El Gobierno Vasco ha aprobado un presupuesto de aproximadamente 370 millones de euros (unos 370 millones de euros a valores actuales), para su departamento de Justicia y Derechos Humanos en 2026, lo que representa un incremento del 2,6% respecto al año anterior.

Aunque en años anteriores se financiaron con fondos europeos específicos, particularmente los fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), que se agotaron en 2024, las cuentas públicas muestran un crecimiento sostenido que permite continuar fortaleciendo los servicios públicos, la gestión penitenciaria y la memoria democrática en la comunidad.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, presentó estos presupuestos en el Parlamento Vasco, acompañada por el viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón, y el director de Gogora, Alberto Alonso.

En su intervención, San José enfatizó que estos recursos consolidan los compromisos del acuerdo de Gobierno y proyectan una visión de futuro en la que la justicia y la convivencia democrática son prioritarias, poniendo especial atención en las personas más vulnerables.

El capítulo dedicado a personal ocupa la mayor partida, con 212 millones de euros (unos 212 millones), lo que supone casi el 58% del total destinado a justicia.

La consejera resaltó que las personas que trabajan en el sistema de justicia constituyen el principal activo del departamento, y reafirmó su compromiso con la formación, la estabilidad y la mejora de las condiciones laborales para garantizar una justicia eficiente y cercana.

Uno de los aspectos centrales de esta política es la accesibilidad y la cercanía a los ciudadanos. Se reforzará la protección de quienes enfrentan mayores dificultades para ejercer sus derechos, incrementando la financiación de la justicia gratuita hasta 17,6 millones de euros para la asesoría legal y 1 millón para los servicios de procuradores, consolidando turnos de oficio y servicios de guardia.

Asimismo, se destinarán 2,4 millones de euros a la atención a víctimas de violencia de género. Esta cantidad permitirá acelerar trámites y mejorar la atención integral y profesionalizada. Además, 1,2 millones se reservarán para el Servicio de Atención a la Víctima, que será objeto de un diagnóstico para detectar posibles mejoras y promover actuaciones restaurativas.

Los Pisos de Encuentro Familiar recibirán 3,2 millones, y los recursos socioeducativos dirigidos a menores infractores y jóvenes alcanzarán los 10,7 millones, promoviendo un modelo educativo que mantiene la reincidencia por debajo del 15%.

Dentro de los proyectos prioritarios, la justicia restaurativa contará con 1,1 millones para extender la mediación a delitos leves y conflictos familiares.

También se creará un nuevo Servicio de Ejecución de Penas en el ámbito comunitario, que contará con 2,4 millones, fomentando alternativas a la cárcel y promoviendo la responsabilidad social.

El impulso por la normalización del euskera en los procedimientos judiciales también continúa. Se destinan recursos para garantizar los derechos lingüísticos en colaboración con los operadores jurídicos y actores sociales.

En el ámbito penitenciario, 2026 será un año clave, ya que se inaugura el Centro Penitenciario de Gipuzkoa en Zubieta, que completará la red penitenciaria vasca.

Se prevé completar las plantillas en centros como Zaballa, Bizkaia y Zubieta, reforzar los equipos técnicos y avanzar en la formación del personal. También se implementará un nuevo acuerdo laboral con sindicatos, y se pondrá en marcha el departamento de Régimen Cerrado en Zaballa, formando parte de un sistema penitenciario integral.

Además, se adjudicará la construcción del Centro de Inserción Social de Basauri y se comenzarán los estudios para el de Zaballa. Como parte del análisis de la calidad de vida en prisión, se realizará una encuesta en colaboración con la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), con la finalidad de mejorar la gestión penitenciaria.

La Agencia Vasca de Reinserción Social, Aukerak, aumentará su apoyo a la formación y empleo de las personas internas, destinando recursos a talleres profesionalizados, productos de economato y herramientas digitales.

Aunque en términos generales su presupuesto tendrá una bajada del 7%, en áreas clave estos recursos crecerán para garantizar itinerarios personalizados de formación.

La modernización digital es otro de los ejes del programa 2026. El departamento invertirá aproximadamente 2,75 millones en mantener y mejorar el sistema de gestión procesal AVANTIUS y el expediente judicial electrónico, además de 6 millones para actualizar los sistemas de grabación en salas de vistas.

La rehabilitación del edificio Mapfre en Bilbao, que data de mediados del siglo XX y que ahora será reformado para su uso judicial, se afrontará con una inversión significativa.

También se dedicarán unos 500.000 euros a adaptar los Juzgados de Paz en oficinas departamentales, con el objetivo de acercar aún más la justicia a los ciudadanos.

En materia de derechos humanos y memoria histórica, los presupuestos reflejan un compromiso de continuidad y ampliación. Se lanzarán campañas de sensibilización con 70.000 euros para responder a las peticiones de víctimas, evitando discursos de odio, humillantes o revictimizantes. Se promoverá un proyecto piloto, 'Sendaoroi', para brindar apoyo psicológico a víctimas, con una dotación de 80.000 euros. Además, se reforzará el programa NARE, dedicado a apoyar a personas defensoras de derechos humanos, con una financiación de 100.000 euros.

Por otro lado, Gogora, el Instituto de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, verá incrementado su presupuesto en un 14,6%, con importantes aumentos en investigación y en la partida destinada al banco de datos de ADN, que se duplicará hasta los 180.000 euros (unos 180.000 euros). Se impulsarán proyectos relacionados con la memoria democrática, con especial atención al periodo comprendido entre 1936 y 1978, la violencia de extrema derecha, la represión de la diversidad sexual y de género, y el aniversario del primer Gobierno Vasco.

Asimismo, se proyecta la construcción de un columbario en Derio, con una inversión de 300.000 euros, y la finalización del de Elgoibar, con una partida de 60.000 euros.

En conclusión, María Jesús San José ha declarado que estos 370 millones de euros representan un compromiso firme con la justicia, la memoria y la convivencia democrática en Euskadi, con políticas dirigidas a construir una sociedad más inclusiva, moderna y respetuosa de los derechos humanos.

La intención del Gobierno Vasco es seguir liderando en innovación, igualdad y reinserción, consolidando un modelo que ha hecho de Euskadi un referente en estos ámbitos a nivel europeo.