Un juez de Nuevo México considera que Meta perjudicó la salud mental de los menores y le impone nuevas obligaciones durante cinco años.

Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, tendrá que pagar 567 millones de dólares y aplicar importantes cambios en el funcionamiento de sus plataformas para los menores de edad en Nuevo México.

La decisión llega después de que un juez estatal concluyera que la compañía contribuyó a perjudicar el bienestar de los niños y adolescentes y que sus servicios podían considerarse una molestia pública.

El fallo fue dictado por Bryan Biedscheid, juez de un tribunal estatal de Santa Fe, tras una demanda presentada por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez.

El fiscal acusó a Meta de diseñar sus productos para fomentar un uso excesivo y de no proteger adecuadamente a los menores frente a situaciones como la explotación sexual.

El dinero deberá destinarse a un fondo dedicado a la salud mental de los adolescentes. Además, la resolución obliga a Meta a introducir medidas de seguridad durante cinco años. Entre ellas figura el establecimiento de límites mensuales para el tiempo que los adolescentes pueden utilizar Facebook e Instagram, así como restricciones sobre las notificaciones que reciben.

La empresa también tendrá que reforzar los controles sobre el contacto entre adultos y menores. El juez ordenó igualmente que se incorporen más garantías en los chatbots de inteligencia artificial de Meta, con el objetivo de impedir conversaciones románticas o sexualizadas entre esos sistemas y niños.

También se exige una revisión más rigurosa de las denuncias relacionadas con material de abuso sexual infantil.

Esta no es la primera sanción importante dentro del mismo caso. Cinco meses antes, un jurado de Nuevo México había ordenado a Meta pagar 375 millones de dólares. En aquella primera fase, los miembros del jurado consideraron que la compañía había incumplido las normas de protección de los consumidores al transmitir una imagen engañosa sobre la seguridad de Facebook e Instagram para los usuarios jóvenes.

La segunda vista se centró exclusivamente en la figura legal de la molestia pública. Tradicionalmente, este concepto se ha utilizado en Estados Unidos para perseguir conductas que ponen en riesgo la salud o la seguridad colectivas, como bloquear carreteras o contaminar el agua.

En los últimos años, distintos gobiernos también han recurrido a esta vía en casos relacionados con el tabaco, los opioides, el cambio climático, los cigarrillos electrónicos y la inteligencia artificial.

Biedscheid sostuvo que los efectos perjudiciales de las plataformas no quedan limitados a internet. Según su razonamiento, pueden trasladarse a la vida real y generar una carga para los propios menores, sus familias, los colegios, los hospitales y las fuerzas de seguridad.

Meta rechaza esa interpretación y ha anunciado que recurrirá la decisión. La compañía asegura que trabaja para detectar y retirar contenidos dañinos y sostiene que el fallo presenta de forma incorrecta sus esfuerzos para proteger a los adolescentes.

Durante el juicio, Meta también argumentó que la demanda no debía prosperar porque sus servicios no eran la única vía utilizada por los jóvenes del estado.

Además, afirmó que algunas de las medidas solicitadas eran técnicamente inviables y que podían obligarla a abandonar Nuevo México.

La empresa invocó asimismo la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una norma federal que, en términos generales, protege a las plataformas frente a la responsabilidad por los contenidos publicados por sus usuarios.

El juez rechazó esta defensa porque consideró que el estado no estaba responsabilizando a Meta por ser la editora de esos contenidos, sino por las características y el diseño de sus propias plataformas.

No obstante, el magistrado tampoco aceptó todas las exigencias de Nuevo México. Rechazó imponer determinados cambios sobre los algoritmos, el desplazamiento infinito y la reproducción automática, al considerar que podían afectar a los derechos constitucionales de la empresa, perjudicar su posición competitiva o entrar en conflicto con la legislación federal.

El caso tiene una importancia que va más allá de Nuevo México. Más de 40 estados y más de 1.300 distritos escolares han presentado demandas similares contra empresas de redes sociales. Muchas de esas acciones buscan tanto compensaciones económicas como cambios generales en el funcionamiento de estos servicios.

Meta afronta además otros procedimientos judiciales en Estados Unidos. La próxima semana está previsto un juicio federal en California por una demanda presentada por 29 estados, que acusa a la compañía de diseñar Facebook e Instagram para crear dependencia entre los menores y de ocultar información sobre sus riesgos.

La empresa también se defiende en otro proceso iniciado por Tennessee. Meta ha advertido a sus inversores de que las consecuencias legales y regulatorias sobre el uso juvenil de las redes sociales podrían afectar de forma importante a sus resultados.