Una propuesta que ha retomado el foco político quiere deshacer la estructura de poder de algunas grandes farmacéuticas y de las empresas que administran beneficios de medicación, conocidas como PBMs, por sus siglas en inglés.

En pocas palabras, se busca obligar a que ciertas compañías que venden seguros o gestionan descuentos de fármacos vendan o separen su negocio de farmacias para evitar que haya un único jugador con demasiado control.

Los defensores dicen que así habrá más competencia y menos margen para que esos intermediarios influyan en los precios de los medicamentos. Los críticos advierten que podría complicar la atención y dificultar el acceso a las medicinas, especialmente para quienes padecen condiciones crónicas o dependen de recetas estables.

Este debate llega en un momento en que muchos ciudadanos observan cómo suben las facturas médicas y cómo el sistema de salud se ve afectado por estructuras de mercado muy concentradas.

Para entender qué está en juego, hay que saber qué son exactamente los PBMs. Son empresas que, de forma intermediaria, negocian con laboratorios y con compañías de seguros para fijar precios, descuentos y reembolsos de medicamentos para aseguradoras y, a veces, para farmacias minoristas.

En la práctica, controlan una parte clave del sistema de suministro de fármacos, y esto ha llevado a que algunos críticos aseguren que ganan dinero gracias a una compleja cadena de pagos que a veces no se traduce en ahorros para el paciente.

En la década pasada, las grandes redes y aseguradoras adquirieron o se fusionaron con PBMs, lo que ha aumentado la concentración en estas áreas. Entre las empresas más visibles del sector se mencionan las grandes aseguradoras que también manejan PBMs y, por supuesto, las cadenas y grupos farmacéuticos que operan en múltiples ámbitos de la salud.

El proyecto de ley, denominado de forma orientativa como una versión de un programa más amplio para deshacer “monopolios de la medicina”, propone que las compañías que poseen tanto una farmacia como un PBM o un seguro tengan un plazo para vender su negocio de farmacia si no mantienen una separación clara entre ambas actividades.

En la versión inicial, ese periodo era de tres años; la propuesta actual reduce ese plazo a un año para acelerar el proceso. El objetivo explícito es reducir la influencia de potentes grupos que, según sus defensores, aprovechan la integración vertical para fijar precios y condiciones que terminan afectando a pacientes y pequeñas farmacias.

El impulso llega acompañando de un listado de respaldos en ambos lados del Congreso. Autoridades y legisladores de distintos colores destacan que la transparencia y la competencia podrían ayudar a bajar costos. Por el otro lado, defensores de las estructuras integradas advierten que una ruptura tan rápida podría desordenar el sistema, generar incertidumbre para pacientes con tratamientos complejos y, en algunos casos, poner en riesgo la existencia de farmacias independientes, especialmente en zonas donde la competencia es ya limitada.

En paralelo, hay quien recuerda que el costo de la atención sanitaria estadounidense viene de hace años de una acumulación de factores y que cambios rápidos podrían no resolver el problema subyacente de forma única.

El marco regulatorio de estos cambios también está en discusión. En años recientes, el Congreso aprobó medidas parciales para aumentar la transparencia de los PBMs, limitando ciertas prácticas de cobro y asegurando que, a partir de 2028, las compañías ya no puedan cobrar a través de fórmulas basadas en el precio de los fármacos de forma indirecta, sino que se utilice una pequeña comisión de servicio.

Este paso buscaba reducir incentivos que, según quienes lo piden, encarecen la medicación para algunos pacientes. La nueva propuesta de desmembrar operaciones se presenta como una pieza adicional de ese rompecabezas, con la idea de que, si las empresas no pueden combinar la distribución con la intermediación de precios, habrá más claridad y competencia en el mercado.

La conversación también toma nota de experiencias y señales de otros Estados. En Tennessee, por ejemplo, se ha discutido un proyecto similar que provocó advertencias de CVS Health, que dijo que podría cerrar un número considerable de farmacias si la ley entrara en vigor.

Aunque la mayoría de estas acciones no serían inmediatas, el horizonte de implementación podría dejar a clientes y comunidades dependientes de redes de farmacias que ahora podrían verse reducidas o reconfiguradas.

Los defensores señalan que estos movimientos demuestran la necesidad de reformas, mientras que los críticos sostienen que podrían traducirse en cierres y menor acceso en ciertas zonas.

Históricamente, la idea de separar o limitar la integración entre la distribución de medicamentos, las aseguradoras y los gestores de beneficios viene de décadas de debate sobre cómo reducir costes y mejorar la competencia.

En 2025, por ejemplo, un frente de actores estatales presionó a nivel federal para impedir que una misma empresa controlara de forma integrada varias piezas del negocio farmacéutico.

También ese año, Arkansas aprobó una norma para impedir que las empresas que poseen PBMs operen a la vez como farmacias minoristas, un indicio de que la Europa de la salud estadounidense se movía hacia una mayor separación de funciones, al menos en ciertos estados.

En cualquier caso, la historia reciente muestra que la reforma sanitaria se mueve por ritmos diferentes según el nivel de gobierno y la región. El Congreso y el Senado tendrán que conciliar intereses de consumidores, pequeñas farmacias y grandes actores del sector para intentar construir un marco que, dicen sus proponentes, despertar la competencia sin desatender el acceso a medicinas.

Para el ciudadano, la pregunta clave es si estas reformas traerán más claridad en la factura de medicamentos y menos sorpresas, o si, por el contrario, podrían generar cambios que dificulten la adquisición de fármacos cuando se necesiten.

La discusión está sobre la mesa y, como suele ocurrir, el resultado dependerá de detalles prácticos, del calendario de implementación y de la capacidad de las agencias para hacer cumplir las nuevas reglas sin afectar la atención de los pacientes.