Una noticia que marca un hito en la lucha contra la crisis de opioides en Estados Unidos: Purdue Pharma, la empresa detrás de OxyContin, cierra sus operaciones como parte de un acuerdo de 7,4 mil millones de dólares que además implica a la familia Sackler y la creación de una nueva entidad sin fines de lucro llamada Knoa Pharma.

Purdue se declaró en bancarrota en 2019 tras enfrentar miles de demandas de estados, víctimas y personas afectadas por la adicción. La estrategia legal buscaba cerrar años de litigios y, a la vez, evitar procesos penales contra la empresa y sus dueños. El plan, que por fin se materializa, prevé que Purdue deje de operar para dar paso a Knoa, una empresa pública beneficiaria que tendrá que repartir el dinero recaudado para combatir el daño causado por los opioides.

La primera entrega de ese gran trato se pagó el 1 de mayo: Purdue debe pagar alrededor de 900 millones de dólares y la familia Sackler, unos 1,5 mil millones.

En total, a lo largo de los años siguientes, los Sacklers tendrían que abonar aproximadamente 1,4 mil millones más, hasta 2029. Estas cifras reflejan el peso de décadas de litigios y la voluntad de muchos estados de cerrar filas para que haya una reparación y una reducción del daño.

Entre las garantías del acuerdo está la creación de Knoa Pharma, una corporación sin fines de lucro que buscará producir medicamentos, incluida la atención a las adicciones, pero con estrictos controles.

Knoa no podrá hacer lobby ni publicitar opioides y su excedente de ingresos deberá distribuirse a gobiernos estatales, locales e tribales para reforzar la prevención, el tratamiento y las medidas de abatement de la crisis.

La supervisión será estricta: un monitor independiente vigilará que Knoa cumpla sus compromisos y que no vuelva a convertirse en una máquina de lucro que priorice beneficios sobre la salud de las personas.

A nivel político, Letitia James, fiscal general de Nueva York, afirmó que la familia Sackler y la empresa abusaron de la confianza de millones de personas y que esa empresa que anteponía las ganancias a la vida de las personas ya no opera en este país.

El camino no ha sido sencillo. Purdue Pharma se declaró en bancarrota en 2019, y en 2024 la Suprema Corte de EE.UU. deshizo un acuerdo anterior, obligando a pagar miles de millones más en compensaciones. Entre tanto, el brote fue devastador: según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre 1999 y 2023 murieron aproximadamente 806.000 personas por sobredosis de opioides, una cifra que muestra el alcance de una crisis que tocó a comunidades y familias por todo el país.

El plan también repercute en estados concretos. Missouri, por ejemplo, recibirá más de 91 millones de dólares en los próximos 15 años. Las autoridades estatales destacan que estos fondos son cruciales para ampliar tratamientos y programas de prevención, algo que antes no estaba asegurado con un modelo puramente privado.

Además, el historial judicial dejó claro que Purdue recibió sanciones penales por encima de los 5.000 millones de dólares en un fallo de Nueva Jersey a finales de abril, un recordatorio de la gravedad de lo ocurrido.

En definitiva, el cierre de Purdue y la creación de Knoa buscan entregar un marco de responsabilidad, financiación y supervisión para tratar de reparar parte del daño causado por años de uso indebido y promoción agresiva de ciertos fármacos.

Se supera una era de litigios y se abre una vía de políticas públicas que, al menos en el papel, pone la salud de las personas en primer plano y exige transparencia para que la sociedad pueda avanzar.