El gobierno de Donald Trump anunció que va a revertir ciertas reglas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) relacionadas con los refrigerantes usados en supermercados, almacenes y en el transporte de mercancías.

En la práctica, se retrasan o se relajan los plazos para cambiar a sustancias menos dañinas para el clima. La Casa Blanca argumenta que así bajarán los costes operativos y, por tanto, el precio de la cesta de la compra.\n\nLas reglas afectadas corresponden a una norma de transición tecnológica de 2023 para los sistemas de refrigeración y a una norma de gestión de 2024 que regulaba las fugas en aparatos de refrigeración utilizados para transportar mercancías.

El gobierno sostiene que con estos cambios habrá más refrigerantes disponibles y, por tanto, menos costes para supermercados, distribuidores y usuarios, y afirman que también podría haber beneficios para los hogares.\n\nEl Ejecutivo ha dicho que los ahorros podrían sumar unos 900 millones de dólares, de los que unos 800 millones irían a reducir precios en la cesta de la compra.

Además, el gobierno señala que una segunda vía podría generar unos 1.500 millones en ahorro gracias a que los sistemas de refrigeración de camiones y otros equipos móviles quedarían exentos de ciertas obligaciones de control de fugas.\n\nEn el ámbito empresarial, Kroger, una de las mayores cadenas de supermercados, indicó que está “en medio” de un plan para trasladar parte de los recortes de costos al consumidor, pero no hay compromiso firme de pasar todos los ahorros a los precios.\n\nLos economistas consultados por distintos medios señalan que, aun si las empresas logran reducir costos, es poco probable que eso se traduzca en una bajada notable de precios a corto plazo.

Bernhard Dalheimer, profesor de macroeconomía y comercio en la Purdue University, recuerda que las reglas anteriores buscaban empujar una gran inversión para actualizar equipos de refrigeración, y que revertirlas ahora evita ese gasto inmediato, pero no reduce de golpe los costos que ya están incrustados en los precios de los alimentos.\n\nPor su parte, Joseph Balagtas, otro profesor de economía agrícola en Purdue, desglosa el posible ahorro incluso en el mejor de los escenarios. Tomando como base un ahorro anual de 48 millones de dólares por el aplazamiento, y repartido entre una población de unos 340 millones, el ahorro equivaldría a 14 centavos por persona al año o aproximadamente 56 centavos al año para una familia de cuatro.

“El mejor escenario es que este cambio regulatorio tenga un efecto apenas perceptible en la accesibilidad de los alimentos”, señalan.\n\nLa FMI, la asociación que representa a la industria alimentaria, también se pronunció, afirmando que las nuevas reglas podrían haber impedido subidas de precios y que, en conjunto, podrían haber impuesto costos de magnitud cercana a los cientos de miles de millones de dólares para empresas y consumidores.

En su versión, evitar estas cargas beneficia a los negocios y a los compradores.\n\nEn la práctica, los analistas advierten que el ahorro posible no garantiza una rebaja significativa en la cesta de la compra. Otros factores como la energía, el coste de la mano de obra, el transporte y las materias primas siguen curtiendo los precios hacia arriba.\n\nHistóricamente, el sector de la refrigeración ha pasado por cambios regulatorios que han obligado a invertir en equipos más eficientes, con costos iniciales altos, y algunas compañías han trasladado parte de esos costos a los precios finales.

La medida anunciada por Trump forma parte de una serie de reducciones de regulaciones ambientales que, desde su punto de vista, buscan dinamizar la economía; sus defensores sostienen que así se alivian cargas para negocios y hogares.\n\nEn definitiva, la promesa de una bajada sustancial en la cesta de la compra podría no materializarse a corto plazo, y lo único seguro es que el tablero regulatorio seguirá moviéndose, con el objetivo oficial de aliviar a empresas y consumidores, o al menos eso sostienen sus defensores.