió a representantes de las distintas comunidades autónomas para tratar varios asuntos relevantes en materia de memoria histórica.

Uno de los temas principales fue la revisión y avance de un registro y censo de víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista, un proyecto que el Gobierno central quiere que tenga alcance estatal y que permita entender mejor quiénes desaparecieron y dónde podrían estar sus cuerpos.

San José dejó claro, durante su intervención, que el Departamento de Justicia y Derechos Humanos no quiere quedarse en un gesto simbólico, sino que pretende colaborar de forma activa en este censo compartido para todo el Estado.

Su idea es facilitar la localización de aquellas personas vascas que desaparecieron durante la guerra o la posguerra y que, por circunstancias de la época, podrían estar enterradas fuera de Euskadi.

En este sentido, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, conocido como Gogora, podría jugar un papel clave al compartir sus datos con el objetivo de cruzar información y localizar a estas víctimas que están dispersas entre fosas fuera del territorio vasco.

El Consejo Territorial de Memoria Democrática también repasó los distintos proyectos en curso de las comunidades autónomas en este ámbito y analizó la distribución de los créditos destinados a actuaciones de memoria democrática para el año 2026.

La idea es asegurar que el dinero público llegue a iniciativas que permitan avanzar en la localización de fosas, la exhumación de cuerpos, el reconocimiento a las víctimas y la participación de los familiares.

Este balance de proyectos y recursos también busca evitar duplicidades y fomentar la coordinación entre administraciones para que las actuaciones sean más eficaces y transparentes.

Más allá de las decisiones concretas de presupuesto, las declaraciones de San José subrayan una línea de trabajo que ha estado presente en la historia reciente: la memoria como una herramienta de convivencia.

En el marco de la memoria democrática, la idea es que conocer la verdad sobre lo ocurrido en la Guerra Civil y la dictadura no sea solo un ejercicio histórico, sino una base para cerrar heridas, reconocer a las víctimas y apoyar a sus familias.

En Euskadi, la memoria no se entiende como un episodio aislado, sino como una responsabilidad colectiva que debe enlazarse con políticas de derechos humanos, memoria educativa y reconciliación social.

Históricamente, la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista dejaron un rastro de dolor que perduró durante décadas, con miles de personas desaparecidas y fosas comunes dispersas por todo el territorio y, en ocasiones, fuera de Euskadi.

Las instituciones, entre ellas Gogora, han insistido en la necesidad de una catalogación amplia y de una cooperación interterritorial para que la memoria sea compatible con la búsqueda de verdad y con el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos.

Este paso de coordinación y censo compartido podría facilitar nuevas vías de investigación, exhumación y reconocimiento público de las víctimas, así como el desarrollo de políticas que permitan a las familias obtener apoyo y respuestas.

En definitiva, la participación de Euskadi en el Consejo y la apertura a un censo estatal de víctimas marcan un compromiso práctico con la memoria histórica: ampliar la cooperación entre comunidades, optimizar recursos y, sobre todo, acercar la verdad a las familias afectadas, para que ningún desaparecido quede en el olvido y para que la historia de la Guerra Civil y la dictadura sirva de lección para las futuras generaciones.