La ciudad de Donostia, en Euskadi, fue sede hoy de la apertura del curso de verano titulado 'Conflictos familiares judicializados y bienestar infantil', un evento organizado por el departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco en colaboración con la Universidad del País Vasco.

La consejera de Justicia, María Jesús San José, pronunció unas palabras en las que subrayó la necesidad de una justicia que, sin comprometer su rigor, se muestre sensible a las complejidades emocionales, psicológicas y sociales que enfrentan muchas familias durante procesos de ruptura o conflictos judiciales.

Este curso de verano, que se celebra en el Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián, tiene como objetivo abordar con rigor un ámbito complejo y delicado como lo son los conflictos familiares que llegan a los tribunales y su impacto en la infancia.

La iniciativa surge en un momento en que las dinámicas familiares en la sociedad vasca, al igual que en otras partes del mundo, se han transformado y diversificado, generando en algunos casos disputas que terminan en procedimientos judiciales.

San José hizo énfasis en que las instituciones tienen la responsabilidad de que estos procesos no agraven el sufrimiento de los involucrados, en especial de los menores vulnerables.

La consejera reiteró la importancia de trabajar en una justicia que comprenda la emocionalidad y las circunstancias sociales en las que se ven inmersas las familias en conflicto, colocando en el centro el bienestar de las niñas y niños.

Uno de los aspectos clave que se destacó en el evento es la labor del Equipo Psicosocial Judicial, encargado de realizar evaluaciones psicológicas y socio-familiares en casos de custodia infantil.

Estas evaluaciones, que sirven como fundamentos técnicos para que los jueces puedan tomar decisiones informadas y humanas, han tenido una gran relevancia en la práctica judicial vasca.

Según datos recientes, en 2023 este equipo atendió 984 demandas de intervención pericial en el ámbito civil, provenientes de Juzgados de Familia, de Violencia sobre la Mujer y otros órganos judiciales.

Esto significa que casi mil familias que enfrentaron rupturas contenciosas con hijos o procesos de modificación de medidas parentales fueron objeto de análisis profesional.

Los informes elaborados por estos expertos tienen una alta congruencia con las sentencias judiciales, ya que en más del 80 % de los casos las resoluciones coinciden con los hallazgos periciales, lo cual evidencia la utilidad y precisión de estos estudios.

La consejera también anunció que su departamento continuará desarrollando protocolos, criterios y buenas prácticas que involucren a todos los profesionales implicados en estos procesos, incluyendo personal de los Puntos de Encuentro Familiar, servicios públicos y privados de atención familiar, así como peritos que elaboran informes en el ámbito privado.

La cooperación interdisciplinaria y la comprensión integral del conflicto familiar son fundamentales para una resolución que priorice en todo momento el interés superior de las niñas y niños.

Finalmente, San José comentó que la resolución de los conflictos familiares no puede limitarse a una confrontación legal, sino que requiere un enfoque que combine el conocimiento jurídico, psicológico y social.

Solo así será posible promover una justicia que sea tanto rigurosa como empática, garantizando siempre la protección y el bienestar de los menores involucrados en estos delicados procedimientos.