El I Congreso Internacional de Derecho de Extranjería de Bilbao deja conclusiones que piden pasar del control de fronteras a políticas centradas en las personas: vivienda, empleo, formación, derechos y pertenencia. Más de 700 personas y decenas de expertos piden coordinación entre Europa, Estado, Euskadi y ayuntamientos.
El Palacio Euskalduna de Bilbao ha acogido durante dos días el I Congreso Internacional de Derecho de Extranjería, Acogida e Inmigración. Un encuentro que ha reunido a más de 700 personas, 8 mesas redondas paralelas, 2 ponencias principales y decenas de expertos y expertas. Lo ha clausurado el viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta, con un mensaje que se entiende sin diccionario: hablar de extranjería, acogida e integración es hablar de normas y procedimientos, pero también de personas.
Esa doble dimensión obliga a trabajar con rigor. Rigor jurídico para garantizar derechos y obligaciones. Rigor administrativo para aplicar bien los procedimientos. Y rigor en el debate público para no caer en simplificaciones que no ayudan a entender una realidad compleja. Ese es el espíritu con el que se ha cerrado el congreso.
Las conclusiones generales las ha presentado el doctor en Sociología Xabier Aierdi. La idea de fondo es que una política migratoria sólida no se define solo por controlar entradas o aprobar nuevas normas. Se define por la capacidad de las instituciones y de la sociedad para convertir los derechos formales en oportunidades reales, coordinar responsabilidades y acompañar proyectos de vida.
Para ponerlo en contexto: España aprobó su primera Ley de Extranjería en 1985, en plena época de cierres y regularizaciones. La Ley Orgánica 4/2000 llegó con el cambio de siglo y desde entonces ha sido reformada muchas veces entre reglamentos, sentencias y directivas europeas.
En Euskadi, la presencia de personas migrantes pasó de ser algo casi excepcional en los años 90 a formar parte normal de muchos barrios. Ese cambio explica por qué un congreso así ya no es un lujo, sino una necesidad.
1. Una política migratoria centrada en las personas. Las migraciones son una realidad estructural de las sociedades actuales. No se pueden abordar solo como control fronterizo, gestión administrativa o cobertura de puestos de trabajo. Hace falta una mirada integral que combine derechos, seguridad jurídica, acogida, inclusión, participación y convivencia. Detrás de cada expediente hay una persona con una trayectoria, una familia, capacidades y un proyecto de vida. La eficacia de las políticas migratorias debe medirse por su capacidad para garantizar derechos y generar autonomía, estabilidad y pertenencia. La regularización administrativa es un punto de partida, no una meta: tiene que conectarse con el empleo, la formación, la vivienda, la educación, la salud, los servicios sociales, el aprendizaje de lenguas y la participación comunitaria.
2. Pacto Europeo de Migración y Asilo: aplicación con garantías y gobernanza multinivel. La conferencia sobre Euskadi ante el Pacto Europeo de Migración y Asilo ha destacado que el nuevo marco común puede aportar más coordinación, procedimientos más homogéneos y un reparto más equilibrado de responsabilidades entre Estados.
Pero se ha reclamado una mayor participación de las regiones en su diseño y aplicación. Su valor dependerá de cómo se aplique. La rapidez de los procedimientos, la interoperabilidad de los sistemas y la preparación ante aumentos de flujos no pueden debilitar la asistencia jurídica, la identificación de vulnerabilidades, la protección de menores ni la supervisión independiente de los derechos fundamentales.
Mikel Antón, Alfred Woeger y Razan Ismail coincidieron en la necesidad de una gobernanza multinivel real. Las autoridades autonómicas y locales no deben limitarse a ejecutar decisiones ajenas: tienen que participar en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas, porque son ellas las que conectan el marco europeo con los sistemas sociales, sanitarios, educativos y de acogida.
También se ha pedido financiación suficiente para la integración, comunicación pública basada en evidencias y cooperación con terceros países que no subordine los derechos a los objetivos de control.
3. Legislación de extranjería y garantías jurídicas. La mesa dedicada a la legislación de extranjería ha mostrado un sistema muy complejo, construido por la interacción entre la Ley Orgánica 4/2000, los sucesivos reglamentos, la jurisprudencia y el Derecho de la Unión Europea.
José Mª Pey ha señalado que, aunque la ley de referencia sigue ahí, el modelo ha cambiado mucho: el reglamento ha ganado un papel central y los tribunales han tenido que fijar límites y garantías.
Figuras que nacieron como excepcionales, como el arraigo, se han convertido en vías ordinarias de regularización individual. Patricia Fernández ha puesto el foco en los efectos concretos de la norma: requisitos de vivienda, padrón, contratos o documentación que pueden funcionar como barreras de exclusión; dificultades para compatibilizar el asilo con otras vías de regularización; y riesgos de desprotección en frontera.
La conclusión compartida fue clara: la irregularidad administrativa nunca puede anular los derechos vinculados a la dignidad humana. Se ha propuesto simplificar procedimientos, reducir la irregularidad sobrevenida, mejorar las oficinas de extranjería, flexibilizar renovaciones y garantizar que el interés superior de niños y niñas prevalezca sobre cualquier categoría administrativa.
La mesa sobre garantías jurídicas ha reforzado estas conclusiones. César Tolosa, Patricia Bárcena y Susana Cuesta han recordado que los derechos fundamentales corresponden a todas las personas, con independencia de su situación documental.
