El 3 de febrero de 2025, se anunció el desmantelamiento de una organización criminal en una operación coordinada entre la Agencia Tributaria y la Guardia Civil.

Esta red estaba involucrada en la importación, almacenamiento y distribución de productos y medicamentos estéticos ilegales, poniendo en peligro la salud pública.

La investigación, conocida como operación ‘Botul/Kalopsia’, se llevó a cabo en varias provincias españolas, incluyendo Alicante, Málaga, Madrid, Cádiz, Murcia, Córdoba y Sevilla.

A lo largo de la operación, se han detenido a cuatro personas y se ha investigado a otras 41, quienes podrían enfrentar hasta 53 cargos relacionados con delitos contra la salud pública, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal.

Algunos de los productos incautados procedían de Corea del Sur y eran comercializados sin la debida regulación ni controles de seguridad impuestos por las normas europeas y españolas.

Los responsables de esta red ilegal suministraban sustancias prohibidas a clínicas estéticas, tanto a establecimientos con licencia como a aquellos que operan clandestinamente, además de individuos que realizaban tratamientos de manera ilegal y sin la formación necesaria.

Esto plantea un riesgo considerable para la salud de los pacientes, quienes a menudo eran objetivos de estas prácticas fraudulentas.

Dentro de los productos confiscados hay que resaltar: 700 viales de toxina botulínica, 275 viales de hialuronidasa, más de 200 envases de lidocaína, así como más de un millar de jeringuillas precargadas de ácido hialurónico.

Todo esto sin la trazabilidad necesaria, lo que incrementa el riesgo de efectos adversos en quienes se sometieron a estos tratamientos sin la supervisión adecuada.

La investigación comenzó a tomar forma en 2023, cuando la Guardia Civil recopiló información acerca de la existencia de clínicas clandestinas que ofrecían tratamientos estéticos sin ningún tipo de regulación.

Además, ciertos tratamientos eran anunciados a través de plataformas de redes sociales por personas que carecían de la titulación necesaria para ejercer la medicina.

Este fenómeno ha crecido en los últimos años, ampliando los riesgos de salud asociados a procedimientos estéticos.

De manera paralela, el Servicio de Vigilancia Aduanera había intensificado sus operativos en el Aeropuerto de Sevilla, donde se habían interceptado numerosos envíos de medicamentos y productos sanitarios ilegales, que en muchos casos eran introducidos en el país mediante falsas declaraciones de contenido.

Esta forma de operar dificultaba la labor de las autoridades para detectar y prevenir la entrada de estos productos nocivos.

Apartándose del ámbito nacional, se detectaron envíos ilegales que llegaban también a Portugal, lo cual demuestra la envergadura de la operación y la complejidad de la red, la cual incluso había establecido una red financiera para ocultar los beneficios de sus actividades ilícitas.

La colaboración de diversas entidades fue crucial para el éxito de esta operación, incluyendo organismos públicos y privados que brindaron asesoramiento técnico y realizaron análisis de los productos involucrados.

A pesar de que la organización ha sido desarticulada, la investigación sigue abierta para identificar a posibles víctimas de estos tratamientos inseguros, en la búsqueda de justicia para aquellos que han sufrido consecuencias graves por la aplicación de estas sustancias ilegales.

La seguridad de los pacientes debe ser una prioridad, y operaciones como esta son esenciales para erradicar prácticas ilegales en el sector de la medicina estética.