El acuerdo del Concierto Económico fija que el Estado financie el 50% del SAAD vasco en 2027 y eleva su aportación a 407 millones anuales, frente a los 153 de 2024.

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha comparecido en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco para contar, con pelos y señales, un acuerdo que se cerró el 9 de julio en la Comisión Mixta del Concierto Económico (CMCE).

Aunque el nombre suene técnico, va directamente al bolsillo de las instituciones vascas y a la atención que reciben las personas dependientes. Lo que se ha fijado es la metodología para calcular la financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Euskadi.

Traducido: cómo y cuánto tiene que poner el Estado cada año para sostener el sistema vasco de dependencia.

La cifra estrella es clara. En 2024 Euskadi recibió del Estado 153 millones de euros para dependencia. Con el nuevo acuerdo, en 2027 esa aportación llegará a unos 407 millones de euros anuales. Hablamos de casi 250 millones más cada año y de un crecimiento del 166%. El consejero lo ha subrayado: es un acuerdo con mucha relevancia institucional, social y financiera, porque garantiza que la Administración General del Estado acabe asumiendo el 50% del coste ajustado y homogeneizado del sistema en Euskadi en 2027.

Para entender el punto de partida hay que recordar algo que viene de lejos. La atención a la dependencia es competencia exclusiva de las instituciones vascas. Sin embargo, durante años Euskadi ha tenido que comerse casi todo el gasto. Entre 2012 y 2025, la aportación media del Estado fue solo del 11,7% del gasto total en dependencia en Euskadi. Las instituciones vascas, y en especial las diputaciones forales, financiaron el 88,3% restante. Eso no ha impedido mantener uno de los sistemas de protección social más avanzados del Estado, pero sí ha supuesto un esfuerzo enorme para las arcas vascas.

El acuerdo del 9 de julio culmina una negociación política y técnica de casi dos años entre Euskadi y el Estado. Desarrolla el compromiso alcanzado al inicio de la legislatura: que el Estado asuma el 50% del coste del nivel básico de la dependencia en Euskadi. También da continuidad a los acuerdos de las reuniones de la Comisión Mixta del Concierto Económico celebradas desde noviembre de 2024. La gran novedad es la creación de una financiación complementaria específica para Euskadi. ¿Qué significa eso? Que, pase lo que pase con las aportaciones estatales de los niveles mínimo y acordado, la financiación total del Estado llegará al porcentaje comprometido.

Es una especie de garantía para que el sistema no dependa de vaivenes políticos o de decisiones unilaterales de Madrid.

Las previsiones del acuerdo son concretas. En 2026, el coste ajustado y homogeneizado del sistema de dependencia en Euskadi se calcula en 768,3 millones de euros. Ese año, el Estado financiará el 36,5% del total, lo que supondrá 280,4 millones de euros. En 2027, con el nuevo modelo ya implantado, el Estado financiará el 50% del coste del sistema, con una aportación estimada de 407,2 millones de euros.

Es decir, en solo tres años se pasa de 153 millones a más de 407. El incremento respecto a 2024 ronda los 250 millones anuales.

El consejero ha defendido que este acuerdo aporta seguridad jurídica, transparencia y estabilidad financiera. Ahora queda claro qué gastos se computan, cómo se calculan y cuánto tiene que poner el Estado cada año. Además, refuerza el autogobierno económico, fiscal y financiero de Euskadi, porque mete esta financiación dentro del marco bilateral del Concierto Económico.

Dicho de otro modo: la dependencia vasca deja de depender de decisiones unilaterales del Estado sobre los niveles de protección y queda ligada a los acuerdos de la Comisión Mixta del Concierto Económico.

Eso es bilateralidad efectiva.

Para ponerlo en contexto histórico, el Concierto Económico es un sistema singular que viene de 1878 y que se recuperó con la democracia y el Estatuto de Gernika.

Gracias a él, Euskadi recauda sus propios tributos y aporta al Estado una cantidad llamada cupo. La Comisión Mixta del Concierto Económico es el órgano donde ambas administraciones negocian y acuerdan las cuestiones financieras. En esta legislatura ya se ha reunido seis veces y se han alcanzado 46 acuerdos para actualizar y reforzar el autogobierno vasco. Este de la dependencia es uno de los más importantes por su impacto social.

También conviene recordar que la dependencia no es un capricho administrativo. La Ley 39/2006, conocida como Ley de Dependencia, creó el SAAD y reconoció el derecho subjetivo de las personas en situación de dependencia a recibir atención.

Ese sistema incluye ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, residencias y prestaciones económicas, entre otras cosas. En Euskadi, la gestión corresponde al Gobierno Vasco y a las diputaciones forales, que llevan años sosteniendo el servicio. Con este acuerdo, el consejero considera que se refuerza la sostenibilidad del sistema vasco de protección social, se garantiza una atención de calidad y se da más certidumbre a las instituciones que prestan estos servicios.

En resumen, lo que ha contado d'Anjou en el Parlamento es que Euskadi ha cerrado un acuerdo para que el Estado pague de verdad la mitad de la dependencia en 2027.

No es solo una cuestión de números: afecta a residencias, ayudas domiciliarias, teleasistencia y, sobre todo, a la tranquilidad de miles de personas dependientes y de sus familias.

La pelota, a partir de ahora, está en el tejado de la Comisión Mixta y del cumplimiento de lo pactado. Pero el papel firmado ya dice que la aportación estatal pasará de 153 a 407 millones de euros anuales. Un cambio de dimensiones considerables.