En Euskadi, la clausura de la VI Jornada de Inclusión dejó claro que la mirada de las políticas públicas ya no se centra solo en el crecimiento económico, sino en traducir ese crecimiento en condiciones de vida reales para todas las personas.

El Vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, subrayó que la inclusión social y laboral debe articularse como eje de cohesión, convivencia democrática y desarrollo económico.

El acto reunió a instituciones, entidades sociales, personal técnico, ámbito académico y agentes comprometidos con las políticas públicas de inclusión, y el cierre sirvió para hacer balance de lo trabajado y mirar hacia el futuro.

Torres agradeció la participación y el esfuerzo de las personas e instituciones involucradas, destacando que el intercambio de conocimiento y experiencia es clave para avanzar hacia políticas más eficaces y cercanas a la ciudadanía.

La principal enseñanza de la jornada es que la inclusión no es una tarea sencilla ni automática; requiere decisiones políticas conscientes y un esfuerzo continuo para evitar que nadie quede atrás.

Al defender una visión de futuro, el vicepresidente insistió en que la competitividad económica y la cohesión social deben avanzar a la vez, como dos caras de la misma moneda, porque un país con menos desigualdades tiende a ser más competitivo.

El crecimiento económico, además, debe traducirse en mejoras tangibles de la vida cotidiana: mejor acceso a empleo digno, mayor autonomía personal y oportunidades reales para construir un proyecto de vida completo.

El departamento de Economía, Trabajo y Empleo ha reiterado su compromiso con un modelo de empleo inclusivo y de calidad, concebido como una herramienta para garantizar oportunidades reales y facilitar la autonomía de las personas a lo largo de su trayectoria vital.

El marco normativo vasco que se cita contempla derechos de inclusión social y laboral y políticas activas de empleo, y se presenta como base para activar oportunidades y crear condiciones que permitan a cada persona avanzar en su itinerario personal.

Los responsables también destacaron la necesidad de reforzar alianzas institucionales y territoriales para afrontar la complejidad de los procesos de inclusión; la cohesión social no se construye desde una única política ni desde una sola institución, sino a través de cooperación, escucha y responsabilidad compartida en barrios, municipios y vida diaria.

Se hizo hincapié en mantener la inclusión en el centro de la agenda pública como una responsabilidad colectiva y una decisión estratégica para el conjunto del país, para fortalecer la convivencia, la democracia y el futuro económico.

El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, defendió un enfoque transversal: la inclusión no debe verse como una política sectorial aislada, sino como una forma de pensar y de orientar el conjunto de las políticas públicas.

Gurpegui añadió que ámbitos como empleo, vivienda, urbanismo y movilidad influyen directamente en la cohesión social y en las oportunidades de vida de las personas, y que un territorio inclusivo no es aquel sin diferencias, sino aquel en el que esas diferencias no se convierten en desigualdades.

También subrayó la necesidad de garantizar derechos efectivos y oportunidades reales y destacó que la inclusión requiere liderazgo público, reconocimiento de derechos y capacidad de cooperación; los planes de empleo y desarrollo local deben aterrizar las políticas a la realidad de cada territorio.

A modo de contexto histórico, la jornada se inscribe en décadas de construcción de un modelo de bienestar en Euskadi, basado en alianzas entre administraciones, empresas y sociedad civil, con un marco institucional que ha buscado convertir promesas en derechos tangibles y consolidar un sistema de protección social activo.

Con un instrumento fiscal propio y una tradición de cogestión, la región ha podido financiar programas de empleo, vivienda y desarrollo local que articulan la cohesión social con la dinamización económica.

En resumen, el cierre de la VI Jornada de Inclusión reafirmó el compromiso de las instituciones de Euskadi para lograr una economía competitiva y una democracia más sólida, donde nadie quede fuera y donde la cooperación entre administraciones, sector privado y ciudadanía se convierta en la base de una sociedad más justa.