En Salvador de Bahía, entre los días 18 y 20 de marzo, se está desarrollando el II Encuentro Nacional de Mujeres en Justicia Restaurativa, un foro que reúne a casi 300 participantes de distintas regiones de Brasil.

Este encuentro cuenta con el apoyo del Tribunal de Justicia del Estado de Bahía y propone intercambiar experiencias para reforzar el protagonismo de las mujeres en la construcción de una cultura de paz en el país sudamericano.

En este marco, Euskadi ha sido invitada a exponer su recorrido en las últimas dos décadas para incorporar las prácticas restaurativas al sistema de justicia y a presentar las líneas del futuro marco normativo vasco orientado a la Justicia Restaurativa.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha destacado que el modelo vasco no es una teoría abstracta sino un compromiso político, ético y social con los derechos humanos, la reparación del daño y la cohesión social.

Según sus palabras, la Justicia Restaurativa coloca a las personas en el centro del proceso, reconoce el sufrimiento de las víctimas y ofrece a quienes han causado daño la oportunidad de asumir su responsabilidad y participar en su reparación.

Este enfoque, además de humanizar la justicia, busca fortalecer la cohesión social al plantear una respuesta que no se limite a la sanción penal, sino que combine la reparación del daño con la reconstrucción de vínculos sociales.

San José dejó claro que la Justicia Restaurativa vasca no pretende sustituir la justicia penal tradicional, sino complementarla. La Ley de Enjuiciamiento Criminal ya permite incorporar prácticas restaurativas dentro del procedimiento penal, abriendo la posibilidad de espacios de reparación junto a la resolución judicial.

Pero Euskadi ha ido más allá al contemplar procesos restaurativos incluso en situaciones en las que no resulta posible iniciar un procedimiento penal, como cuando el delito ha prescrito o no se identifica al autor.

“Incluso cuando el sistema penal no puede actuar, las víctimas siguen necesitando espacios de escucha, reconocimiento y reparación”, afirmó la consejera.

La trayectoria del País Vasco en este ámbito se remonta a 2007, cuando se pusieron en marcha programas de mediación penal en distintas fases del procedimiento.

En 2018, el Gobierno Vasco impulsó el desarrollo de la Justicia Restaurativa como política pública específica desde el propio departamento que dirige San José.

Desde entonces, Euskadi ha ido creando herramientas adaptadas a cada caso, como mediación penal, encuentros restaurativos, círculos restaurativos y programas de responsabilización del daño.

Estas prácticas se llevan a cabo en coordinación con servicios que trabajan con justicia de adultos, justicia juvenil y ámbito penitenciario.

Durante el encuentro también participó Inés Soria, asesora de Política Departamental, quien aportó una visión desde su doble experiencia de magistrada y responsable de políticas públicas.

Subrayó la importancia de incorporar la perspectiva de las víctimas al sistema de justicia y de complementar el proceso penal con espacios de escucha, reconocimiento del daño y reparación.

Asimismo, destacó el papel de las administraciones públicas para impulsar el modelo a través de servicios de justicia restaurativa, atención a las víctimas y la coordinación entre recursos institucionales.

San José avanzó también que el Gobierno Vasco está trabajando en el Anteproyecto de Ley Autonómica de Justicia Restaurativa, un instrumento que permitirá ordenar y visibilizar el modelo vasco, reconociéndolo institucionalmente y garantizando su continuidad dentro del sistema de justicia.

En la mesa institucional y técnica también participó la visión de política pública para consolidar estas prácticas como una herramienta permanente, con especial énfasis en la coordinación entre actores y la formación de profesionales para garantizar estándares homogéneos y derechos de las víctimas plenamente reconocidos.