Una pieza central en la lucha contra el VIH en Estados Unidos está empezando a mostrar fisuras presupuestarias. El Programa Ryan White de Asistencia para Medicamentos del VIH (ADAP) ha permitido que más de un cuarto de millón de estadounidenses accedan a medicación vital y a seguro médico o a ambos.

Sin embargo, la presión por recortes ha llevado a 18 estados a reducir costos, poniendo en riesgo la continuidad de la atención para miles de personas con VIH, según un análisis realizado por la organización sin fines de lucro KFF.

Además, otros 5 estados están considerando cambios para ampliar el alcance de los fondos limitados para ADAPs. Aunque estos cambios ya se han implementado o se están debatiendo, muchos expertos temen que más estados sigan el ejemplo. No solo se trata de atender a una población con una enfermedad grave, sino de evitar que la falta de acceso a medicamentos empuje a quienes viven con VIH a enfermarse y, en consecuencia, a transmitir el virus a otras personas.

A grandes rasgos, el ADAP recibe financiamiento federal para pagar medicamentos y seguros para personas con VIH a nivel estatal, con aportes estatales y otras fuentes como reembolsos de medicamentos.

La dinámica de costos ha cambiado en los últimos años: el precio de los fármacos y de los seguros ha subido, y la demanda ha aumentado. En 2024, estos programas atendieron a más de 257.000 personas, un salto de aproximadamente un 30% respecto a 2022, según cifras de la National Alliance of State and Territorial AIDS Directors (NASTAD) y KFF.

La mayor parte de estas personas pertenecen a segmentos de ingresos bajos, y casi 1 de cada 4 personas con VIH recibe servicios a través de ADAP.

La escalada de costos de medicamentos y de seguros ha presionado a los programas ADAP estatales. Por ejemplo, la atención médica para personas sin seguro que requieren antirretrovirales puede ser costosa; uno de los fármacos más recetados, Biktarvy, tiene un costo promedio de un mes de tratamiento de aproximadamente 5.132 USD. Al tipo de cambio vigente, eso equivale a unos 4.730 euros por mes. Esta cifra subraya la necesidad de un financiamiento estable para evitar interrupciones en el tratamiento.

Entre las medidas de recorte, Florida ha anunciado cambios que podrían dejar fuera de la red de ADAP a entre 10.000 y 16.000 residentes. El estado redujo significativamente los límites de ingresos para la elegibilidad: antes, el programa llegaba a 400% del nivel de pobreza federal (unos 63.840 USD al año; aproximadamente 58.700–58.800 euros), y ahora el techo está en 130% del FPL (alrededor de 20.748 USD anuales, es decir, alrededor de 19.000 euros al año). Además, Florida dejó de cubrir Biktarvy, el fármaco más ampliamente recetado para VIH. El Departamento de Salud de Florida afirmó que estos cambios eran necesarios para evitar un déficit presupuestario superior a 120 millones USD (aproximadamente 110 millones de euros).

Otros estados han seguido giro parecido, con cambios en límites de ingresos y en la financiación de servicios médicos, además de la implementación de verificaciones de elegibilidad más frecuentes y la imposición de topes de gasto anuales o mensuales por beneficiario.

Aunque, de momento, ninguna jurisdicción ha creado listas de espera abiertas como ocurrió a principios de los años 2000, sí se observan estrategias para contener el gasto que, según Kates, son un “nuevo nivel de restricción” para el acceso a tratamiento.

La preocupación de los defensores es amplia. Si se reducen los fármacos y otros apoyos, las personas con VIH podrían experimentar cargas virales más altas y una mayor probabilidad de que el virus se transmita a parejas sexuales.

Investigadores de la Universidad de California en San Diego estimaron que, si Florida mantiene cambios como los actuales, podrían aumentarse los diagnósticos de VIH en áreas urbanas como Miami‑Dade; estiman que cientos de residentes podrían quedar fuera del programa ADAP y, a medio plazo, podrían aumentar los costos sanitarios si se incrementan los casos nuevos de infección.

El costo de tratar a una persona con VIH a lo largo de toda la vida se sitúa en torno a 1 millón de USD, lo que en euros equivale a cerca de 920.000 EUR; por ello, algunos expertos advierten de un efecto económico adverso al sistema sanitario si la cobertura falla.

Cabe señalar que el ADAP forma parte de un conjunto de políticas que incluye la financiación federal para Medicaid y los subsidios ampliados del Obamacare.

La evolución de estos apoyos ha influido en la capacidad de los estados para mantener la cobertura y la calidad de la atención. En el marco histórico, el Programa Ryan White fue creado en 1990 para responder a la crisis de VIH que marcó una generación, y desde entonces ha sido una pieza clave para garantizar que las personas con VIH no queden desamparadas ante la subida de costos de medicación y servicios de salud.

Aunque las proyecciones fiscales federales respecto a Medicaid y NIH han cambiado con el tiempo, el ADAP ha seguido siendo, para muchos, un salvavidas práctico a nivel local.

Presuntamente, si no se aumenta el financiamiento y se estabilizan los criterios de elegibilidad, más estados podrían ajustar sus políticas para contener gasto, lo que podría traducirse en más interrupciones en el acceso a medicación y en un aumento del riesgo de transmisión.

Supuestamente, esa combinación de costos crecientes y cobertura más restringida podría terminar reflejándose en un costo mayor para el sistema de salud y una carga social más alta para las comunidades afectadas.

En suma, la discusión sobre ADAP no es solo una cuestión de presupuestos, sino de construir un marco que garantice tratamiento continuo y prevención, incluso en contextos de restricciones fiscales.

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