En Euskadi, ante la necesidad de acelerar la transformación digital, la transición energética y la autonomía estratégica europea, las autoridades autonómicas han presentado una batería de medidas con un nombre claro: Proyecto Transformador.

El objetivo es liderar la simplificación y la agilización de los procesos administrativos y, al mismo tiempo, impulsar la competitividad de la industria y de la actividad económica sostenible.

Todo ello dentro de un marco que busca que la burocracia no frene proyectos clave para el progreso del territorio.

La pieza central de esta iniciativa es la Ley de Medidas Urgentes de Simplificación y Agilización para la Actividad Económica Sostenible, conocida de forma abreviada como Autopista Regulatoria.

Este instrumento legal, presentado por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, fue dado a conocer en el Parque Tecnológico de Miñano ante representantes institucionales, patronales y responsables de distintas industrias de Euskadi.

El mensaje es claro: menos trámites, más velocidad, sin renunciar a la protección del medio ambiente ni a las garantías urbanísticas necesarias.

Una de las promesas más relevantes es que, para los proyectos de interés público, el plazo máximo de autorización se quedará en seis meses. Es decir, la normativa regional podría situarse en la mitad de los tiempos que marca la normativa europea Net-Zero Industry Act (NZIA), que suele fijar un límite de 12 meses para este tipo de iniciativas.

Este ajuste no solo busca agilidad, sino también situar a Euskadi a la altura de las directrices europeas en un marco que respeta la normativa ambiental y garantiza un desarrollo sostenible.

La Autopista Regulatoria está pensada para que los proyectos de interés público en Euskadi cuenten con la normativa más completa y ágil entre las comunidades autónomas, adaptada a las nuevas directrices europeas y con salvaguardas ambientales.

En su presentación, Jauregi afirmó que el objetivo real es acelerar los trámites y simplificar los procesos para que la economía vasca avance con mayor celeridad, sin tocar los requisitos fundamentales de ordenación urbanística ni de protección del entorno.

En este marco, se subraya que la reducción de tiempos vendrá acompañada de digitalización y eliminación de duplicidades para facilitar la vida a empresas y administraciones.

Entre las medidas destacadas, la ley consolida la reducción de plazos en hasta un 75% para trámites que afecten a la actividad económica sostenible.

En ejemplos prácticos, se indicó que ciertos expedientes podrían pasar de dos años a solo seis meses, y el número de procesos podría caer de 24 a ocho.

Además, se enfatiza que la simplificación no implica relajación de controles; por el contrario, se busca una mayor seguridad jurídica mediante marcos normativos más claros y estables.

La nueva normativa también introduce la figura del Proyecto de Interés Público Superior (PIPS). Para acceder a este circuito ágil, se contemplan proyectos transformadores del Plan de Industria – Euskadi 2030, ampliaciones de redes eléctricas, proyectos de energías renovables, instalaciones de tecnologías de cero emisiones netas, proyectos de materias primas fundamentales y actuaciones de infraestructuras de residuos y economía circular.

La aprobación definitiva de la declaratoria de PIPS corresponderá al Consejo de Gobierno, tras un proceso de consulta pública y un informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV).

Este mecanismo busca integrar, de forma coordinada, las autorizaciones urbanísticas y medioambientales para acortar plazos de ejecución.

En la exposición de motivos, la consejera Barredo señaló que este cambio profundo en la relación entre la Administración y el sector primario y la cadena agroalimentaria no significa menos garantías, sino un servicio público más eficiente.

La idea es acompañar al sector y facilitar la actividad económica sostenible preservando, al mismo tiempo, la calidad ambiental. Por su parte, Jauregi añadió que la apuesta por la digitalización y la simplificación de trámites permitirá avanzar con más rapidez, sin renunciar a estándares urbanísticos ni ambientales; el objetivo es reducir la burocracia y ganar competitividad.

Esta iniciativa también se enmarca en la revisión de la autonomía estratégica europea y la reindustrialización del continente. En el contexto de la UE, los mecanismos administrativos y plazos máximos para las autorizaciones de proyectos de interés público han sido motivo de ajuste, lo que ha llevado a Euskadi a adaptar su marco normativo para responder a esas directrices.

El plan de acción continúa en la senda de la desburocratización y la simplificación para que la economía vasca pueda competir con mayor agilidad a nivel europeo.

El Lehendakari, Imanol Pradales, subrayó en el Parlamento Vasco que esta iniciativa está alineada con la hoja de ruta del Gobierno Vasco: desburocratización y simplificación administrativa como objetivo de país.

En palabras del presidente, los retos requieren rapidez y eficiencia de las administraciones públicas, porque el mundo no espera y las inversiones tampoco.

Con estas medidas, Euskadi busca consolidar una administración más eficaz que acompañe al tejido productivo, manteniendo intacta la protección ambiental y garantizando transparencia, seguridad jurídica y oportunidades para el desarrollo sostenible del litoral, la industria y el conjunto de la economía vasca.