En los últimos años, la Administración de Biden ha implementado cambios significativos en las políticas relacionadas con los embargos en los beneficios de la Seguridad Social, con el objetivo de proteger a los beneficiarios de deducciones excesivas y garantizar una mayor equidad en el proceso.

Sin embargo, todavía existen procedimientos agresivos que afectan a más de un millón de personas en Estados Unidos, y muchos de estos procesos podrían tener un impacto financiero devastador.

Cada mes, millones de jubilados y personas con discapacidades reciben sus pagos de la Seguridad Social, que en 2025 alcanzaron un promedio de aproximadamente 1.850 euros (unos 2.000 dólares) por mes. Para la mayoría, estos fondos son esenciales para cubrir gastos básicos, desde alimentación hasta atención médica. La confianza en que sus pagos serán justos y estarán protegidos frente a deducciones injustificadas es fundamental para su bienestar.

No obstante, en 2022 y 2023, la Administración de Seguridad Social (SSA) reportó que más de 1.000.000 de beneficiarios habían recibido notificaciones de sobrepagos, lo que puede llevar a deducciones automáticas de hasta el 10% de sus beneficios, o en casos extremos, hasta el 50%.

Estos embargos ocurren generalmente por errores en los registros, como no informar cambios en los ingresos, o por sobrepagos derivados de errores administrativos.

Desde que Joe Biden asumió la presidencia en 2021, se han reducido las tasas de embargo en los pagos de la Seguridad Social, pasando del 100% bajo la administración de Obama y Trump, a solo un 10% en la actualidad.

Esta reducción ha brindado alivio a muchos beneficiarios que enfrentaban deducciones que podían llegar a destruir casi la mitad de sus ingresos mensuales.

Sin embargo, aún existen casos donde los beneficiarios enfrentan deducciones que superan el 50%, especialmente para aquellos que han recibido errores en los pagos o que no han actualizado su información a tiempo.

Uno de los aspectos más preocupantes es que estos embargos también afectan a personas con discapacidades que, en algunos casos, perciben ingresos por encima del límite permitido sin notificarlo a la SSA, lo que genera sobrepagos que luego deben ser recuperados.

La ley permite a los beneficiarios solicitar exenciones o reducir estos embargos mediante diferentes procedimientos.

Para quienes reciben un aviso de sobrepago, existe la opción de solicitar una exención mediante el formulario SSA-632BK, siempre que puedan demostrar que el sobrepago no fue culpa suya y que el reembolso generaría dificultades económicas.

Además, pueden presentar un recurso de reconsideración con el formulario SSA-561, si no están de acuerdo con la cantidad reclamada o consideran que el sobrepago fue incorrecto.

Otra alternativa es negociar un calendario de pagos distinto, solicitando la reducción del embargo a través del formulario SSA-634. Este proceso requiere que los beneficiarios presenten documentación que respalde su situación financiera, como facturas médicas, gastos de vivienda o instrucciones de ingreso.

Aunque la SSA suele recuperar el sobrepago en un plazo de 12 meses, en algunos casos puede extenderse hasta cinco años, permitiendo a los beneficiarios pagar en cuotas.

Es importante destacar que, históricamente, las políticas de embargos en la Seguridad Social han sido motivo de debate. En 2014, por ejemplo, la ley federal estableció límites estrictos para evitar que los embargos afectaran la subsistencia de los beneficiarios, pero aún así muchas personas enfrentan deducciones que amenazan su estabilidad económica.

En conclusión, si recibes una notificación de sobrepago o embargo en tus beneficios de la Seguridad Social, es fundamental que conozcas tus derechos y las opciones disponibles.

La ley te permite solicitar excepciones, apelar decisiones y negociar pagos para evitar una carga financiera excesiva. La administración Biden continúa trabajando en la protección de los derechos de los beneficiarios, pero la participación activa y el conocimiento de los procedimientos son clave para defender tus intereses y mantener la seguridad económica en la vejez o en caso de discapacidad.