En la región de Euskadi, el Juzgado de Primera Instancia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Vitoria-Gasteiz ha decidido imponer una suspensión provisional sobre la convocatoria de un proceso selectivo para el ascenso a suboficial en la escala de inspección de la Ertzaintza.

Dicha resolución, fechada el pasado 10 de febrero de 2025, fue emitida por la directora general de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, y afecta directamente a los agentes en formación.

La razón principal de esta decisión judicial radica en una disputa legal relacionada con las bases de la convocatoria, particularmente en lo que respecta a la valoración del conocimiento del euskeriko (vasco).

Mientras se resuelve el recurso presentado contra otra resolución anterior del 4 de mayo de 2022, que también fue emitida por la misma directora general, el proceso de ascenso ha quedado en pausa.

La escuadra legal argumenta que, hasta que no exista una sentencia definitiva, no debe llevarse a cabo un proceso con la misma finalidad. Esta suspensión afecta directamente a más de 1.000 agentes, quienes desde hace meses se han estado preparando para esta importante prueba.

El proceso de selección, que estaba programado para realizarse en el recinto del Bilbao Exhibition Centre (BEC) el próximo miércoles 18 de junio a las 16:30 horas, ha sido cancelado hasta nuevo aviso.

La suspensión ha generado mucha preocupación entre los agentes, ya que ha interrumpido el esfuerzo y la dedicación invertidos por estos profesionales en su preparación.

La convocatoria en cuestión contenía unas bases que, en opinión de los sindicatos representados en la Mesa de Negociación de la Ertzaintza (conocida como Mesa 125), estaban en línea con la legislación vigente y respetando los requisitos establecidos.

Los procesos de ascenso en la Ertzaintza, la fuerza policial propia del País Vasco, tienen una larga historia de regulación y participación sindical.

La Ertzaintza, creada en 1982 tras la transferencia de competencias en materia policial por parte del Estado español, cuenta hoy con alrededor de 8,000 agentes.

La profesionalización y el reclutamiento han sido parte fundamental de su desarrollo, buscando siempre equilibrar la eficacia policial con los derechos laborales.

El caso actual no es el primero en poner en jaque procesos similares. La jurisdicción ha intervenido en varias ocasiones para garantizar que los procedimientos se ajusten a la legalidad y que no se vulneren los derechos de los participantes.

La decisión de suspender el proceso en curso indica la importancia de respetar los requisitos legales, especialmente en aspectos tan sensibles como la valoración del conocimiento del idioma vasco, que para la región tiene un peso cultural y legal significativo.

Este incidente también se enmarca en la creciente atención pública sobre la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procesos de selección en instituciones públicas en Euskadi.

La Administración ha manifestado su voluntad de reanudar el proceso en cuanto las cuestiones legales queden resueltas, garantizando que la competencia y la equidad prevalezcan en la selección de los futuros suboficiales.

Actualmente, los agentes en formación y sus familias esperan que se esclarezcan los aspectos legales para que puedan continuar con su proyecto profesional sin mayores retrasos, pudiendo así contribuir con mayor eficacia a la seguridad y el orden público en Euskadi.