El Gobierno Vasco reitera que Lanbide actúa con rigor jurídico para que cada solicitud de excepcionalidad cumpla requisitos y se acompañe de medidas alternativas, y señala que la inclusión debe ser la norma, tanto en empleo público como en privado.

En Euskadi, el Vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha dejado claro este viernes en el Parlamento Vasco que el Gobierno mantiene un compromiso real y efectivo con la inclusión laboral.

"La idea no es hacer solo lo mínimo; queremos que la inclusión de personas con discapacidad sea una parte natural del empleo público y, cada vez más, del privado", ha subrayado.

Torres ha recordado que, en las ofertas de empleo público, se reserva un cupo para personas con discapacidad por encima del mínimo legal, y ha insistido en que la excepcionalidad está prevista en la ley, pero la norma debe ser la inclusión.

"Debemos avanzar más allá del cumplimiento formal y mejorar de forma constante la incorporación de personas con discapacidad al empleo público", ha dejado claro.

Durante su intervención sobre el uso de las declaraciones de excepcionalidad en relación con el cumplimiento del Real Decreto de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad por parte de sociedades públicas, el vicepresidente ha insistido en que Lanbide –el Servicio Público Vasco de Empleo– funciona con rigor jurídico.

"Garantizamos que cada solicitud se ajusta a los requisitos establecidos y que, cuando procede, se acompaña de las medidas alternativas que exige la ley", ha enfatizado.

Además, el Vicelehendakari ha defendido que "las solicitudes de declaración de excepcionalidad son atendidas siempre conforme a la normativa vigente" y que, en estos casos, el Gobierno Vasco ha respondido cumpliendo el mandato legal que establece el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

"No basta con cumplir la ley: debemos liderar el cambio", ha reiterado.

Torres ha añadido que el Gobierno Vasco no quiere ni debe depender de incentivos para hacer lo que es su obligación. "El sector público no puede limitarse a hacer un cumplimiento formal; debe desarrollar sus propios mecanismos internos para avanzar en la inclusión laboral de personas con discapacidad", ha defendido.

Una sociedad más inclusiva es, según el propio Vicelehendakari, el objetivo. Destacó que el cumplimiento estricto del marco legal y la valoración social de estas declaraciones no deben confundirse con lo mismo; son cosas distintas.

"La norma busca avanzar hacia una sociedad más inclusiva, donde las personas con discapacidad participen plenamente en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad.

Y, en este sentido, la excepcionalidad no puede convertirse en una práctica habitual", afirmó.

Torres hizo hincapié, además, en la necesidad de intensificar el trabajo de sensibilización, acompañamiento y transformación organizativa para que las empresas —tanto privadas como públicas— incorporen de forma efectiva a personas con discapacidad en igualdad.

"No se trata solo de cumplir un porcentaje. Se trata de cambiar una cultura. La diversidad en las plantillas no es una carga, sino un valor", concluyó.

Este marco de actuación se enmarca, a nivel histórico, en una trayectoria de Euskadi orientada a fortalecer la cohesión social y la inclusión laboral.

A lo largo de las últimas décadas, la atención a las condiciones de las personas con discapacidad ha ido ganando peso en políticas activas de empleo, con herramientas que buscan que la contratación pública sea un motor de cambio y que las empresas adopten prácticas inclusivas.

En este sentido, las declaraciones de Torres conectan con la voluntad de convertir la protección de derechos en acción real en el mercado laboral. Además, este esfuerzo se sitúa dentro de un marco normativo más amplio a nivel nacional, donde la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (con su Texto Refundido) establece principios que guían estas políticas y obligan a buscar la inclusión efectiva, no solo el cumplimiento formal.

En definitiva, Euskadi quiere ser vanguardia y referente para la sociedad en su conjunto, apostando por políticas activas que faciliten la inserción laboral de personas con discapacidad y promuevan un cambio cultural duradero.