En Euskadi, la Vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, ha declarado hoy que el Gobierno Vasco está muy atento a la evolución de la crisis en Oriente Medio y a las posibles repercusiones en los precios de la energía, en las cadenas globales de suministro y, en consecuencia, en el comercio de Euskadi.

Es una situación que ya se está dejando sentir en el bolsillo de las familias y en la actividad de las empresas. La subida de los precios de los combustibles y la presión inflacionaria podrían impactar directamente a la ciudadanía, y los costos energéticos están golpeando con especial intensidad a la industria vasca, sobre todo a los sectores electrointensivos.

La vicelehendakari ha insistido en que el Gobierno Vasco actúa con previsión y anticipación. 'La semana pasada, el lehendakari convocó el Grupo para la Defensa Industrial para articular una respuesta coordinada de país', ha recordado. A ello se suma la activación esta misma semana de un primer paquete de medidas por un valor de 1.047 millones de euros, dentro del escudo industrial de Euskadi, con el objetivo de proteger el tejido económico y el empleo. Es una batería de herramientas pensadas para mitigar impactos inmediatos y darle tiempo a la economía para ajustarse a las nuevas circunstancias internacionales.

La Vicelehendakari ha subrayado la importancia de que las medidas, repartidas entre las diferentes administraciones, se implementen desde la cooperación y la coordinación institucional.

Ha recordado que el lehendakari ya había pedido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la creación de un marco de cooperación institucional para asegurar respuestas alineadas y eficaces ante la incertidumbre global que estamos viviendo.

En este sentido, se pretende evitar solapes y lagunas que erosionen la capacidad de respuesta de Euskadi.

Entre las prioridades, Bengoetxea explicó que el conjunto de medidas debe ir dirigido a reducir el impacto de la factura eléctrica, algo que puede marcar la diferencia para hogares y para el tejido productivo.

Entre las propuestas que el lehendakari trasladó al Ejecutivo central figuran: bajar el IVA de la factura eléctrica de 21% a 5%; eliminar el impuesto del 7% a la generación eléctrica; recortar los peajes de transporte y distribución; y elevar el tope de las compensaciones por costes de CO₂, de 240 millones a 600 millones de euros, dentro de lo permitido por la legalidad.

Estas medidas, añadió, son esenciales para amortiguar los efectos de la crisis en la economía vasca y para preservar la actividad de sectores especialmente expuestos a la volatilidad energética.

En este marco, la vicelehendakari también hizo referencia a la situación de Tubos Reunidos, la empresa dedicada a fabricar tubos de acero para la industria, que atraviesa un momento decisivo para su futuro.

El siguiente paso debe ser la reestructuración de la deuda, condición imprescindible para abrir la puerta a nuevos inversores industriales. El Gobierno Vasco ha trasladado a su homólogo español una fórmula concreta y jurídicamente viable que permitiría articular esa reestructuración a través de la SEPI.

Se trata, según Bengoetxea, de una vía analizada en detalle y adecuada a las circunstancias actuales, pero la responsabilidad de avanzar recae ahora en el Gobierno de España y en la SEPI.

'El tiempo es un factor crítico', añadió, 'cada día sin una decisión dificulta la viabilidad del proyecto y aleja la posibilidad de atraer inversiones'.

La hoja de ruta de Euskadi queda clara: paz social, reestructuración de la deuda y entrada de nuevos inversores industriales. El Gobierno Vasco ya está trabajando en identificar posibles inversores, si se desbloquea la reestructuración; algo que, remarcó la vicelehendakari, solo es posible si el Gobierno español y la SEPI dan el paso adecuado.

Ante este horizonte, la coordinación entre administraciones se presenta como la pieza clave para evitar que la transición económica se convierta en un trampolín para la inestabilidad.

Históricamente Euskadi ha construido su fortaleza industrial a través de acuerdos entre la comunidad y el Estado, con herramientas como el escudo industrial para contener impactos externos y con una industria vasca que ha sabido adaptarse a crisis anteriores gracias a la inversión en innovación y eficiencia.

En este marco, la situación actual es una prueba de fuego para mantener la resiliencia del tejido productivo y evitar pérdidas de empleo.