La sesión plenaria de la Cámara vasca en Euskadi ha puesto sobre la mesa una agenda marcada por la transición energética, la educación y la cultura, con seis iniciativas que podrían definir la orientación de las políticas públicas en los próximos meses.

El debate se desarrolla en un marco de participación ciudadana y de valoración de las inversiones necesarias para avanzar en las prioridades sociales de la región.

El primer punto responde a una moción consecuencia de una interpelación sobre el Pacto Social Vasco para la Transición Energética y el Cambio Climático, así como la Asamblea Ciudadana de Transición Energética y Cambio Climático.

Promovida por Amancay Amets y Villalba Eguiluz, ambas representantes del Grupo EH Bildu, la propuesta reclama reforzar el pacto existente y ampliar su alcance para incluir a más actores de la sociedad civil.

Además, propone mecanismos de participación más transparentes y de rendición de cuentas que permitan ajustar las medidas de eficiencia y reducción de emisiones a las realidades urbanas y rurales de Euskadi.

En términos presupuestarios, se señala que las inversiones para estas medidas requieren una asignación en euros compatible con un plan plurianual, con partidas que deben calibrarse en función de resultados y de la planificación energética regional.

El segundo punto es una proposición no de ley relativa a la revisión del sistema de zonificación escolar para la adjudicación de plazas en función de la distancia real y la accesibilidad al centro educativo.

Autoría del GP Popular Vasco-Euskal Talde Popularra, la iniciativa busca corregir desequilibrios en el acceso a la educación y reducir las barreras para familias que viven en áreas periféricas o de difícil acceso.

Se plantea un rediseño de criterios que tenga en cuenta la realidad de movilidad de las familias y la necesidad de una red de transporte escolar más eficiente.

Los promotores calculan que, para implementar este marco, podrían ser necesarios recursos en euros destinados a adaptar infraestructuras y sistemas de transporte, estimados en múltiples millones de euros, siempre dentro de un marco presupuestario realista y progresivo.

El tercer punto, también de proposición no de ley, aborda la negociación con los sindicatos para implementar subidas salariales a todo el personal de las administraciones públicas.

Presentada por el GP Grupo Mixto-Sumar, la propuesta enfatiza la apertura de un proceso de negociación colectiva que permita mejoras retributivas sin comprometer la estabilidad de los servicios públicos.

Se subraya la importancia de evitar la erosión salarial y garantizar condiciones laborales acordes con la carga de trabajo. En términos económicos, el coste total de estas subidas se estimaría en un rango de decenas de millones de euros en un horizonte plurianual, sujeto a acuerdos con las partes implicadas y a la capacidad presupuestaria de la Administración.

La cuarta iniciativa es una moción consecuencia de interpelación relativa a acabar con la precariedad de creadoras y creadores, artistas y profesionales del ámbito cultural vasco.

Promovida por Josu Aztiria Urtaran (EH Bildu), la propuesta propone mecanismos de contratación estable, acceso a recursos y líneas de financiación que garanticen una escena cultural más sostenible y diversa.

Los autores señalan la necesidad de invertir en proyectos culturales y en programas de apoyo a la creación, con partidas presupuestarias en euros que aseguren una trayectoria laboral digna para los profesionales de la cultura, evitando la precariedad en el sector y fomentando una economía creativa dinámica.

La quinta iniciativa, promovida por el GP Popular Vasco-Euskal Talde Popularra, se centra en la grave situación que viven los atuneros vascos en Senegal.

La proposición enfatiza la importancia de la cooperación internacional y de la protección de los derechos de los pescadores, así como la promoción de proyectos de pesca responsable y sostenible.

Se propone una estrategia de apoyo que contemple fondos destinados a asistencia técnica y a programas de desarrollo que faciliten la convivencia entre pesca tradicional y normativas internacionales, estimando una inversión razonable en euros para su implementación a lo largo de varios años.

La sexta moción corresponde a una interpelación sobre medidas políticas para deslegitimar las acciones de violencia callejera perpetradas por jóvenes radicales vinculados con GKS y Ernai.

Promovida por Amaia Martínez Grisaleña (GP Mixto-Vox), la iniciativa llama a fortalecer herramientas de prevención, seguridad y políticas de inclusión social que reduzcan la radicalización y promuevan la convivencia cívica.

En su texto se apunta a coordinar esfuerzos entre las fuerzas de seguridad, los servicios sociales y las iniciativas comunitarias, con inversiones en programas de juventud y en mecanismos de intervención temprana, todo ello con un marco presupuestario adecuado en euros.

En un marco histórico, estas deliberaciones se insertan en la continuidad de la Estrategia Vasca 2030 para la Educación en el Ocio, que ha buscado convertir el tiempo de ocio en una palanca de desarrollo humano y social.

Este plan ha sido parte de un esfuerzo sostenido por situar la cultura, la educación y el bienestar social como ejes centrals de la política pública, en un contexto de cooperación institucional y participación ciudadana.

Asimismo, Euskadi ha mantenido históricamente vínculos con la cooperación internacional en ámbitos como la pesca, la cultura y la educación, con inversiones en infraestructuras y servicios que buscan reducir las desigualdades y fortalecer la cohesión social.

El conjunto de la sesión de hoy refleja, por tanto, un intento de equilibrar desafíos ambientales, educativos y sociales mediante un marco de diálogo inclusivo que incorpore a sindicatos, comunidades educativas, creadores culturales y organizaciones juveniles para avanzar hacia metas compartidas.