El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, aprobó un presupuesto de 20,7 millones de euros para financiar la prestación del servicio público de asistencia jurídica gratuita en 2026.

Este importe representa un aumento de 2,7 millones respecto a 2025 y se justifica en la voluntad de garantizar la accesibilidad a la justicia para todas las personas, incluso cuando no cuentan con recursos económicos suficientes para contratar a una persona profesional de la abogacía.\n\nA propuesta de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el consejo de gobierno autorizó hoy este gasto para el turno de oficio y para la labor de la Procuraduría de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que prestan este servicio en 2026.

La justicia gratuita es un derecho constitucional que busca garantizar que nadie quede desprotegido ante un proceso judicial por motivos económicos. Este marco está recogido, además, en la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, así como en el Decreto 153/2018, de asistencia jurídica gratuita.\n\nDesglose presupuestario: las Colegios de la Abogacía recibirán 17,6 millones de euros para financiar el turno de oficio y de guardia, y 1,8 millones de euros para gastos de funcionamiento.

Este año se ha sumado al importe global lo destinado previamente a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en 2025, un soporte que, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, dejó de ser un proyecto piloto en el segundo trimestre de 2025.

El importe no ejecutado de esa subvención, alrededor de 360.000 euros, no se perdió; fue reorientado a las partidas de Turno de Oficio y de Guardia y a gastos de funcionamiento, con las siguientes asignaciones: 107.000 euros para turno de oficio y de guardia y 253.000 euros para gastos de funcionamiento.\n\nPor su parte, los Colegios de Procuradores recibirán 1 millón de euros para el turno de oficio y 250.000 euros para gastos de funcionamiento. En conjunto, estas transferencias permiten que el presupuesto para 2026 supere en 2,7 millones el de 2025, reforzando la labor de defensa de derechos de las personas con menos recursos.\n\nContexto y objetivos: garantizar el acceso al servicio público de la Justicia y su plena accesibilidad es una de las prioridades del Departamento que dirige María Jesús San José.

Este esfuerzo busca evitar que nadie renuncie a defender sus derechos por motivos económicos, y se alinea con el objetivo establecido en el Programa de Gobierno de la legislatura para agilizar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y dignificar el trabajo de abogados, procuradores y graduados sociales que intervienen en este ámbito.\n\nContexto histórico: la asistencia jurídica gratuita es un pilar fundamental del sistema de garantías jurídicas. La Constitución española reconoce este derecho y ha sido desarrollado a través de la Ley 1/1996 y el Decreto 153/2018. En el marco de Euskadi, la política de justicia gratuita ha ido evolucionando para adaptarse a cambios normativos y a las nuevas estructuras de eficiencia del servicio público de justicia; la Ley Orgánica 1/2025 introdujo medidas para mejorar la eficiencia y la gestión de recursos, lo que también implicó reorganizar fondos de programas complementarios como MASC.

En 2025, la finalización de la subvención a los Colegios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para MASC se reemplazó por una redistribución, asegurando continuidad en la prestación del servicio de turno de oficio y de guardia, así como en los gastos de funcionamiento, con el objetivo de mantener la calidad de la atención jurídica para las personas con menos recursos.\n\nLa propia administración subraya que estas medidas no solo fortalecen la cobertura legal sino que buscan hacer más sostenible el sistema de defensa de derechos; la intención es consolidar las actuaciones de apoyo a la defensa jurídica gratuita con un marco presupuestario estable, capaz de responder a las necesidades de una ciudadanía diversa y a las exigencias de un sistema judicial que se haya de sostener en principios de igualdad y dignidad.

Con estas acciones, Euskadi aspira a reforzar una justicia más accesible, menos dependiente de la capacidad económica de los ciudadanos y más acorde con los principios constitucionales que inspiran la protección de derechos fundamentales.\n