Un debate en el Congreso de Estados Unidos podría cambiar el ritmo de la expansión de la red de cargadores de vehículos eléctricos. La propuesta propone eliminar 879 millones de dólares destinados a financiar cargadores EV, una cifra que, convertida a euros, equivale aproximadamente a 809 millones de euros.

supuestamente estas partidas formaban parte de un paquete más amplio de la Ley de Infraestructura de 2021, una pieza clave de la agenda de la era Biden para impulsar la movilidad eléctrica.

El total de financiación para la infraestructura de recarga incluye 5 mil millones de dólares para los estados y otros 2,5 mil millones para subvenciones competitivas.

En euros, serían aproximadamente 4,6 mil millones y 2,3 mil millones, respectivamente. presuntamente, estas cifras se han convertido en un punto de conflicto entre la Administración y los partidos de oposición, que argumentan que parte del dinero podría redirigirse a otras prioridades.

La historia de la expansión de la red de carga no es nueva: la administración de Joe Biden promovió con insistencia inversiones para que las ciudades y las autovías dispusieran de una cobertura suficiente antes de la década finale de 2020.

En paralelo, la gestión de la red ha enfrentado desafíos judiciales y administrativos. La administración de Donald Trump intentó suspender el programa de financiación, pero un tribunal federal ordenó continuar con la asignación de los fondos ya aprobados.

Si se elimina la financiación, ¿qué podría ocurrir para los conductores de EV? Según sondeos anteriores, los compradores han expresado preocupaciones sobre la disponibilidad y la fiabilidad de la red de recarga.

Un estudio publicado por EVs for All America indica que, de 600 encuestados, el 20% citó la red de cargadores como su principal preocupación al considerar un modelo plug-in.

Además, el 65% indicó que preferiría cargar sus baterías en casa durante 7 a 8 horas para lograr una carga completa, frente al 29% que apostaría por una carga rápida de 30 minutos en instalaciones públicas.

La financiación de la Iniciativa Nacional de Infraestructura para Vehículos Eléctricos, que en su día contemplaba 5 mil millones de dólares para estados y 2,5 mil millones para premios competitivos, estaba prevista para disminuir su ritmo de implementación en 2026.

supuestamente, sin estos fondos, la expansión de la red podría ralentizarse, con efectos directos sobre la cobertura de la red y la confianza de los potenciales compradores.

En agosto de 2024, la Administración señaló que existían más de 192.000 puertos de carga públicos, con un aumento aproximado de 1.000 puertos nuevos cada semana. Este dato, que refleja el crecimiento histórico de la infraestructura, contrasta con las dudas actuales sobre la continuidad de la financiación.

El panorama no solo depende de fondos futuros. En 2025, la eliminación del crédito fiscal de 7.500 dólares para compradores de EV —aproximadamente 6.900 euros— coincidió con una desaceleración en las ventas de vehículos eléctricos. Aun así, Cox Automotive comunicó que en 2025 se vendieron 1.275.714 EV en Estados Unidos, cifra que representó cerca del 8% de las ventas totales de automóviles del año. Aunque el mercado mostró resistencia, el contexto de incentivos fiscales ha sido un factor a considerar para los consumidores.

A nivel histórico, la expansión de la red de recarga ha atravesado ciclos de inversión y ajuste de políticas. Desde la década pasada, los esfuerzos para construir una red nacional han buscado equilibrar inversión pública y demanda del mercado, con un énfasis especial en corredores de transporte y áreas subatendidas.

Aunque el impulso ha sido notable, la posibilidad de recortes en fondos federales podría frenar la continuidad de estos proyectos a medio plazo.

Expertos advierten que, sin el respaldo de estos fondos, la confiabilidad de la red y la rapidez de las cargas podrían verse afectadas, lo que a su vez podría reducir la confianza de los consumidores para acelerar la transición hacia vehículos eléctricos.

En un marco político cambiante, la pregunta central es si el país mantendrá el impulso necesario para lograr una infraestructura de recarga robusta y equitativa que acompañe la adopción masiva de EV a precios competitivos.