En una decisión que podría redefinir el mapa de la recarga de autos eléctricos, la administración de la Casa Blanca ha propuesto recortar 943 millones de dólares destinados a la red de cargadores en cuatro estados considerados azules por su respaldo a la administración anterior.

Convertido a euros al tipo de cambio vigente, serían alrededor de 877 millones de euros. Presuntamente, la medida forma parte de una revisión de fondos de infraestructura y podría marcar un giro importante para los conductores de EV, especialmente en zonas con redes de carga menos densas.\n\nLos estados afectados son California, Colorado, Illinois y Minnesota, que en conjunto suman más de 14.000 puntos de recarga activos. Concretamente, California cuenta con 10.039 ubicaciones, Colorado 1.784, Illinois 1.332 y Minnesota 850, para un total de 14.005 puntos de carga. En el marco del recorte, se proponen reducciones específicas: California perdería 15 millones de dólares (≈ 13,95 millones de euros) para ampliar una red de carga más robusta en el área de la Bahía de San Francisco y 2 millones (≈ 1,86 millones de euros) para incorporar criterios de adaptación al cambio climático; Colorado vería una reducción de 4,9 millones (≈ 4,56 millones de euros) para instalar cargadores en vecindarios de ingresos bajos y medios; Illinois enfrentaría un recorte de 100 millones (≈ 93 millones de euros) para ampliar estaciones en comunidades consideradas elegibles para inversiones en equidad, y otros 3,6 millones (≈ 3,35 millones de euros) para apoyar un estudio sobre prácticas para traducir el examen de licencia de conducir a español; Minnesota recibiría una reducción de 15 millones (≈ 13,95 millones de euros) para desplegar cargadores en zonas prioritarias para ingresos bajos y comunidades de justicia ambiental.

Supuestamente, estos montos forman parte de una estrategia para “recuperar” fondos etiquetados como parte de lo que la administración llama fondos woke.\n\nHistóricamente, la financiación para cargadores surgió de la Ley de Infraestructura de 2021, que contemplaba 5.000 millones de dólares para ampliar la red de recarga y otros 2.500 millones de dólares en subvenciones competitivas para corredores y comunidades desatendidas. Se esperaba que esa inversión se mantuviera en vigor hasta 2026, año en el que la financiación comenzaría a agotarse. Presuntamente, la actual revisión busca ajustar prioridades ante cambios políticos y fiscales. Las disputas legales sobre estos fondos han estado presentes desde la primera mitad de la segunda administración de la era de Trump en 2025, y, según algunas versiones, un fallo judicial habría exigido avanzar con la asignación previamente aprobada por la ley.\n\n¿Qué impacto podría tener en los conductores de EV? Las preocupaciones sobre el alcance y la fiabilidad de la red de recarga han sido una constante para los posibles compradores desde hace años.

En un sondeo reciente de EVs for All America, una organización que colabora con fabricantes para cerrar acuerdos con legislaturas estatales, 20% de los 600 potenciales compradores citaron la mala disponibilidad de cargadores como su principal temor.

En la misma consulta, el 65% afirmó que preferiría cargar en casa durante 7 a 8 horas para lograr una carga completa, frente al 29% que optaría por una recarga de 30 minutos en un lugar público que alcance 80% de batería.

El recorte de fondos podría agravar esa situación si la red pierde impulso o demora nuevas estaciones, supuestamente dejándolo a merced de la voluntad de los estados para priorizar inversiones futuras.\n\nEn respuesta, la Casa Blanca sostiene que el recorte forma parte de una revisión presupuestaria que busca destinar recursos a otras áreas consideradas prioritarias.

No obstante, la decisión podría tensar las relaciones entre las administraciones estatales y federales y generar incertidumbre entre consumidores y operadores de infraestructuras de carga.

Algunos analistas señalan que, tal como están las cosas, la progresión hacia una red de recarga más amplia podría depender de futuras negociaciones legislativas y de un marco claro para fondos que tienen fecha de expiración prevista en 2026.

Supuestamente, el objetivo último sería optimizar el gasto público en un sector en pleno crecimiento pero que aún enfrenta desafíos de capacidad y equidad en el acceso.\n