En Euskadi, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha dejado claro en Radio Vitoria que la ausencia de información detallada sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que entrará en vigor en España el 12 de junio, genera una gran incertidumbre y se percibe cierta dejadez de funciones por parte del estado.

“El PEMA ya se aprueba en la UE en un plazo corto, pero cada país debe proponer cómo lo va a implementar y, de momento, las regiones no conocemos esas propuestas”, afirmó la consejera.

A un mes de la entrada en vigor, Euskadi afirma no saber todavía cómo se aplicará el pacto ante la complejidad de gestionar recursos y coordinación entre administraciones.

Melgosa ha señalado que, ante esa falta de concreción, la valoración de la situación queda muy condicionada por decisiones que se toman en Bruselas y en Madrid, en contra de lo que querría la región para una gestión que empuja a un enfoque de derechos humanos y dignidad.

La dirigente vasca subrayó que el Gobierno Vasco quiere un marco de actuación que responda a su Modelo Vasco de Acogida, y que lo que se decide en la capital de España no debe contraponerse a la realidad que se vive en Euskadi.

En su interpretación, Europa podría fijar principios generales, pero luego corresponde a las comunidades y regiones desarrollar la implementación real con recursos y estructuras propias.

“En Euskadi sabemos hacer y creemos que debemos tener las competencias en materia de inmigración. Si desde Europa se decide en un despacho, luego en el día a día la acogida la gestionamos las regiones. Si el estado no quiere hablar de esto, las regiones europeas sí; Euskadi sí”, sintetizó la consejera.

Sobre la posibilidad de que Euskadi reciba la etiqueta de Frontera Norte, Melgosa comentó que se trata de una reivindicación de identidad y de un símbolo político.

Recordó que Euskadi lleva dos décadas demostrando capacidad para gestionar políticas de acogida e migración y que, aunque Canarias reciba reconocimiento como Frontera Sur, la región vasca busca un encaje similar en el marco europeo y español.

Casos concretos de atención y gestión en el territorio muestran el pulso de la realidad migratoria. En Hilanderas de Irun, Cruz Roja presentó recientemente un balance de su servicio de atención a migrantes en tránsito: 3.121 personas atendidas durante 2025 y más de 40.000 atenciones acumuladas desde 2018. Este balance se analizó en la Mesa Interinstitucional que reúne al Gobierno Vasco, ayuntamientos de Irun y Hondarribia, Diputaciones Forales, Delegación del Gobierno y ONG, para valorar qué pasaría si la firma del convenio de Hilanderas quedara en suspensión.

“Necesitamos saber si, aunque no sea nuestra competencia, tendremos que activar recursos o si tendrán que tomar medidas los ayuntamientos”, explicó Melgosa.

En esa misma reunión se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que aclare si Hilanderas seguirá operando y qué ocurrirá en Euskadi cuando entre en vigor el PEMA.

Otra pieza clave de la infraestructura de acogida es Centro Arana, en Vitoria-Gasteiz, que se anunció como centro para acoger a 120 personas, principalmente familias monoparentales.

Melgosa reiteró que ese modelo no es adecuado para Gasteiz ni para Euskadi, y que, si dependiera de las competencias del Gobierno Vasco, ese centro no existiría.

El objetivo es adaptar la oferta a la nueva realidad que traerá el PEMA y la regularización de personas en situación irregular, de modo que los edificios existentes se transformen en recursos más acordes a las necesidades reales.

“No quiero ese modelo; debemos repensarlo para que sirva a la ciudad y a la comunidad en el nuevo marco”, dijo la consejera en referencia al Centro Arana.

La conversación con Melgosa, que también participó Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, revela que la región está a la expectativa de una transición que debe ir acompañada de claridad jurídica y de recursos.

Históricamente, la política migratoria europea ha vivido procesos de ajuste tras crisis y cambios regulatorios, y el PEMA persigue establecer un marco más claro para la gestión de asilo y migración en todo el bloque.

En Euskadi, se observa un deseo explícito de consolidar una acogida guiada por derechos humanos, autonomía regional y coordinación con otros niveles de la administración, incluso cuando aparecen símbolos y debates sobre fronteras que, en la práctica, deben traducirse en respuestas efectivas para las personas que llegan buscando oportunidades o protección.