En Euskadi, el Gobierno Vasco dio un paso importante en la gestión de los amarres del puerto de Plentzia. Tras la sesión del Consejo de Gobierno, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, informó que se ha iniciado un proceso para reordenar ese espacio portuario, en respuesta a las sentencias que condicionan la convocatoria de adjudicación de 2021.

En concreto, el 18 de febrero se firmó la resolución que deja sin efecto dicha adjudicación, cumpliendo las decisiones judiciales.

Al mismo tiempo, y ante la existencia de criterios no coincidentes en varias sentencias, el ejecutivo vasco ha presentado un incidente de ejecución para que sean los propios juzgados quienes determinen con claridad cómo deben aplicarse las sentencias y qué procedimiento debe seguirse.

Mientras se obtiene ese pronunciamiento firme, las personas que ocupan actualmente plazas de amarre podrán mantener su uso de forma temporal y revocable.

Esta medida es provisional y no crea nuevos derechos, pero garantiza estabilidad mientras se completa el proceso con todas las garantías jurídicas. Barredo subrayó que el objetivo es “ejecutar las sentencias con rigor y seguridad jurídica, evitando decisiones precipitadas que puedan generar nuevos conflictos.

Actuamos con prudencia, seguridad jurídica y diálogo para dar una solución estable y justa a la práctica náutico-recreativa”.

Además, el Consejo de Gobierno aprobó la dotación de 20,7 millones de euros para la prestación del servicio de Justicia gratuita a personas que carezcan de recursos.

Son 2,7 millones más que el ejercicio anterior. Como explicó la portavoz de Gobierno, Ubarretxena, “se trata de una medida que busca evitar que la situación económica de las personas les obligue a renunciar a defender sus derechos ante los tribunales.

Se cumple así el compromiso de impulsar una justicia universal y accesible que se recoge en el programa de Gobierno”.

En paralelo, se anunció la apertura en Donostia de una oficina GAZ (Gazte Ibilbideak Abiarazteko Zerbitzua), un servicio público de referencia para acompañar a las y los jóvenes en sus procesos de emancipación.

Las nuevas instalaciones se ubicarán en Kontadores Gazte Zentroa (Paseo de Pasai San Pedro, 13) y se suman a las ya existentes en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Barakaldo.

El servicio ofrece atención presencial, gratuita y de acceso universal, complementando la modalidad online de GAZ y fortaleciendo la Red Vasca para la Emancipación Juvenil.

Otra medida aprobada fue el criterio favorable para la toma en consideración de la Proposición de Ley de los Grupos PNV y PSE para modificar la Ley 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud.

El objetivo es adoptar medidas urgentes y ajustar la normativa para mejorar el régimen jurídico de las actividades de tiempo libre infantil y juvenil, tanto en lo procedimental como en las garantías de protección de las personas menores de edad.

Por último, para su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, las cinco transferencias acordadas en la comisión mixta del pasado 16 de enero han sido remitidas al Consejo de Gobierno, un trámite imprescindible para la asunción efectiva de las competencias traspasadas.

Este conjunto de decisiones ilustra una estrategia de gobierno que busca equilibrar la seguridad jurídica, la protección de derechos y la promoción de la juventud dentro del marco de un tejido institucional más coordinado.