Para que eso sea real hacen falta información comprensible, traducción, asistencia letrada, tutela judicial, acceso efectivo al asilo y control de los espacios de privación de libertad.
El Tercer Sector Social cumple una función decisiva al detectar barreras, acompañar casos, canalizar denuncias y promover cambios mediante la incidencia y el litigio estratégico.
4. Formación, empleo y extranjería: del contrato al proyecto de vida. La sesión sobre formación y empleo ha concluido que el envejecimiento y el relevo generacional harán imprescindible la aportación de población migrante al futuro de Euskadi.
Pero las personas no pueden valorarse solo como respuesta a vacantes o necesidades productivas. Sus derechos y su dignidad son independientes de su utilidad económica. El reto consiste en transformar una necesidad demográfica y laboral en un proyecto compartido de prosperidad, cohesión y pertenencia. Conferencias y testimonios señalaron obstáculos muy concretos: lentitud de permisos y visados, homologaciones prolongadas, sobrecualificación, falta de reconocimiento de competencias, dificultades de vivienda y concentración en sectores precarios, especialmente los cuidados.
Las transiciones digital y ecológica aumentarán la demanda de nuevas capacidades, por lo que serán esenciales la formación continua y unos itinerarios ágiles que conecten educación, acreditación y empleo.
También se pidió actualizar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y coordinar mejor administraciones, servicios de empleo, empresas y entidades sociales.
Las experiencias presentadas han mostrado que la inserción no termina con la firma de un contrato. Requiere condiciones laborales dignas, estabilidad, vivienda, apoyo familiar, aprendizaje, redes sociales y acompañamiento emocional. Las pequeñas empresas necesitan apoyo para formar y contratar; las personas trabajadoras necesitan seguridad para desarrollar un proyecto de vida. La calidad de la integración debe medirse por la autonomía y la permanencia, no solo por el número de puestos cubiertos.
5. Mujeres migradas: una perspectiva de género interseccional. El taller sobre mujeres migradas ha subrayado que la situación administrativa, el género, el origen, la posición socioeconómica y las responsabilidades familiares se combinan y pueden intensificar la desigualdad.
Normas que parecen neutrales, como las de empadronamiento, vivienda, homologación o reagrupación familiar, producen efectos distintos cuando se aplican a realidades desiguales.
Por eso, la perspectiva interseccional debe incorporarse al diseño, ejecución y evaluación de todas las políticas migratorias, y no tratarse como un añadido.
Se han reclamado respuestas especializadas para las mujeres víctimas de violencia machista, especialmente cuando la dependencia económica, familiar o documental dificulta pedir ayuda.
Entre las prioridades figuran ampliar el empadronamiento social, agilizar homologaciones, mejorar la conciliación y la protección de familias monomarentales, ofrecer atención psicosocial con adecuación cultural y lingüística y formar a profesionales para evitar estereotipos.
Las redes comunitarias y las Casas de las Mujeres son esenciales, pero no sustituyen la responsabilidad institucional de eliminar barreras y prevenir la violencia institucional.
6. Acompañamiento, pertenencia y buenas prácticas. Las buenas prácticas analizadas coinciden en distinguir entre «estar» y «pertenecer». Una autorización o una atención puntual no garantizan inclusión. Los itinerarios deben ser personalizados, continuos y multidimensionales, con vivienda, formación, empleo, apoyo jurídico, participación y vínculos comunitarios.
Programas como TRAPEZISTAK en Euskadi y PUOI Plus en Italia muestran que la colaboración público-social y público-privada puede convertir la vulnerabilidad en autonomía mediante ventanillas únicas, acompañamiento profesional, prácticas tutorizadas e intermediación laboral.
La integración se construye principalmente en barrios, pueblos y ciudades. Por eso, los indicadores de éxito deben ir más allá del número de atenciones o expedientes: han de observar si las personas acceden a derechos, crean redes, participan, alcanzan autonomía y se sienten parte de la comunidad.
El acompañamiento funciona mejor cuando escucha a las personas destinatarias y combina responsabilidad pública, experiencia del tercer sector e implicación empresarial.
7. Euskadi y los municipios: competencias al servicio de la integración. Las conferencias sobre nuevas competencias e instrumentos han afirmado que, aunque las decisiones sobre entrada, residencia y asilo se adoptan principalmente en Europa y en el Estado, la integración ocurre en el territorio.
Euskadi, el Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos gestionan ámbitos decisivos como empleo, educación, vivienda, salud y servicios sociales, y deben disponer de capacidad, información y recursos para responder.
La cuestión no es solo quién tiene formalmente una competencia, sino cómo se coordinan las instituciones para ofrecer soluciones efectivas. Se ha propuesto reforzar los mecanismos bilaterales entre el Estado y Euskadi, para que Euskadi tenga más competencias en materia migratoria, e incorporar de forma estable a los municipios en la planificación, apoyando especialmente a las localidades pequeñas y medianas con financiación, formación y asistencia técnica.
El objetivo es evolucionar desde la estabilidad del sistema vasco de acogida e integración actual hacia uno más coordinado, evaluable y con mayor participación de las personas migrantes en la vida pública.
En resumen, el congreso deja una idea que cabe en una frase: migrar no es solo un trámite administrativo, es una vida. Y las políticas migratorias serán buenas no solo cuando controlen mejor, sino cuando consigan que la gente pueda vivir con derechos, con oportunidades y con la sensación de formar parte de la sociedad.