En una entrevista reciente, el expresidente Donald Trump afirmó que las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) implantadas en los últimos años han perjudicado a las personas blancas.

Según su lectura, estas iniciativas buscan corregir desigualdades históricas, pero, en su opinión, han reducido oportunidades para los blancos. Esta afirmación ha reavivado un debate que ya agita a empresas, universidades y autoridades públicas.

Los fundamentos del argumento se apoyan en una lectura de la era de los derechos civiles: la Ley de Derechos Civiles de 1964, diseñada para eliminar la discriminación racial y ampliar el acceso a empleo y educación, buscó cambios estructurales que, para quienes adhieren a esta lectura, podrían haber limitado ciertas posiciones para blancos.

A pesar de que la intención era corregir desigualdades, la discusión actual la enmarca como una tensión entre méritos y preferencias por determinadas identidades.

supuestamente, la Corte Suprema ha facilitado que personas que se sientan discriminadas por motivos de raza o identidad presenten demandas en el ámbito laboral, con fallos que han sido interpretados por ciertos sectores como una expansión de la posibilidad de reclamar discriminación inversa.

En el plano económico, la financiación de DEI ha sido objeto de escrutinio. supuestamente, las inversiones en DEI por parte de universidades, agencias federales y grandes corporaciones ascienden a miles de millones de euros en los últimos años; en conjunto, estas cifras se estiman en decenas de miles de millones de euros cuando se suman diversas partidas de presupuesto y bonos vinculados a diversidad.

El relato político ha sido acompañado por promesas de recortar o modificar programas DEI, con un ojo en lo que algunos llaman la 'revolución DEI'.

presuntamente, existen planes para recortar o reorientar políticas y herramientas de diversidad, y para ello se citan propuestas como Project 2025, impulsadas por ciertos grupos que buscan un giro en la forma en que se ejecutan estas políticas.

En su primera etapa, algunas evaluaciones advierten que podría haber revisiones a normativas y contratos públicos que, según sus defensores, se habrían excedido en incentivos a la diversidad.

En el plano judicial, el debate sobre la discriminación inversa y el trato preferencial ha sido parte de una conversación más amplia que, según analistas, podría afectar la contratación, las promociones y la retención de talento en varios sectores.

supuestamente, si el marco legal se endurece para permitir litigios con mayor facilidad, las empresas podrían modificar sus políticas para evitar litigios y sanciones, lo cual, dicen expertos, podría tener efectos mixtos: avances en igualdad para grupos históricamente marginados, pero también tensiones en la paridad de oportunidades para otros colectivos.

Históricamente, la lucha por los derechos civiles ha reconfigurado el mundo laboral y educativo. Desde los años 60, cuando se eliminaron las leyes de segregación explícitas, hasta reformas de décadas siguientes, DEI ha estado en el centro de debates sobre méritos, compensación y transparencia.

En la actualidad, el tema no es ajeno a Europa, donde muchos países y empresas están reconfigurando políticas de diversidad en contextos regulados de manera distinta.

El resultado de este choque de ideas, según observadores, podría depender de la capacidad de las instituciones para comunicar beneficios tangibles de la diversidad sin perder de vista la excelencia operativa.

En cualquier caso, la conversación seguirá siendo central para entender cómo se distribuyen las oportunidades en el siglo XXI y qué significa para las personas blancas, para las minorías y para el conjunto de la economía.