Un análisis detallado revela cuáles son los mejores y peores estados para la comunidad LGBTQ+ en EE.UU., considerando políticas, actitudes sociales y derechos civiles, con un enfoque en cómo la política partidista influye en su bienestar.
La seguridad y el bienestar de las personas LGBTQ+ en Estados Unidos varían considerablemente según el estado donde residan. Durante años, la comunidad ha enfrentado desafíos crecientes en algunos lugares, mientras que en otros ha logrado avances significativos en derechos y protección contra la discriminación.
La influencia de las políticas estatales, las actitudes sociales y el clima político general juegan un papel crucial en determinar qué lugares son considerados los más seguros para esta comunidad.
Históricamente, algunos estados del noreste y la costa oeste han sido pioneros en la promoción de derechos LGBTQ+. Por ejemplo, Massachusetts, con la elección de la primera gobernadora abiertamente lesbiana, Maura Healey, y Nueva York, que ha garantizado el acceso a cuidados de afirmación de género y protección para refugiados LGBTQ+, lideran el ranking de estados más inclusivos.
Estas jurisdicciones han implementado leyes antidiscriminatorias, protecciones laborales y políticas públicas que fomentan la igualdad.
Conversamente, muchos estados en la región sur y en las partes del centro del país continúan enfrentando obstáculos. Arkansas, por ejemplo, se ubica en la última posición del Índice de Clima Empresarial LGBTQ+ de Out Leadership, debido a leyes que limitan la protección y los derechos de la comunidad.
Otros estados como Alabama, Louisiana y Dakota del Sur, también reciben puntajes bajos, reflejando un entorno menos acogedor y más hostil.
El índice, que se publica anualmente desde hace siete años, mide la aceptación social, las leyes y políticas públicas, el acceso a atención sanitaria y las actitudes políticas y religiosas.
En 2025, los estados del noreste y la costa oeste dominan los primeros lugares, mientras que los del sur y el medio oeste ocupan los últimos puestos. La tendencia ha sido que los estados gobernados por democratas tienden a ofrecer mejores protecciones y un clima más seguro, en contraste con los estados liderados por republicanos, donde proliferan las legislaciones restrictivas y los discursos anti-LGBTQ+.
La polarización política ha llevado a un aumento en las leyes que limitan los derechos de las personas transgénero, como la prohibición de participar en deportes femeninos o la restricción del acceso a tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género.
La administración anterior de Donald Trump impulsó varias órdenes ejecutivas que restringían derechos, como la prohibición de que las personas trans sirvan en las fuerzas armadas y la negación de fondos federales para atención de afirmación de género.
Estas políticas han provocado un aumento en la migración interna y la búsqueda de refugio en estados más progresistas. Organizaciones como Rainbow Railroad han reportado un incremento en solicitudes de ayuda para la reubicación internacional, aunque las restricciones migratorias dificultan la asistencia en estos momentos.
Además, en Estados Unidos, muchas personas trans y queer consideran mudarse a estados considerados “santuarios” por su protección legal y social.
El temor y la inseguridad han llevado a que casi la mitad de las personas transgénero en el país hayan abandonado comunidades donde no se sienten seguras, según una encuesta del Instituto Williams de UCLA.
La principal motivación para mudarse es la protección de sus derechos y la seguridad personal, con un 76% preocupado por los avances y retrocesos en sus derechos.
En conclusión, el clima para las personas LGBTQ+ en Estados Unidos sigue siendo altamente variable y polarizado. La historia del país muestra avances notables en derechos civiles en ciertos estados, pero también una resistencia significativa en otros. La comunidad y las organizaciones activistas continúan luchando por un entorno más inclusivo y seguro, mientras las políticas nacionales e internacionales siguen influyendo en sus vidas diarias.
La elección de dónde vivir y trabajar se ha convertido en una decisión vital, que puede marcar la diferencia entre la seguridad y la vulnerabilidad para millones de personas en todo el país.