La Administración de la Seguridad Social (SSA) ha tomado una decisión polémica que ha dejado a muchos estadounidenses en un estado de incertidumbre.

A raíz de las críticas y el cierre de oficinas, la SSA ha revertido su política sobre las verificaciones de identidad presenciales, permitiendo ahora que los ciudadanos puedan realizar solicitudes por teléfono.

Este cambio ha suscitado una amplia discusión sobre la eficiencia y la seguridad del programa, especialmente en un contexto donde el fraude ha sido un tema candente en el discurso político.

En un informe reciente, se reveló que entre 2015 y 2022, el programa de Seguridad Social había realizado pagos inapropiados por un total de 66.7 mil millones de euros. Aunque esta cifra puede parecer alarmante, es importante recordar que la SSA distribuyó alrededor de 8 billones de euros en beneficios durante ese mismo período.

Además, muchos de esos pagos inapropiados resultaron ser subpagos, y la mayoría de los sobrepagos fueron recuperados con éxito.

La administración del expresidente Donald Trump también ha puesto su mirada en la Seguridad Social, denunciando “niveles impactantes de incompetencia y posible fraude.” Esta retórica se intensificó cuando el asesor de la Casa Blanca, Elon Musk, calificó a la Seguridad Social como el “mayor esquema Ponzi de todos los tiempos.” Sin embargo, expertos en políticas han sido claros al señalar que el fraude en la Seguridad Social es mínimo. Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, una organización dedicada a proteger y expandir la Seguridad Social, comentó que “hay muy poco fraude.”

La percepción de que personas fallecidas reciben beneficios de la Seguridad Social ha permeado en la cultura popular, pero llevarlo a cabo sería extremadamente complicado.

Altman explica que, para cobrar beneficios de un familiar muerto, uno tendría que ocultar la muerte no solo de la SSA, sino del mundo entero, lo que es prácticamente imposible.

La administración actual ha buscado reducir costos dentro de la SSA, que representa aproximadamente una quinta parte del gasto total del gobierno. Sin embargo, los beneficios de la Seguridad Social están protegidos por la ley, y cualquier intento de reducirlos requeriría una acción del Congreso.

Expertos como Elaine Kamarck, del Brookings Institution, han señalado que, en lugar de tocar los beneficios, la administración está atacando la administración misma, eliminando personal y buscando recortes.

A pesar de que la SSA es uno de los programas más auditados en Estados Unidos, la administración de Trump despidió a varios inspectores generales de la agencia poco después de asumir el poder, lo que ha generado dudas sobre su compromiso real con la lucha contra el fraude.

Un análisis reciente indica que menos del 1% de los pagos realizados entre 2015 y 2022 fueron inapropiados, y la mayoría de estos fueron errores involuntarios.

En un giro irónico, la SSA ha anunciado que retendrá todos los pagos futuros a aquellos que hayan recibido sobrepagos, un movimiento que ha sido criticado por organizaciones que defienden los derechos de los beneficiarios.

Según un informe de KFF Health News, muchos de los beneficiarios dependen de estos pagos para sobrevivir, y medidas drásticas de recuperación pueden ser devastadoras para ellos.

Con el avance de estas políticas, el caos se ha apoderado de la administración de la Seguridad Social, con quejas de largas esperas y dificultades para acceder a la atención necesaria.

La AARP ha recibido numerosos informes de ciudadanos mayores que están confundidos y preocupados por el estado de sus beneficios.

El futuro de la Seguridad Social es incierto, y mientras la administración continúa buscando formas de recortar gastos, los ciudadanos esperan que sus voces sean escuchadas en un sistema que ha sido descrito como el “tercer riel” de la política estadounidense: un tema que no debe ser tocado sin consecuencias.