En Euskadi se presenta el VI Plan de Justicia Juvenil de la CAPV para el periodo 2025-2029, un documento que mantiene la idea de que la intervención con jóvenes en conflicto con la ley debe ser educativa, social y adaptada a cada caso.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, explicó en el Parlamento Vasco las líneas generales del plan y dejó claro que su prioridad es asegurar que cada actuación en materia de justicia juvenil sea coordinada, eficiente y respetuosa con los derechos fundamentales de las personas menores.

Acompañó la comparecencia el director de Justicia, José María Bastos.

Este plan llega en un momento en el que Euskadi quiere consolidar una visión de justicia juvenil más preventiva y menos punitiva, basada en la educación como motor de la reinserción.

Se mantiene la idea de un enfoque integral y adaptativo, que combina medidas educativas, socioeducativas y de reinserción, y que se ajusta a las circunstancias personales, familiares y sociales de cada menor.

La consejera insistió en que cada caso es único y, por ello, la intervención debe personalizarse para favorecer la responsabilidad social y la integración plena en la comunidad.

Entre las medidas que contempla el plan destacan las orientadas a la intervención en medio abierto, que evitan la privación de libertad cuando es posible.

Estas incluyen la libertad vigilada, la realización de tareas socioeducativas, las prestaciones en beneficio de la comunidad y la permanencia en domicilio.

En contraposición, cuando se requieren medidas privativas de libertad, éstas se organizan en tres niveles dentro de centros educativos: el nivel I, de mayor restricción y especialización, gestionado directamente por el Departamento; y los niveles II y III, menos restrictivos, gestionados por entidades sin ánimo de lucro.

En todos los casos la finalidad es una atención socioeducativa que fomente la reintegración y la mejora de las posibilidades inmediatas de los menores.

Como pilar adicional, el plan incorpora una evaluación externa y continua para garantizar pertinencia, eficiencia y rigor. La Dirección de Justicia trabajará junto al Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco (EHU) para elaborar memorias de actividad anual, una evaluación intermedia y una final.

Personal investigador externo de la EHU asesorará metodológicamente, recabará información y elaborará resultados que permitan mantener una visión objetiva y actual sobre la realidad social, educativa y judicial de las personas menores, facilitando la mejora continua de las políticas públicas.

En cuanto a recursos y estructura, San José detalló la previsión económica: más de 12,6 millones de euros se destinarán a los servicios de medio abierto, distribuidos según provincia y la capacidad de cada servicio.

El centro público Ibaiondo, único de nivel I, contará con un presupuesto de 42,9 millones de euros, mientras que los centros de nivel II y III, gestionados por entidades sin ánimo de lucro, sumarán 57,7 millones de euros.

En materia de seguridad, se prevé una inversión de 14,7 millones de euros, de los cuales la mitad irá destinada a Ibaiondo.

La consejera subrayó que el éxito del plan depende también de contar con profesionales especializados y en número suficiente. Para 2025-2029, se propone que los servicios de medio abierto, con una ratio de un profesional por quince menores, cuenten con 16 profesionales en Bizkaia, ocho en Gipuzkoa y cinco en Álava.

En los centros educativos de justicia juvenil se mantiene una estructura de personal de dirección y administración, personal técnico y de coordinación, educadores y educadoras, profesorado y personal de servicios auxiliares, con el objetivo de garantizar una atención integral y personalizada.

Por ejemplo, Ibaiondo contará con 39 plazas y un equipo compuesto por 65 educadores y educadoras, cinco personas en dirección y administración, dos psicólogos, dos trabajadores sociales, trece docentes y personal de servicios auxiliares.

Los centros gestionados por entidades sin ánimo de lucro adaptarán su personal a la capacidad y necesidades de cada centro.

El plan se apoya en principios como la coordinación interinstitucional, la transparencia y rendición de cuentas, la atención individualizada, la prevención y la reinserción, y la evaluación continua.

San José cerró destacando que este VI Plan de Justicia Juvenil 2025-2029 representa un compromiso firme del Gobierno Vasco con las y los menores que entran en conflicto con la ley, garantiza el respeto de sus derechos, asegura una atención educativa y socioeducativa integral y promueve una gestión de recursos públicos eficiente, responsable y transparente.