El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco lleva a la Ertzaintza el mensaje «la Falange os vigila», recibido por correo electrónico el pasado fin de semana. Su director, Alberto Alonso, denuncia la «mirada bifocal» con la que parte de la sociedad juzga la violencia según de dónde venga y avisa de que otra institución memorialista estatal también ha sido amenazada.
El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco, al que todo el mundo conoce como Gogora, ha vuelto a estar en el punto de mira de los ultras.
Y esta vez no se ha quedado de brazos cruzados. Su director, Alberto Alonso, ha comparecido ante los medios para contar que la última amenaza llegó el pasado fin de semana y que ya está denunciada ante la Ertzaintza.
El mensaje era corto y nada sutil: «la Falange os vigila». Llegó por correo electrónico y, según ha detallado Alonso, la dirección desde la que se envió incluye el nombre y los apellidos de una persona que se presenta como candidata de esta formación en las elecciones municipales de distintas localidades.
O sea, que no estamos ante un anónimo del montón: quien lo mandó no se molestó demasiado en esconderse.
Y no es un caso suelto. El propio Alonso ha confirmado que otra institución memorialista de ámbito estatal también ha recibido amenazas por la misma vía en estos mismos días.
Un goteo que, según él, demuestra que esto no va de una broma pesada ni de un mensaje suelto en un foro de internet.
Alonso no se ha andado por las ramas: «No hay lugar para la impunidad en Euskadi». Y ha añadido una frase que resume el problema: «La violencia no tiene justificación alguna, provenga de donde provenga». El director de Gogora también ha querido sacar a relucir las amenazas que han sufrido periodistas en el ejercicio de su profesión, para dejar claro que el fenómeno no se limita a las instituciones de memoria.
Donde más ha incidido es en lo que él llama «mirada bifocal». Explicado en román paladino: hay quien se lleva las manos a la cabeza —y con razón— cuando una amenaza o un gesto violento llega desde un lado concreto del tablero político, pero cuando el mismo tipo de intimidación viene del polo opuesto, mira hacia otro lado, la minimiza o incluso la justifica con un «tampoco será para tanto».
Alonso sostiene que esa doble vara de medir se está extendiendo en la sociedad y que es justo lo que da alas a los que amenazan.
Además del mensaje de la Falange, hay otro remitente que se autorretrata de forma bastante explícita. Un colectivo que se define como «movimiento patriota español» asegura en sus correos que su objetivo es instaurar en España un régimen político «verdaderamente cristiano y nacional» y avisa de que actuará «con los medios que considere precisos en cada momento», sobre todo contra los que llama «enemigos jurados de la patria»: el «separatismo terrorista», el «comunismo criminal» y el «liberalismo anticristiano».
Palabras mayores, con un tono que a cualquier lector le suena a tiempos que muchos creían superados.
Para poner todo esto en contexto, conviene recordar de dónde venimos. Gogora nació en 2014, cuando el Parlamento Vasco aprobó la Ley 4/2014 de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, con el objetivo de preservar la memoria de lo ocurrido durante la Guerra Civil, el franquismo y el terrorismo, y de trabajar por la convivencia.
Es decir, es el organismo público que se dedica precisamente a documentar lo que pasa cuando se normaliza la violencia.
La Falange, por su parte, no es ninguna novedad. Falange Española se fundó en 1933, tres años antes del estallido de la Guerra Civil, de la mano de José Antonio Primo de Rivera, y en 1934 se fusionó con las JONS.
Durante la dictadura, la Falange formó parte del partido único del régimen y, tras la muerte de Franco, desapareció como estructura de poder. Ya en 1977, con la democracia recién estrenada, una de esas formaciones se inscribió en el registro de partidos para concurrir a las primeras elecciones.
Desde entonces su presencia electoral ha sido residual, con porcentajes casi testimoniales.
Es decir, que estamos hablando de grupos con un respaldo electoral mínimo, pero que siguen moviéndose y, según denuncia Gogora, siguen lanzando mensajes con la esperanza de que nadie les responda.
La Ertzaintza, la policía autonómica vasca que nació en 1982, es la encargada ahora de investigar quién está detrás de estos correos.
El marco legal tampoco deja lugar a dudas: el Código Penal castiga las amenazas en sus artículos 169 y siguientes, y las amenazas colectivas o con finalidad de atemorizar a un grupo pueden acarrear penas de prisión.
Además, la Ley de Memoria Democrática de 2022 refuerza el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la reparación.
Con todo esto sobre la mesa, el mensaje de Alonso es claro: se puede discrepar de todo, se puede discutir de política hasta quedarse afónico, pero vigilar, intimidar y amenazar no es opinar.
Y en Euskadi, dice, eso no se puede quedar sin respuesta.