En una jugada que busca priorizar a los consumidores y a la propia regulación, Tesla anunció que dejará de usar el término Autopilot en la publicidad que se exhibe en California, en medio de la presión de autoridades estatales para evitar posibles sanciones.

La acción llega después de que la Dirección de Vehículos Motorizados de California (DMV) indicara que la empresa podría enfrentarse a la suspensión temporal de sus licencias de vendedor y fabricante si mantenía mensajes que sugiriesen que sus vehículos son capaces de conducirse sin supervisión humana.

En respuesta, la compañía ya había comenzado a aclarar que, incluso con las funciones de asistencia, se requiere la supervisión de un conductor.

Este episodio subraya el papel del estado más grande del país en el mercado de vehículos eléctricos y su influencia sobre las estrategias de marketing de una de las firmas más visibles del sector.

California concentra una cuota considerable de ventas de automóviles eléctricos y, a la vez, ha impulsado una batería de normas para garantizar que las promesas de los sistemas de conducción asistida sean compatibles con la realidad operativa de los conductores.

De forma paralela, la empresa ha avanzado en un cambio más amplio de su narrativa comercial: la promoción de sistemas que, según la propia casa, requieren supervisión humana y, en el caso de algunas versiones, la transición hacia modelos de suscripción para el software de conducción autónoma.

Supuestamente, este viraje podría alterar el modo en que los compradores evalúan el valor de los vehículos, al introducir costos recurrentes en el acceso a funciones avanzadas que antes se vendían como característica permanente.

En términos económicos, algunos analistas señalan que el mercado de California se mantiene como un gran escenario para la adopción de vehículos eléctricos, con una demanda robusta que podría verse afectada por cambios en la publicidad y en el modelo de negocio vinculado al software de conducción.

Supuestamente el precio de referencia de algunos modelos en el mercado estadounidense ronda los 40.000 dólares para el modelo base, lo que en euros podría situarse alrededor de 37.000 €, y para variantes más equipadas, como el Modelo Y, cerca de 42.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 39.000 €; cifras que, en todo caso, deben tomarse como estimaciones aproximadas dadas las fluctuaciones cambiarias.

La situación también revela un cruce entre innovación tecnológica y marco regulatorio. A lo largo de la última década, las autoridades federales y estatales han mantenido un escrutinio intenso sobre las afirmaciones de Tesla en torno a la conducción autónoma.

Las investigaciones que han ido desde la administración federal de seguridad vial hasta requerimientos estatales sobre verificación de mensajes publicitarios han marcado un escenario en el que la empresa ha tenido que reajustar sus campañas para evitar malentendidos entre los potenciales compradores.

A la luz de estos acontecimientos, los analistas señalan que California podría condicionar, una vez más, la forma en que los fabricantes comunican las capacidades de sus sistemas de asistencia a la conducción.

Presuntamente, otras marcas podrían observar de cerca la estrategia de Tesla y evaluar si un endurecimiento regulatorio podría impulsar cambios similares en sus propias campañas de marketing, sobre todo cuando se trata de promesas de autonomía y de conducción supervisada.

Más allá de la publicidad, el cambio de enfoque de Tesla hacia modelos de servicio podría tener efectos a medio plazo sobre su estructura de ingresos.

Si la tendencia hacia la suscripción de software de conducción autónoma se consolida, los propietarios podrían enfrentarse a pagos periódicos para mantener características que hoy se venden como una compra única.

En este contexto, la economía de California y el resto de los Estados Unidos podría ver reajustes en la percepción de valor de un coche eléctrico, entre costos iniciales, suscripciones recurrentes y la vigilancia constante de un ecosistema regulatorio cada vez más exigente en materia de seguridad y transparencia.