29 fiscales generales de Estados Unidos acusan a Meta de diseñar Facebook e Instagram para generar dependencia entre niños y adolescentes. La empresa rechaza las acusaciones y defiende sus medidas de protección.

Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, se enfrenta desde este 18 de agosto a un juicio que podría tener consecuencias importantes para el funcionamiento de sus redes sociales.

El caso se celebra en California, estado donde tiene su sede la compañía, y gira en torno a las acusaciones de que sus plataformas fueron diseñadas para enganchar a niños y adolescentes, incluso aunque la empresa conociera los posibles daños.

La demanda está respaldada por 29 fiscales generales de Estados Unidos. Los representantes de California, Colorado, Nueva Jersey y Kentucky serán los encargados de defender las principales acusaciones durante un proceso que se prolongará varias semanas.

Según su versión, Meta habría priorizado los ingresos y el tiempo que los usuarios pasan conectados por encima de la salud y la seguridad de los menores.

Los fiscales sostienen que Facebook e Instagram fomentan comportamientos adictivos. A su juicio, el uso excesivo de estas aplicaciones puede afectar al sueño, distraer a los estudiantes durante las clases y empeorar problemas de salud mental.

También aseguran que algunos jóvenes llegaron a plantearse el suicidio por situaciones relacionadas con su actividad en las plataformas.

La demanda acusa a Meta de incumplir leyes federales y estatales. Entre ellas figura la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA, además de varias normas de protección de los consumidores.

Esta legislación establece obligaciones para las empresas tecnológicas cuando sus servicios pueden ser utilizados por menores.

La cantidad que podría estar en juego es extraordinaria. Algunos informes apuntan a que las posibles sanciones podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares, una cifra cercana a la valoración bursátil de Meta, estimada en unos 1,5 billones.

Sin embargo, los fiscales generales no han concretado oficialmente cuánto dinero reclaman. En una vista celebrada la semana pasada señalaron que la cantidad podría situarse más cerca de los 200.000 millones de dólares.

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, afirmó que los estados actuaron hace casi tres años porque consideraban que Meta estaba anteponiendo sus beneficios a la salud de los menores.

Los fiscales aseguran que la compañía sabía que sus productos podían perjudicar a los jóvenes, pero mantuvo prácticas destinadas a retenerlos durante más tiempo porque una mayor permanencia en la aplicación genera más ingresos publicitarios.

Meta rechaza estas acusaciones y considera que no están respaldadas por pruebas suficientes. La empresa afirma que entiende la preocupación de los padres y que está introduciendo cambios para ofrecer a los adolescentes una experiencia más segura.

Entre esas medidas se encuentran las llamadas cuentas para adolescentes, que incorporan restricciones automáticas para los menores de 16 años.

Estas cuentas limitan quién puede contactar con los jóvenes y qué contenidos pueden ver. Además, Meta utiliza sistemas de inteligencia artificial para identificar a usuarios que podrían ser menores y aplicarles esas protecciones aunque hayan declarado tener más edad.

La compañía reconoce, no obstante, que la tecnología cambia con rapidez y que deberá revisar y reforzar sus medidas de forma constante.

Está previsto que declaren durante el juicio Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram. La empresa también afronta un procedimiento separado en Tennessee por acusaciones similares relacionadas con los daños psicológicos que Instagram podría causar a los usuarios jóvenes.

Los analistas creen que Meta llega al proceso en una posición delicada. La compañía perdió recientemente un caso en Nuevo México, donde fue obligada a realizar cambios en sus servicios y a pagar cerca de 1.000 millones de dólares. El resultado de este nuevo juicio podría influir tanto en las futuras obligaciones de Meta como en la forma en que las autoridades estadounidenses supervisan a las grandes redes sociales.