En Euskadi se ha aprobado un convenio que marca un marco estable y periódico para la cesión de datos con fines exclusivamente estadísticos. El foco está en la información gestionada por el INSS y el ISM que aparece en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas y en la Tarjeta Social Digital, y su objetivo es facilitar a Eustat –el Instituto Vasco de Estadística– el acceso a esos datos para sus labores de análisis y planificación.

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, dio luz verde a la propuesta de acuerdo para suscribir este convenio entre el INSS, el Instituto Social de la Marina (ISM) y la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Es decir, se busca un marco de colaboración estable y regulado, con el visto bueno de las tres partes, para que la información se ceda de forma trimestral y telemática, siempre con fines estadísticos y de planificación.

La idea central es que Eustat pueda utilizar estos datos para sus estudios y herramientas de planificación, especialmente para conocer mejor el colectivo de pensionistas que residen en Euskadi.

En concreto, el intercambio permitirá que, cada trimestre, el INSS entregue a Eustat información sobre los titulares de pensiones contributivas (jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad y a favor de familiares), tanto si están dadas de alta como si han cambiado de situación durante ese periodo.

Los datos incluirán variables como identificación y residencia, tipo y régimen de pensión, importe bruto mensual y, en el caso de las pensiones de jubilación, los años de cotización acreditados.

Todo el proceso se hará en entornos cerrados de comunicaciones entre administraciones públicas, para garantizar la seguridad y la protección de los datos transmitidos.

Por su parte, Eustat asume la responsabilidad de establecer los controles necesarios para asegurar que la información se utilice únicamente con fines estadísticos y dentro del marco de secreto estadístico que regulan la normativa autonómica y estatal.

Para supervisar el conjunto del acuerdo, se crea una Comisión Mixta integrada por representantes del INSS, del ISM y de Eustat. Esta comisión coordinará los procedimientos de intercambio y resolverá cualquier discrepancia en su ejecución.

El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, entrará en vigor el 13 de junio de 2026 y podrá prorrogarse por otros cuatro años mediante acuerdo unánime de las partes.

Más allá de la letra de la norma, este pacto encaja en una línea de trabajo que pretende mejorar la planificación social a través de datos bien gestionados.

En Euskadi, herramientas como la Tarjeta Social Digital y el Registro de Prestaciones Sociales Públicas ya permiten tener una visión más clara de quién recibe qué tipo de ayuda y dónde vive.

Con la cesión controlada de información, las administraciones esperan afinar estimaciones, asignar recursos de manera más eficiente y, en definitiva, diseñar políticas más ajustadas a la realidad demográfica de la comunidad.

Es importante subrayar que el objetivo no es espiar ni invadir la privacidad de las personas. El énfasis está en garantizar un uso estrictamente estadístico y en cumplir con las normas de protección de datos y secreto estadístico. Los responsables del acuerdo destacan también que la seguridad se refuerza con la existencia de entornos de comunicaciones cerrados y con controles claros para evitar cualquier uso fuera de los fines previstos.

Este paso se enmarca dentro de la estrategia de Euskadi para una mejor gobernanza de datos y una gestión pública más eficiente. La expectativa es que, con el tiempo, se pueda disponer de un diagnóstico más sólido sobre el conjunto de pensionistas y sus necesidades, lo que podría traducirse en políticas públicas más adaptadas y recursos mejor dirigidos para afrontar los retos demográficos de la región.